A mediados del año pasado, algunas ONG’s de Medellín exhortaron al gobierno municipal, departamental y nacional, a la sociedad civil y ONG’s; para hacer un seguimiento y verificación al pacto de no agresión que se firmó el 14 de julio del pasado año entre “La Oficina del Valle de Aburrá” y “Los Urabeños”. ¿Valdría la pena apostarle a esta alternativa para reducir los preocupantes índices de violencia en la ciudad, teniendo en cuenta un eventual sometimiento a la justicia por parte de “Los Urabeños” y “La Oficina”?
En el denominado “Pacto del fusil”, las partes se comprometieron a no combatir en los territorios donde tienen presencia ambos grupos y a desactivar las confrontaciones armadas en las comunas 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16; y en los corregimientos San Cristóbal, Altavista, El Rincón y San Antonio de Prado. Así mismo, se comprometieron a respetar los DDHH de la comunidad, establecieron el levantamiento de las fronteras invisibles, y el cumplimiento de los acuerdos pactados mediante el uso de la violencia armada; es decir, quien no lo cumpla paga con su vida.
Las organizaciones proponen que si se logra verificar el cumplimiento de los acuerdos, teniendo en cuenta la búsqueda por parte de dos de los jefes de “Los Urabeños” y “La Oficina” de un acercamiento con el gobierno nacional, se podría comenzar diálogos urbanos en los que se establezcan las bases para el desmonte violento del conflicto; lo que implicaría un sometimiento a la justicia y la dejación de armas basado en el principio de oportunidad. Sin embargo, hasta el momento la administración municipal -que en un principio se negó a reconocer la existencia de estos pactos- manifiesta su negativa de participar, así sea de manera marginal, en este tipo de iniciativas.
¿Cuáles serían las posibles consecuencias de la veeduría institucional , en caso que esto ocurriera?
Aspectos positivos
- Conocimiento sobre la criminalidad: es una buena oportunidad para aproximarse a estas redes criminales y lograr obtener información más acertada sobre la manera en que operan en la ciudad, sus vínculos e intereses. En materia de seguridad este sería un gol que metería la administración local para replantear sus políticas de prevención de violencia y de ataque a la criminalidad. A lo largo de la tregua se podría establecer con exactitud qué tanto inciden estas estructuras en los homicidios y otras violencias, e identificar otros factores o agentes que los ocasionan.
- Muestra de voluntad por parte de los grupos criminales y el gobierno para iniciar un proceso de sometimiento a la justicia: si en el proceso de verificación se constata que los grupos han detenido la comisión de delitos, este podría ser tomado como un gesto de buena voluntad hacia el gobierno nacional para decidir iniciar un proceso de sometimiento a la justicia.De igual manera, los grupos criminales sentirían que su propuesta es escuchada por el gobierno y que se les abrirá el espacio para dejar atrás el crimen. Este tipo de gestos son fundamentales, ya que al generar confianza entre las partes, se constituyen como antesala de un eventual sometimiento.
Aspectos negativos
- Pérdida de confianza en el gobierno municipal: en varios sectores de la población se percibe que este tipo de pactos beneficia más a los criminales que a la sociedad civil. El participar de alguna manera -así sea marginal- en los pactos entre criminales, podría generar un costo político alto al gobierno municipal, generando la proyección de una imagen débil del alcalde Gaviria y una pérdida de futuros votantes que privilegian la mano dura con la criminalidad. Así mismo, se podría generar un descontento al interior de instituciones como la Policía, la cual ha obtenido resultados positivos en la lucha contra de la criminalidad.
La posición institucional se ha caracterizado por la mano dura contra las estructuras criminales,basando su estrategia de seguridad en capturas y decomisos de armamento y drogas. Sin embargo, esto no implica el desmantelamiento de estructuras criminales ni mucho menos recuperar la legitimidad que la institucionalidad ha perdido. En este sentido, el acercamiento con los principales líderes del crimen organizado puede surgir como una alternativa para disminuir los índices de violencia en la ciudad. La tregua entre “Las Maras” y el proceso que adelantan con el gobierno para desarrollar zonas de paz en El Salvador puede servir de ejemplo.
No se trata de frenar la persecución de la criminalidad sino de aproximarse sus líderes, las causas de la violencia y las comunidades que la sufren y comenzar a pensar en salidas creativas al conflicto, que puedan conducir a compromisos y ¿por qué no?, al desmonte gradual de estas estructuras.
En el caso que la administración municipal se decidiera a verificar y seguir la tregua, que en efecto las partes cumplieran lo acordado y que estas estructuras criminales decidieran someterse a la justicia, quedarían varios interrogantes por resolver. ¿Quién llenaría los espacios dejados por los criminales? ¿otras estructuras criminales? ¿las instituciones estatales? ¿la fuerza pública? aún más importante, ¿estamos preparados para este tipo de procesos con el crimen organizado para que no suceda la misma historia que con el ERPAC?
