Violencia política en Colombia: creciente y cada vez más selectiva

La violencia de carácter político que no se explica directamente por el conflicto armado interno se deterioró de forma grave en 2015:

  • Los asesinatos de líderes sociales, militantes de partidos políticos, y sindicalistas aumentaron un 35% en 2015 frente al 2014.
  • Pese a que las amenazas cayeron en el 2015 frente al 2014, el número de personas heridas aumentó levemente.
  • La violencia política es una de las amenazas más serias para la seguridad y se presenta a pesar de la caída en la intensidad del conflicto armado interno: La disminución de las acciones armadas de las FARC no ha impactado positivamente esta forma de violencia.
  • La violencia política de este año se caracteriza por tener una muy débil relación con el conflicto armado.
  • la violencia política relacionada con las elecciones de este año también se caracteriza porque no está dirigida exclusivamente contra candidatos y sectores de la oposición. De las 36 víctimas que reportan pertenencia a un partido político, 19 hacen parte de partidos y movimientos de oposición: 4 del Centro Democrático; 3, Alianza Verde; 3, Polo; 3, Marcha Patriótica; 3, Unión Patriótica; 2, Partido Comunista; y 1, MAIS. 13 víctimas hacen parte de partidos de la Unidad Nacional y la coalición de gobierno: 7 del Partido Liberal; 4, La U; y 2, Cambio Radical. 4 víctimas corresponden a militantes del Partido Conservador.
  • En un escenario de posconflicto, la violencia política aparece como un obstáculo directo a la construcción de paz en territorios fuertemente afectados por el conflicto.

2015: un año con registro negativo en materia de violencia política

Luego de una mejora temporal en las condiciones de seguridad asociadas a la violencia política en el 2014, el número de muertes aumentó durante el año 2015: pasó de 78 a 105 casos, un incremento del 35%.

 

Víctimas Violencia Política

Por su pertenencia a organizaciones de las víctimas, el peor deterioro porcentual en la violencia letal se registró entre sindicalistas, con un aumento de más del doble en los casos -2 a 7. Este gran aumento revierte una tendencia positiva que se había presentado en los últimos años, en los que las labores de protección y la judicialización de casos de violencia política contra sindicalistas pudo haber funcionado para reducir esta violencia. El número de muertes de sindicalistas sigue siendo muy inferior, en todo caso, a los de los de la etapa de recrudecimiento del conflicto en los años 90.

Los militantes de partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular asesinados presentaron un incremento de 66%, pasando de 15 a 25 casos, y los casos de funcionarios públicos, profesores y periodistas aumentaron un 31% de 29 a 38 casos.

Caen las amenazas

Este aumento en la violencia letal contrasta marcadamente con la caída en las amenazas. Es probable que la falta de judicialización efectiva de casos de amenazas haya incidido en que algunas de tales amenazas se concretaran en casos de violencia directa contra las personas, pues también aumentó el número de heridos en atentados.

La excepción en esta tendencia decreciente fueron las amenazas contra líderes de organizaciones sindicale que también aumentaron, al pasar de 15 a 36 líderes amenazados. Como en la violencia letal, la amenaza contra el sindicalismo regresó después de algunos años de menor incidencia. El principal avance se registró entre líderes sociales; en este grupo las amenazas se redujeron en más de la mitad.
La violencia política en esta década: un fenómeno persistente y obstinado

Lo sucedido el año pasado no es una excepción, la violencia política a lo largo de esta década se ha deteriorado con la excepción de lo ocurrido en el año 2014. Desde 2013 de hecho, se observó un fuerte incremento en el total de víctimas de esta violencia en comparación con los niveles de 2010 a 2012. En el 2013, esta cifra prácticamente se duplicó, jalonada por un aumento significativo en las amenazas relacionadas al ejercicio del rol político de las víctimas.

La violencia política en estos últimos años se ha concentrado territorialmente; son departamentos de alto riesgo para el ejercicio del poder político Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Bogotá, Cauca y Córdoba. En Atlántico, Tolima y Santander -en orden de gravedad-, se registró un deterioro en el “perfil de riesgo” de líderes sociales, militantes políticos, sindicalistas, entre otros grupos vulnerables durante los últimos tres años.

 

¿Qué entendemos por violencia política?

