Las cifras prueban que los dos últimos meses han sido los menos violentos en los pasados treinta años del conflicto armado. Es hora de prepararnos en serio para evitar la transformación de la violencia que suelen conllevar los posconflictos.
¿Y el des-escalamiento?
Esta semana asistimos a dos hechos históricos en relación con la paz: el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo en materia de justicia transicional, y se fijó un plazo (de seis meses) para concluir las negociaciones.
Pero el comunicado conjunto no dijo nada sobre sobre si se mantendría el des-escalamiento, ni incluyó palabra alguna sobre el cese al fuego bilateral, que habían sido las prioridades en el comunicado del pasado mes de julio, cuando el proceso atravesaba quizá la peor de sus crisis.
Aunque el acuerdo de justicia transicional implica avances sustantivos en la negociación, aún falta por acordar los mecanismos sostenibles y ordenados para ponerle fin a las acciones armadas. Esto resulta paradójico porque el des-escalamiento recíproco fue lo que en efecto permitió que se avanzara en la negociación sobre justicia transicional.
La guerra se ha detenido
Pese a la falta de un acuerdo sobre el cese bilateral al fuego, el componente militar del conflicto con las FARC se detuvo, y desde 1984 no se había dado un cese de la confrontación tan efectivo.
Durante las últimas diez semanas no se ha presentado ni una acción militar ofensiva importante de la Fuerza Pública contra las FARC, ni de éstas contra la Fuerza Pública o la población civil. Al mismo tiempo, en estas diez semanas se redujo la violencia del crimen organizado.
El ELN siguió actuando, pero solo en Arauca y Norte de Santander, donde su disidencia más importante parece desafiar a su comando central. Durante estos dos meses se registraron 23 acciones del ELN, para un aumento del 39 por ciento frente al promedio mensual de esta organización, contando a partir del comienzo del proceso de La Habana (15 acciones). De estas 23 acciones, el 65 por ciento se ha producido en esos dos departamentos.
La reducción radical de todas las violencias encuentra su explicación más probable en el impacto positivo de las medidas negociadas de des-escalamiento recíproco que acordaron las FARC y el gobierno nacional.
No solo la Fuerza Pública ha podido actuar con menos temor a un ataque de las FARC, sino que han podido reorientar algunos de sus recursos hacia operaciones contra el ELN y grupos del crimen organizado como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el llamado Clan Úsuga.
Estas medidas bilaterales han sido mucho más efectivas que la tregua unilateral por parte de las FARC, que si bien redujo la violencia, se deterioró rápidamente y desembocó en la crisis más seria del proceso de La Habana. Lo cual demuestra que, para detener la violencia de un conflicto armado, los gestos de construcción de confianza de una de las partes no funcionan tan bien como los acuerdos bilaterales.
Las cuentas de la paz
La Fuerza Pública no solo ha cumplido su compromiso de no adelantar “operaciones militares con el uso de bombardeos aéreos” contra de las FARC, sino que ha reducido sustancialmente sus operaciones ofensivas contra esa guerrilla, manteniendo solo operaciones de control de área, protección de sitios e infraestructura estratégica.
Si bien las FARC han denunciado cuatro operaciones de la Fuerza Pública contra sus unidades guerrilleras (dos bombardeos y dos sobrevuelos), ninguna fuente consultada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) ha corroborado estas denuncias.
Este completo cumplimiento contrasta con las tres violaciones por parte de las FARC que el CERAC registró durante las primeras cuatro semanas del cese, y con los tres probables eventos violatorios que esperan la verificación judicial.
Las FARC reconocieron una de estas violaciones, lo cual demuestra la importancia del seguimiento cercano de los actos de violencia guerrillera para llamarles a cuenta por sus compromisos incumplidos. La transición requerirá múltiples miradas vigilantes sobre las acciones de las FARC -y sobre la violencia en contra de los desmovilizados-.
Aun así, las FARC violaron el cese en menos ocasiones que en anteriores ceses unilaterales: frente a los promedios mensuales en períodos anteriores de cese unilateral, se registró una reducción del 81 por ciento en las acciones ofensivas de esta guerrilla y un 50 por ciento de los combates con participación del grupo guerrillero.
Desde el inicio del proceso de paz (18 de octubre de 2012) solo enero de 2015 no se registraron acciones violentas de las FARC. El promedio mensual de acciones de violencia política de este período (17) significa una reducción del 73 por ciento en comparación con el promedio mensual desde 2010 (23).
