“El que peca y reza empata”: Ley de desarme en Venezuela

Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina. Esta violencia está fuertemente relacionada con el uso de armas de fuego:  según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 77% 1 de los homicidios que se cometen en el país se realizan con armas de fuego.

A esta problemática se le suma la incertidumbre con respecto a la  cantidad de armas que circulan: las cifras oficiales tanto de armas legales como de armas ilegales se desconocen y las cifras extraoficiales de armas ilegales circulando país oscilan entre 5 y 6 millones.

Frente a esta grave situación de inseguridad, el gobierno venezolano ha buscado implementar distintas soluciones. Una de ellas es la aprobación de la más reciente Ley de Desarme.Esta estrategia busca la disminución de la violencia armada a través de regulaciones, controles y sanciones más estrictas a la tenencia, el porte y el uso de armas de fuego.

A pesar del efecto esperado en la reducción de la violencia armada, hay factores contextuales que son potenciales obstáculos para el cumplimiento de este objetivo. Estos factores contextuales se podrían dividir en las siguientes categorías:

-Enaltecimiento de la violencia:

El principal mecanismo que se ha implementado para el mantenimiento de la ideología del gobierno venezolano ha sido la “alianza cívico-militar” materializada en la creación de milicias informales para la defensa de “la revolución”, lo que el expresidente Chávez denominaba “El pueblo en armas”. El comportamiento permisivo y no restrictivo por parte del gobierno permitió que la sociedad civil pudiera acceder con mayor facilidad a las armas. En los sectores populares esto contribuyó a la formación de colectivos armados, que hoy en día se encuentran involucrados en actividades ilícitas que van más allá de proveer seguridad y servir de apoyo al movimiento político.

El discurso oficial legitimó distintas formas de violencia y, si bien en la actualidad el gobierno está poniendo en marcha estrategias para la prevención y la reducción de la violencia, estas no son claras y se contradicen. Un ejemplo de esto son las acciones del presidente Nicolás Maduro al aprobar, por un lado, la ley de desarme, mientras que por el otro, solicitaba la creación de milicias obreras.

-Choque de intereses:

Los intereses de diferentes sectores se contraponen cuando se trata el tema del control, adquisición y uso de las armas. La Fuerza Armada es uno de los sectores más importantes, siendo el que concentra el monopolio de armas. La amenaza que representan los colectivos armados en posibles enfrentamientos, las posiciona como uno de los principales actores interesados en el desarme. No obstante, se genera un efecto perverso, en cuanto si bien hay intereses en el desarme, se hace evidente que el control que estas tienen es en parte utilizado para nutrir un mercado ilegal de armas. El caso más ilustrativo de esto es lo que ocurre con las municiones, según estudios realizados por Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en 2011, el 80% de las municiones utilizadas en crímenes provenían de la industria nacional CAVIM (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares). Según análisis de expertos esta tendencia se mantiene.

Otro sector que tiene intereses en esta materia sería el oficialismo, quienes en los últimos años han tolerado la existencia de milicias armadas a través de instituciones permisivas y escasos controles. Sin embargo, al mismo tiempo tienen intereses en que el gobierno sea eficiente para disminuir los índices de criminalidad e inseguridad. Finalmente el sector opositor y el sector privado, que si bien buscan garantizar su seguridad y disminuir la amenaza que la circulación de armas representa, se encuentran debilitados al momento de poder tomar decisiones frente al tema.

-Faltas de garantías de seguridad:

La confianza de la sociedad civil en los órganos de seguridad del Estado es un elemento necesario para poder realizar el desarme. En la sociedad venezolana la disposición para confiar en órganos de seguridad es muy débil. Según cifras del OVV el 39% de la población califica como mala la actuación de la Policía. Igualmente las cifras de impunidad no contribuyen a incrementar la confianza, ya que el 90% de los homicidios cometidos en Venezuela quedan sin respuesta por parte del órgano judicial.

La debilidad institucional evidenciada en la impunidad, la aplicación efectiva de las normas y órganos del Estado permisivas de acuerdo a los intereses de un sector y en general la desconfianza de la sociedad, han llevado a que se busque la provisión de seguridad por medios propios.

Para poder suplir esta necesidad de seguridad una de las situaciones que se hace frecuente es el recurrir a la tenencia de armas de fuego. Según el Observatorio el 30% de las personas tendrían un arma de fuego si pudieran, ya que lo consideran necesario para poder garantizar su seguridad.

Una Ley no es suficiente

Frente a estos problemas contextuales se podría concluir que el problema de la circulación de armas no pasa por la aprobación de una ley que regule sobre el tema. El obstáculo que se hace más evidente es la falta de voluntad tanto política y social para que esto suceda. La implementación de ley podría conllevar a efectos positivos, sólo si en efecto logra ser aplicada correctamente.

Los principales controles que esta propone están en manos de las Fuerzas Armadas, pero como se señaló anteriormente la centralización del poder en este órgano podría funcionar para seguir promoviendo la corrupción, ya que no existe ningún otro organismo que funcione como un contrapoder o que las supervise.

Las preguntas que surgen ante este contexto se centran principalmente en: ¿se quiere realmente el desarme o es un mecanismo para mejorar la imagen del gobierno? Ante esto ¿qué sucederá con la creación de grupos y bandas armadas que se escudan en los ideales políticos?, ¿tendrán privilegios para poder mantenerse armadas?, ¿cómo se reforzará a los órganos estatales de seguridad para que puedan disolver estos grupos o desarmarlos? ¿Habrá entidades encargadas de supervisar las labores de control de la tenencia y el porte de las Fuerzas militares?

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1 Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia fueron tomados del Informe para el 2012.  Briceño-León, R., Ávila, O., & Camardiel, A. (2012). Violencia e Institucionalidad. Informe del Observatorio Venezolano de Violencia 2012. Caracas: Alfa.

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