Una Misión Corográfica para una paz estable y duradera

Este fin de semana se dio a conocer una noticia importante para el país: por fin, se lograron los primeros acuerdos entre el Gobierno y las FARC en el tema de desarrollo rural que se discute en el marco de los diálogos de paz.

En particular, ya hay una primera base de entendimiento entre las partes en materia de “acceso y uso de la tierra; tierras improductivas; formalización de la propiedad; frontera agrícola y protección de zonas de reserva”, según dieron a conocer las delegaciones reunidas en La Habana.

Si bien queda un largo camino por recorrer en el proceso de negociación entre las partes, los primeros acuerdos, en especial, la realización de una Nueva Misión Corográfica1, serían muy favorables para la construcción de una paz estable y duradera.

La Nueva Misión Corográfica para la Paz buscaría identificar de manera integral las características regionales del territorio en Colombia, mejorar la seguridad jurídica, garantizar los derechos de propiedad y resolver de manera efectiva los conflictos por la propiedad de la tierra propendiendo por su terminación.

Cabe señalar algunos elementos para fortalecer esta propuesta, con el fin de convertirla en la base de futuras políticas públicas para el sector rural y en un poderoso instrumento para la resolución no violenta de conflictos por la tierra en un eventual escenario posconflicto:

Elaboración de un censo rural

La Misión debe conocer, en el corto plazo, la realidad de la propiedad rural. Con ello se avanzará en la solución de uno de los problemas estructurales del sector rural colombiano: la carencia de información geográfica, catastral y registral completa, pública, verificable y transparente, con un enfoque regional.

En el pasado, esto ha generado múltiples conflictos por la tierra, ha dificultado el uso productivo y la inversión (pues existe inseguridad jurídica), ha favorecido la pereza fiscal de los municipios impidiendo el desarrollo y ha permitido el uso de la institucionalidad para asegurar el despojo de tierras.

Así mismo, se debe considerar la forma como el conflicto armado afectó las diferentes regiones del país en la distribución de la propiedad de la tierra por medios legales e ilegales, la estructura productiva, las formas de ocupación del territorio y el uso de la tierra. La tierra no sólo estaba desprotegida y mal registrada sino que el mismo conflicto cambió los derechos de propiedad.

Actualización catastral

La Misión debe levantar, actualizar e integrar la información catastral, geográfica, y del registro de la propiedad a nivel rural, con el propósito de obtener y hacer pública información confiable y verificable de la propiedad jurídica. Se deberán incluir las tierras baldías de la Nación, y también las que no tienen titulación, que son objeto de procesos de restitución, que están en disputa por la propiedad, que hacen parte de reservas forestales y/o son parque naturales.

La Misión debe, en definitiva, promover un rediseño institucional que permita fortalecer la capacidad de las instituciones estatales para garantizar la seguridad jurídica y material del derecho a la propiedad de la tierra en las zonas rurales, aislándola del conflicto armado y de prácticas corruptas e ilegales que permiten el despojo de la tierra. Esta institucionalidad debe permitir resolver los conflictos por la propiedad de la tierra con base en la información actualizada que produzca.

Es importante reconocer que en Colombia el catastro ha sufrido los impactos del conflicto y ha operado en función de intereses que buscan mantenerlo atrasado e incompleto. La captura del Estado por parte de grupos armados y la presencia de intereses que frenan la acción institucional, han llevado a que el catastro y el registro de la propiedad rural estén desactualizados, hayan sido alterados, o simplemente no se hayan hecho.

A su vez, existe una marcada desconexión entre el registro catastral, el registro de transacciones y el acceso público a la información. Esto ha impedido la protección de los derechos de propiedad; dado que no sólo ha potenciando los conflictos por la propiedad de tierra, sino que también ha servido de medio para el despojo, la expansión no planificada de la frontera agraria y el desarrollo de procesos desordenados y desinformados de transformación del propiedad rural.

La Misión, entonces, ayudaría a afrontar las falencias de la institucionalidad catastral y del registro de propiedades inmuebles, que están en la médula del atraso rural y productivo del país.

Resolución no violenta de conflictos por la tierra

La Misión debe estar acompañada de una institucionalidad para el período de transición y para el futuro, que permita resolver por vía administrativa de forma rápida y efectiva, con recursos de revisión y controversia, los conflictos por la propiedad y uso de la tierra a nivel rural en Colombia y proveer rápidamente seguridad jurídica y garantizar derechos de propiedad a los propietarios rurales.

Es previsible la emergencia de nuevos conflictos sociales en torno al acceso, distribución y uso de la tierra, durante la negociación y a partir del momento del cierre del conflicto. En el mediano y largo plazo, esta institucionalidad, será la llamada a solventar este tipo de disputas por la tierra.

La experiencia de Mozambique, Sudáfrica y Ruanda en la materia debería ser examinada por las partes para la construcción de una infraestructura para la paz.

El retorno de víctimas y excombatientes del conflicto, la política de restitución de tierras, entre otros factores, pueden conducir a nuevos conflictos que, si son tramitados de forma violenta, pueden poner en riesgo la estabilidad de la paz en Colombia.

También es previsible que en un escenario de cierre del conflicto la ocupación y uso del territorio se aumente y dinamice. Una nueva expansión de la frontera agrícola, ocasionada por un nueva ola de colonización, generaría presión sobre los territorios y la propiedad rural, nuevos conflictos y un probable impacto negativo regional en términos ambientales.

La institucionalidad para la transición que acompañaría a la Misión debe, entonces, hacer viable una política de reconciliación con carácter regional que fomente una convivencia pacífica entre excombatientes y víctimas, que garantice la reinserción de los primeros y el retorno de los últimos, y que permita tramitar por vías institucionales las disputas arraigadas y emergentes por la tierra.

Diseño institucional

La Misión se debe materializar en una institución estatal independiente del poder ejecutivo, con veeduría ciudadana, de carácter civil (en contraposición al modelo militar de instituciones como el catastro en los países del Cono Sur) y que cuente con la cooperación y apoyo de la comunidad internacional y de la academia.

Con la firma de la paz, el país está cada vez más cerca de la posibilidad histórica del cierre del conflicto armado. La construcción de la paz, sin embargo, pasará, seguramente, por la resolución de problemas históricos como la problemática del sector rural. Una Nueva Misión Corográfica puede contribuir con ese propósito.

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1. Una versión preliminar de este artículo fue presentado en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral – Territorial, que realizaron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá entre el 17 y el 19 de diciembre de 2012, por petición del Gobierno y las FARC en el marco de los diálogos para el cierre del conflicto.

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