Columna publicada en el diario El Espectador, en su edición impresa del 20 de junio de 2012.
El asesinato del joven abogado Juan Guillermo Gómez en un barrio de élite ocultó todas las mejoras en seguridad que ha logrado la ciudad en el último año.
Al igual que con el caso de Rosa Elvira Cely y el atraco a los caminantes en Rosales, el asesinato de Gómez generó una sensación de inseguridad generalizada que se extiende por toda la ciudad.
¿Cómo explicar estos tres casos cuando se dan innegables mejoras en seguridad ?
En efecto, en todos los delitos se dan reducciones significativas en los últimos 12 meses: comenzando por homicidios, lesiones personales y violencia sexual, e incluyendo robos y robos violentos. En el caso de homicidio se ha roto el “piso de cristal” que desde 2004 impedía que cayera la tasa (con la excepción de una reducción en 2006).
¿Será que los logros son también una excepción en este año? No creo. La reducción en diferentes tipos de crímenes y el hecho de que en Bogotá caigan más rápido que en el resto del país hace pensar que se trata de una tendencia sostenida. Esta mejora se puede atribuir a la labor de la Policía Metropolitana, comandada por el general Luis Martínez.
Las razones de la caída reafirman también que se está ante un menor régimen de violencia criminal: en primer lugar está la lucha frontal contra las organizaciones criminales; en segundo lugar está la mejora generalizada de la seguridad en el resto del país, y tercero- y sin evidencia que lo soporte-,creo que la gestión en seguridad es determinante:gerencias por delitos, distritos por zonas, plan cuadrantes y gestión por indicadores «duros» bien pensados-número de atracos, organizaciones de crimen desmanteladas, etc.-. Y el desarme y las restricciones a la movilidad de los jóvenes también sirven.
¿Qué le falta a Bogotá?
En primer lugar, priorizar las políticas públicas en la protección de la vida. Cada muerto en un atraco señala la ausencia de una política pública de seguridad y una política de cultura ciudadana que se centre la protección de la vida. Para ello, es necesario, primero, acercar la policía y la justicia a los ciudadanos: ocupar espacios inseguros como la rumba, el transporte público y los parques y calles, especialmente en las noches. Segundo, reducir la impunidad en el homicidio común.
Se debe castigar a los culpables en derecho. Sólo así el terror y el miedo que los criminales comunes buscan crear para asegurar sus rentas criminales logrará ser superado.
En esta área poco ofrece el Plan de Desarrollo y la política pública de seguridad. Basta mencionar la gran interinidad en la Secretaría de Gobierno, que ya va para cuatro años, la pésima y cuestionada gestión del 123 y del Fondo de Vigilancia y Seguridad y la equivocada concentración de la política de seguridad en las víctimas del conflicto armado.
Así, las víctimas del crimen y la policía se están quedando solas en las calles.
