Después de la finalización del cese unilateral de fuego declarado por las FARC, analistas y columnistas de opinión se han concentrado en debatir si el cese fue cumplido o no.
Sin embargo, poco se ha discutido sobre el papel que cumplió la Fuerza Pública durante la tregua de 62 días. Es decir, no se ha analizado si efectivamente el discurso del presidente Santos de no “bajar la guardia” se materializó en la práctica, y si lo hizo, de qué manera y con qué contundencia.
En primera instancia, la intensidad de la actividad armada de la Fuerza Pública disminuyó marcadamente en zonas con presencia del Bloque Caribe y el Bloque Oriental de las FARC (donde hay una representación significativa en la mesa de negociación de sus comandantes, Iván Márquez y El Médico). Así mismo, hubo una mayor concentración en acciones que terminan siendo menos letales, como la incautación de armas y drogas, el desmantelamiento de campamentos y la captura de auxiliadores guerrilleros en los centros urbanos.
En segunda instancia, la evidencia sobre acciones de alto impacto desarrolladas por la Fuerza Pública durante el período de tregua –como por ejemplo, los bombardeos aéreos-, indica que este tipo de acciones se realizaron únicamente en puntos neurálgicos para el cultivo, procesamiento, transporte y exportación de coca como Ricaurte (zona fronteriza con Ecuador donde las FARC venden la coca procesada a los narcotraficantes), la Serranía de Abibe (el corredor de narcotráfico que tiene como ejes Mutatá-Chigorodó-Riosucio) y Guainía (corredor para el envío por Venezuela hacia Centro América, o el envío directo hacia Brasil).
La muerte, captura o acorralamiento de varios comandantes de frente y compañía, con mayor trayectoria en el mercado de la coca (como alias ‘Guillermo Pequeño’, alias ‘Mayerly’ y alias ‘Jhon 40’, durante los bombardeos aéreos) abre la pregunta de si la Fuerza Pública está enfocando sus energías en perseguir a los frentes guerrilleros que por su activismo en el narcotráfico podrían presentar serias resistencias al proceso de paz.
En efecto, los tres bombardeos aéreos durante la tregua muestran que las acciones de la Fuerza Pública buscaron desvertebrar las columnas móviles y frentes que tienen una vinculación más directa con el cultivo, el procesamiento y el tráfico de coca.
Pero eso es normal y ha sido una constante de las políticas de seguridad del Gobierno nacional en los últimos tres períodos.
Entonces, la pregunta de fondo es: ¿la actividad armada de la Fuerza Pública puede considerarse como un mecanismo que buscará reforzar la disciplina interna guerrillera?
La eliminación de los potenciales disidentes guerrilleros es una manera efectiva para lograr que las FARC se cohesionen organizacionalmente y asuman una postura uniforme con respecto a la mesa de negociación. De esa manera, la eliminación o neutralización de los comandantes de frente que más han acumulado riqueza por su participación en diferentes eslabones productivos del mercado de coca, y que a su vez pueden no tener convicciones fuertes sobre la “moral del combatiente guerrillero” podría ser la nueva estrategia del gobierno Santos para apuntalar con éxito el proceso de paz.
