La semana pasada, en el marco del día internacional de la paz, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que se aprobó el Plan Nacional de Desarme para civiles y destinó 300 millones de bolívares para su puesta en marcha.
Hace un año, en septiembre de 2013, el presidente Maduro igualmente anunció la aprobación de la Ley de Desarme. En ambos casos, los anuncio de la Ley y del plan, han sido presentados como parte de una política para responder a la violencia y búsqueda de la paz.
No se puede negar que el anuncio de ambas iniciativas responden a la necesidad de tomar medidas ante la grave situación de violencia.
Sin embargo, como hace un año, las condiciones que hicieron de la Ley de Desarme un saludo a la bandera, se repiten hoy.
La primera es la gran contradicción entre ese discurso de paz y el discurso de uso de la violencia para la defensa de la revolución, con armas en manos de los civiles en los “Colectivos”. Durante este último año el gobierno repitió varias veces sus llamados al “pueblo en armas” en los momentos de tensión sociopolítica.
La segunda condición que persiste, es la incertidumbre acerca de cuántas armas circulan en el país, No se sabe cuántas armas legales e ilegales hay en el país, ni cuántas ha entregado el gobierno a los Colectivos, si es que las ha entregado. También persiste la incertidumbre de cómo se llevarán a cabo los procesos de desarme, qué instituciones tendrán a su cargo las labores de desarme y los detalles de qué se hará con las armas.
La más importante de las condiciones que hace del plan y la Ley de desarme un saludo a la bandera es la falta de garantías institucionales y de seguridad para los ciudadanos. La desconfianza en las instituciones de justicia y en las entidades de seguridad obstaculizan la posibilidad de que una sociedad se desarme y confíe su seguridad al Estado. El principal indicador que demuestra esta falta de garantías es el nivel de impunidad que existe en el país, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia por cada cien homicidios existen en promedio 8 o 9 detenciones.
Más grave es que a diferencia de hace una año, las condiciones sociales se han empeorado, acentuándose las problemáticas sociales y agravándose la polarización: la posición de la sociedad se ha radicalizado por el clima de insatisfacción, que a su vez ha golpeado fuertemente la imagen y la aceptación del gobierno.
Paradójicamente, la mayor polarización hace que el plan sea más necesario, en cuanto los riesgos de enfrentamientos sociales son mayores y pueden tener consecuencias graves en presencia de sectores de la sociedad civil fuertemente armados. El deterioro de la aceptación del gobierno empeora las ya pobres garantías de seguridad que ofrece el gobierno, en cuanto la desconfianza de la sociedad hace que la capacidad de protección disminuya.
Teniendo en cuenta este panorama, ¿Será que se quiere realmente el desarme o es un mecanismo para mejorar la imagen del gobierno?