CERAC ha venido midiendo la violencia política desde 2009. Incluimos dentro de esta medición todos aquellos casos en los que se busca causar un daño intencional a una persona, con el objetivo de influir en la construcción de poder al interior de la sociedad. Es decir, es todo daño intencional causado contra personas, grupos o comunidades que tiene como objetivo afectar las preferencias políticas o la toma de decisiones colectivas.

Protección limitada

La creación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 2011 significó la creación de la capacidad estatal para la contención de la violencia política, al unificar los programas de protección del Estado y delimitar una política nacional en esta materia.

Esto se tradujo en una mejor respuesta inmediata a casos de riesgo extremo y en una mayor oferta de protección, lo que permitió la disminución de las muertes por violencia política (hasta el 2015), el principal logro de este programa.

Sin embargo, el Estado aún no ha logrado ser efectivo en la lucha contra la violencia política, en parte, por la casi total ausencia de judicialización, así como por la carencia de de mecanismos de prevención judicial, lo que ha llevado a que la acción de la UNP esté limitada a un enfoque reactivo.

Un campanazo de alerta para el posconflicto

La violencia política del último año se ha caracterizado por tres aspectos. Primero, por la emergencia de nuevos riesgos para poblaciones vulnerables de áreas urbanas, como la comunidad LGTBI y por la persistencia del riesgo para poblaciones rurales tradicionalmente victimizadas: comunidades negras y pueblos indígenas.

Los registros de CERAC coinciden con los de otras organizaciones en señalar esta característica de la violencia política. Según el Programa Somos Defensores (PSD), el 15% del total (9 de 63) de defensores de derechos humanos asesinados el año pasado correspondía a líderes LGTBI en Colombia. Los activistas de derechos de esta minoría enfrentan un mayor riesgo en la región Caribe colombiana; Atlántico, Sucre, Valledupar y Magdalena.

En cuanto a pueblos indígenas, según el PSD, en el 2015 las muertes de líderes indígenas superaron con creces las del resto de poblaciones vulnerables que defienden los derechos humanos en el país: correspondían al 20% del total. Tal persistencia de la violencia contra líderes indígenas ha sido también registrada por la ONIC y por CERAC. Los líderes e integrantes de organizaciones indígenas afrontan mayores riesgos de violencia en el norte del Cauca y el sur del Valle, Caldas, Risaralda y Nariño, debido a la presencia de grupos armados y criminales que explotan rentas de la minería ilegal y el narcotráfico en sus territorios colectivos. Cauca es, quizá, el departamento más peligroso para ser líder indígena; 6 líderes fueron asesinados el año pasado según el PSD.

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Por último, la violencia política en Colombia sigue teniendo un fuerte matiz de represión contra partidos y movimientos políticos de izquierda y oposición. Sin embargo, y en parte por la ausencia de resolución judicial e investigación policial, no se cuenta con evidencia documental de que se trate de un esfuerzo de represión dirigida o ligada a acciones de agentes del estado.

Durante el año pasado, 15 candidatos a cargos de representación política por partidos de oposición como el Polo, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el MAIS, y la Marcha Patriótica fueron víctimas en el marco de las elecciones regionales.

En lo que va corrido del 2016, seis líderes de izquierda han sido asesinados y tres han sido amenazados por desconocidos en Cauca, Sucre, Cesar, Cundinamarca y Antioquia. Las víctimas de estos hechos eran líderes comunitarios opuestos a minería extractiva ilegal, o eran integrantes de sectores de oposición como la Marcha Patriótica, el Partido Comunista o la Coordinadora Nacional Agraria.

Esta violencia política si bien afecta más a la izquierda no está dirigida exclusivamente contra candidatos y sectores de la oposición: De las 38 víctimas mortales que reportan pertenencia a un partido político registrada por CERAC, 19 hacen parte de partidos y movimientos de oposición: 4 del Centro Democrático; 3, Alianza Verde; 3, Polo; 5, Marcha Patriótica; 3, Unión Patriótica; 2, Partido Comunista; y 1, MAIS. Otras 13 víctimas hacen parte de partidos de la Unidad Nacional y la coalición de gobierno: 7 del Partido Liberal; 4, La U; y 2, Cambio Radical. Finalmente, 4 víctimas corresponden a militantes del Partido Conservador.