Los acuerdos de des-escalamiento recíproco no dicen nada acerca de evitar las acciones defensivas. Y esta omisión ha llevado a que los combates se sigan presentando, pero en menor número y con menos víctimas.
Durante estos dos meses se registraron ocho combates entre las FARC y la Fuerza Pública, en los cuales murieron tres integrantes del Ejército y ocho guerrilleros; además resultaron heridos un soldado del Ejército y tres guerrilleros.
Este nivel de confrontación supone un descenso del 60 por ciento frente al promedio mensual de combates durante todos los períodos cuando las FARC realizaron ceses unilaterales del fuego, y del 83 por ciento frente a períodos fuera del cese.
No se cuenta con información acerca de si la iniciativa en estos combates fue de las FARC o de la Fuerza Pública, lo cual hace pensar que se trató más de encuentros fortuitos que de operaciones planeadas de antemano.
Además, en el periodo de análisis se registraron tres accidentes con minas antipersonales, en zonas de influencia de las FARC en Cauca, Caquetá y Bolívar.
Todo esto lleva a pensar que ya estamos en la transición. La reducción de la violencia en Colombia no vendrá al otro día de la firma del acuerdo final con las FARC: Ya comenzó con el exitoso proceso de des-escalamiento bilateral.
La arriesgada apuesta de Santos por este cese bilateral virtual acabó siendo una demostración de su autoridad presidencial, y además su gasto más grande de capital político. Y le resultó bien, porque fue una prueba definitiva de la voluntad de las FARC para poner fin al conflicto: si esta guerrilla no cumplía, se rompía la negociación. Sin ases cubiertos, Santos derrotó limpiamente a las FARC con un case elevado en la partida.
Los riesgos de la transición
La transición en Colombia no será limpia. Después de todo, se trata de un conflicto complejo y degradado, pese a la creciente cohesión y a la mayor capacidad de comando y control por parte del Secretariado de las FARC.
El ELN se han valido del pacto de no agresión con las FARC y del proceso de paz para expandirse e intensificar sus acciones. Parece que el ELN estuviese apostándole a ser la guerrilla radical y extremista del futuro, antes que a unirse al proceso de negociación.
Además del ELN y los grupos del crimen organizado por fuera del conflicto, están las víctimas que siguen y seguirán dejando las minas antipersonales, los artefactos explosivos improvisados y las municiones sin explotar a lo largo y lo ancho del territorio.
Las columnas móviles (28 en total), unas más activas que otras, y los grupos de milicianos, representan también amenazas para una culminación exitosa de la negociación.
Las columnas móviles son grupos diseñados para tener autonomía operativa, movilidad y para actuar sin el control de la jerarquía de las FARC. La gran mayoría de las violaciones durante todos los ceses unilaterales autoimpuestos de las FARC ocurrieron por acciones de esas columnas. Por eso, una absorción de las columnas por parte de los frentes sería una contribución temprana de las FARC a la culminación rápida del conflicto.
Milicianos y milicianas, por su parte, también deben ser objeto de un proceso temprano de desmovilización, desarme y reincorporación. Es aquí donde las FARC son más vulnerables a la transformación de la violencia en el posconflicto, ese proceso donde organizaciones del crimen utilizan las armas, los combatientes y las prácticas violentas propias de una guerra civil para seguir acumulando rentas.
Esta cara negativa del posconflicto seguirá siendo la bandera de la oposición contra el proceso de paz. Y con razón, porque es allí donde se pueden alimentar fácilmente los temores para socavar el apoyo al proceso de paz.
Un posconflicto benévolo requiere además, de una reforma del sector de seguridad para eliminar la mayor vulnerabilidad que existe hoy en Colombia. En efecto, la principal amenaza no serán los conflictos por la tierra ni las llamadas “condiciones objetivas” de la violencia. Tampoco serán las columnas no los milicianos de las FASR, pues sobre ambos existe una amplia experiencia institucional.
La principal amenaza proviene, paradójicamente, del mismo Estado, y es la carencia casi absoluta de una justicia criminal efectiva, que proteja, resuelva y disuada a los criminales.
La mejor medida del éxito y el más inmediato resultado de la negociación es la reducción de la violencia. Eso, más el acuerdo comprehensivo, ya comenzamos a obtenerlo. Lo que falta es cerrarle la puerta a la transformación de la violencia. Y eso no lo hemos visto.
Publicado en Razón Pública, el 28 de septiembre de 2015
