Publicado en El Espectador (edición impresa) y ElEspectador.com , el 28 de enero de 2014
El comunicado de las Farc en torno al hecho de Pradera es histórico y marca un punto de quiebre para esta organización, establece principios de regularización para la conducción de sus operaciones en el marco del conflicto armado interno e impulsa las negociaciones al reconocer por primera vez la responsabilidad por sus acciones de tipo terrorista.
Además del reconocimiento de autoría, las Farc afirman que el “secretariado expresa su repudio y condena ante este tipo de hechos” y que adelantarán “la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios”.
Si bien buscan justificar este acto atroz, afirmando que los autores de la explosión “jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil no combatiente”, reconocen, por primera vez en su historia, que sí tienen responsabilidad.
Además, las Farc aceptan implícitamente que sus operaciones deben reconocer el principio de distinción de la población no combatiente de los objetivos militares. Si bien no existe una distinción explícita y expresa de cuáles son tales objetivos u operaciones admisibles, el hecho de que se repudie y reproche tal tipo de daño terminará por obligarlas a excluir a los civiles como objetivo. De hecho, al aceptar el deber de “prever los efectos que este tipo de acciones tienen contra [la población civil no combatiente]”, explícitamente excluyen atentados de tipo terrorista, esto es, aquellos que de manera indiscriminada están dirigidos o afectan a la población civil. Finalmente afirman que “así no se hace la guerra”.
Renunciar a este tipo de actos, si bien enfrenta retos en materia de credibilidad, constituye un “gesto de paz”, pues busca excluir acciones irregulares del “portafolio” de acciones admisibles dentro de los “códigos de conducta” no escritos de la organización, además de reducir la violencia contra la población civil. En últimas, hasta cierto punto hace jurídica y políticamente más “correctas” las acciones violentas de las Farc en el marco del conflicto, pues las regulariza estableciendo un principio de acción que limita la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.
La significancia de este gesto de paz en últimas dependerá de la capacidad de control que logre establecer la guerrilla sobre aquellas unidades que de manera reiterada han ocasionado este tipo de atentados de corte terrorista y con afectación de la población civil. Da cuenta, también, de un mayor compromiso de esta guerrilla en el marco del proceso de cierre del conflicto y una mayor respuesta ante las demandas públicas de la sociedad civil.
Desde ya las Farc están tratando de mejorar su imagen entre la opinión pública con miras a un posconflicto: admitir su responsabilidad en la realización de un atentado con explosivos no sólo les supone asumir un alto costo político frente a la sociedad colombiana, sino que es una muestra de que están haciendo un esfuerzo por controlar a los integrantes más radicales —y díscolos— dentro de sus filas, disciplinando a los posibles disidentes del proceso.
Como es probable que el cumplimiento de esta nueva disposición no sea completo, es probable que algunos de estos grupos díscolos se separen de las Farc o comiencen su proceso de disolución. La respuesta del Estado debe ser comenzar contactos para adelantar su desarme y desmovilización, incluso antes de que se cierre eventualmente el proceso en La Habana.
