Artículo publicado en El Espectador – Edición Impresa. Enero 31 de 2015
El anuncio del gobierno venezolano, por medio del cual se modificaron las regulaciones para el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público, refuerza los mecanismos represivos de la protesta ciudadana y ponen en grave riesgo los derechos humanos.
La autorización del uso de armas de fuego y otras armas “potencialmente” mortales para el mantenimiento del orden en las protestas, cuando los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se enfrenten a situaciones de riesgo mortal, es de hecho una amenaza directa a los ciudadanos. Estos cambios hacen pensar que el gobierno venezolano prepara medidas reactivas para protegerse de la crisis social que enfrenta el país, en vez de buscar medidas proactivas para generar soluciones en materia económica y social que eviten que los ciudadanos deban recurrir a la calle como único medio de protesta.
La resolución dispone “evitar desórdenes, apoyar a la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato por todos los medios constituidos”.
Un problema es la falta de clara distinción entre manifestaciones pacíficas y violentas, lo cual hace que el campo de acción para ejercer represión de la FANB sea ambiguo, quedando sujeto a interpretaciones discrecionales. En segundo lugar, la posibilidad de recurrir a “todos los medios constituidos”, incluyendo las armas de fuego, es una clara contradicción ante los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y ante las disposiciones de la misma Constitución venezolana. También restringe la participación política, al amenazar a los ciudadanos con el uso de la fuerza.
La posibilidad de que se repitan manifestaciones como las ocurridas en febrero de 2014 es alta en el corto plazo. Por un lado el descontento social es cada vez más fuerte y es posible que la población recurra a la protesta en las calles. Por otro lado, la oposición, si bien no se encuentra cohesionada, ha estado buscando reorganizarse para llamar a manifestaciones pacíficas que exijan respuestas ante la crisis que se vive.
El uso de armas es un tema preocupante en Venezuela, no solamente por el hecho de que el nivel de violencia armada ha llevado a que el país se ubique como el segundo más violento de América Latina, sino también porque se favorece el mal uso de las armas por parte del Estado, que debe procurar que el uso de estas herramientas sean para garantizar la seguridad y la vida de sus ciudadanos y no para lo contrario.