En la mayoría de los casos no se cuenta con información sobre los responsables de estas acciones. Sin embargo, las organizaciones afectadas (e incluso las FARC) denuncian la reemergencia de grupos paramilitares, presuntamente relacionados con estos hechos, en regiones como Chocó, Santander, Casanare, Antioquia, Caldas, y Cauca.

También se han registrado amenazas contra guerrilleros de las FARC indultados por el Gobierno en los últimos meses, que se suman a las amenazas de líderes de víctimas, que asistieron a la mesa de negociación, como el caso de Nilson Liz Marín quien fue víctima del asesinato de su hijo luego de reunirse con las partes negociadoras en La Habana.

Finalmente, dirigentes de organizaciones de víctimas y de reclamantes de tierras que buscaban participar en las elecciones regionales de este año, concentran diferente tipos de riesgo: por su activismo legal en favor de las víctimas, por estar en contra de intereses ligados a aparatos armados ligados a la desmovilización paramilitar, por ser líderes campesinos, ser mayoritariamente mujeres cabeza de hogar y por estar en zonas rurales.. Según La Silla Vacía, tal es la situación de líderes de víctimas en Montes de María, Bogotá, Atlántico, Sur de Bolívar y Urabá que han recibido intimidaciones, amenazas e incluso atentados por su participación en la competencia electoral.

¿Cómo prevenir la violencia anunciada?

La persistencia y deterioro de la violencia política durante los últimos años pone en riesgo la posibilidad de que, con la firma de la paz, el país abandone el uso de la violencia como mecanismo para resolver los conflictos sociales y las diferencias políticas.

La emergencia de nuevos “perfiles de riesgo” -como el de la comunidad LGTBI- evidencia la necesidad que tiene el Gobierno de ajustar los esquemas de protección del Estado frente a amenazas no asociadas a la violencia política tradicional (conflicto armado), sino a prácticas culturales de discriminación contra minorías basadas en la identidad de género.

La persistencia del uso de la violencia contra líderes étnicos y sectores de oposición es uno de los grandes desafíos para el posconflicto. Prevenir este tipo de hechos y judicializar a sus responsables es urgente para cerrar los ciclos de violencia organizada en el futuro.

La concentración regional y por grupo poblacional de estos riesgos, sin embargo, puede ser una ventaja para una política pública de derechos humanos porque hace más fácil la focalización, la investigación judicial y la priorización de los esfuerzos estatales para combatir esta violencia. Que no se trate de casos aislados, dispersos, sino que existan patrones, ofrece una posibilidad de acción para la inteligencia criminal que afronte estos hechos.

El carácter soterrado y anónimo de los responsables de estos hechos dificulta, claro está, conocer el fenómeno. La pobre labor de investigación judicial y judicialización completa un panorama de casi total impunidad.

Aunque aún no se cuenta con suficiente evidencia, el Gobierno no debería descartar las denuncias de reagrupación de grupos paramilitares que han hecho constantemente las comunidades. Una estrategia específica para la lucha contra estos grupos debería hacer parte de las políticas de seguridad y protección de sectores de oposición -incluido el movimiento que emerja de las FARC- en el posconflicto.

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Financiación: 
Este reporte ha sido preparado con fondos propios de CERAC; no fue elaborado con financiamiento proveniente de alguna entidad pública, gubernamental, comercial u organismo sin ánimo de lucro.

CERAC no recibe financiamiento, fondos de apoyo o recursos materiales de ninguna entidad de gobierno para financiar y conducir sus labores de análisis y monitoreo del conflicto armado interno y la seguridad en Colombia.

Declaración de conflicto de intereses: 
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses.
CERAC no tiene ningún conflicto de intereses relacionado con sus proyectos de investigación, prestación de servicios de análisis o consultoría.

AVISO LEGAL

El presente documento, elaborado por CERAC- Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación completa por CERAC. CERAC, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección. Las estimaciones, proyecciones y opiniones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones.

CERAC ha hecho un esfuerzo con la debida diligencia en la preparación de este reporte y en el procesamiento de su recopilación, siguiendo metodologías de recopilación, inclusión, procesamiento y análisis de la información que siguen estándares aplicables y reconocidos para el análisis de conflictos y el registro de todas las víctimas en contextos de conflicto.

CERAC no asume ninguna responsabilidad legal por lo aquí presentado y escrito.

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