Tag Archives: violencia electoral

Mungiki en Kenya: violencia, corrupción y miseria

“Que muera si deserto o revelo nuestros secretos”, es el juramento que más de 100,000 hombres de la tribu Kikuyu, en Kenya  han pronunciado con el fin de pertenecer a los Mungiki (multitud, en dialecto Kikuyu), una de las pandillas más grandes del mundo que después de casi cinco años sin pronunciamientos públicos sigue siendo un mecanismo para infundir miedo y, se cree, se fortalece para volver a ejercer el control político que logró alguna vez.

Así como las Maras Salvatruchas (pandilla de El Salvador que se ha movilizado por toda Centroamérica y el sur de los Estados Unidos) utilizan sus tatuajes y un lenguaje de señas para identificarse entre ellos, los miembros de los Mungiki se caracterizan por sus peinados y ritos de sangre. En general, llevan el pelo peinado con dreadlocks o rastas y, en cuanto a los ritos, se mencionan baños e ingestas de sangre entre los miembros del grupo cada vez que realizan un juramento.

La característica que separa a esta pandilla o grupo criminal keniano de otras pandillas en el mundo (Primeiro Comando Capital de Brasil, Salvatruchas de El Salvador o The United Bamboo en Taiwán), son los lazos fuertes y visibles que tiene con la estructura política del país. Esas relaciones se hicieron visibles a inicios de la década del 2000. Hoy continúan latentes y consiguen dividir el país internamente por sus ideologías étnicas.

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Rivalidad política, milicias y violencia

Los colombianos somos como los filipinos: vivimos en Repúblicas Presidencialistas, nos  independizamos de España en el siglo XIX, nuestra moneda se llama peso y llevamos varias décadas soportando guerrillas comunistas y grupos paramilitares que se legitiman a través de débiles instituciones que se definen por intereses políticos y económicos particulares y no públicos.

A pesar de que estos dos conflictos están enmarcados en contextos que difieren entre sí, es posible encontrar características comunes tales como los procesos de paz en curso o las ideologías que inspiraron la formación de estos grupos.

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Catastro público para la paz

La denuncia de Daniel Coronell hoy en Semana sobre el caso de la Hacienda de los Dávila en Ginebra, Valle del Cauca, es contundente como caso de corrupción. Pero también es útil para discutir la raíz del lento desarrollo y la violencia en Colombia.

Primero, y esto ya lo han dicho desde Salomon Kalmanovitz a Hernán Echavarría Olózaga, está el hecho de que la raíz de estos problemas de Colombia ya conocidos -sobreestudiados dirán algunos- está en la baja tributación a la propiedad de la tierra, sobretodo de la gran propiedad.

No es sólo que se tribute poco por la tierra en Colombia, sino que quienes más tierra tienen, menos tributan.

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La violencia electoral: multiforme, multicausal y transformada

Por:

Alonso Tobón

Manuel Moscoso

Las elecciones locales de octubre están seriamente amenazadas, no sólo por los riesgos de fraude, sino especialmente por el asesinato de candidatos a alcaldías y concejos. Detrás de esta violencia no están sólo la guerrilla y los paras sino los narcos con sus nuevas estrategias y otras redes criminales que intentan apropiarse de gobiernos locales. Pero el gobierno parece despistado.

18 candidatos asesinados

Los recientes asesinatos de candidatos a alcaldías y concejos -18 registrados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) en lo corrido del año- han prendido las alarmas y expuesto de nuevo a debate público los altos niveles de riesgo que afectan el desarrollo de las elecciones locales de octubre.

Violencia ElectoralNúmero de Candidatos Asesinados
Departamentos 2007 2011*
Antioquia 4 4
Bolívar 2 0
Caldas 1 0
Caquetá 3 0
Casanare 1 0
Cauca 1 1
Cesar 2 0
Córdoba 0 1
Huila 1 1
Meta 2 0
Nariño 1 0
Norte de Santander 1 0
Putumayo 1 3
Quindío 1 0
Risaralda 0 2
Sucre 0 1
Tolima 3 1
Tuluá 1 0
Valle del Cauca 2 4
No identificado 2 0
Total 29 18
* Registro de asesinatos hasta el 15 de julio de 2011
Fuente: CERAC

 

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Motivación política vs. Razones económicas: La interferencia de los neoparamilitares en la contienda electoral

Por:
Carla Arcia Venegas

 

En las últimas semanas se ha hecho evidente la creciente preocupación de diferentes sectores de la sociedad civil y del gobierno frente a la posible interferencia de las denominadas Bandas Criminales en los comicios electorales que tendrán lugar en el mes de octubre. Según información recopilada por 12 organismos del Estado, estos grupos estarían dando inicio a la conformación de alianzas para forzar la elección de alcaldes y gobernadores que posteriormente servirían de puente para tener acceso al presupuesto 2012. El Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CIIE), liderado por los ministerios de Interior, Defensa y el Consejo Nacional Electoral y creado hace poco más de un mes, revela que el interés de estas bandas es exclusivamente económico ya que, según sus fuentes, no tienen ninguna motivación política.

Según León Valencia, investigaciones académicas y judiciales han demostrado que estas nuevas estructuras, que para este escrito adoptarán el nombre de neoparamilitares, dedican el 80% de sus esfuerzos al narcotráfico, la usurpación de tierras y la amenaza por recuperar algunas de ellas junto con la captura de poder local.

Siguiendo a Gambetta, estudioso de la mafia, en ausencia de justicia y seguridad confiables, y ante la desconfianza en las relaciones económicas legales, se cede espacio al “poder del favor”, que a su vez se extiende al escenario político y al clientelismo en la administración pública, configurándose así elementos eminentemente políticos en el desarrollo de organizaciones paralelas al Estado. Esto se ve reflejado en el apoyo electoral que adquieren los candidatos a través de un sistema extraoficial de intercambio con estructuras de carácter mafioso, como es el caso de los neoparamilitares.

Un ejemplo de esta lógica puede observarse en el caso de la denuncia interpuesta por el ex alcalde de Soledad (Atlántico) Alfredo Arraut, en la que acusa al actual mandatario del municipio de hurtar dinero del erario municipal para el pago de un contrato a la Empresa Triple A, la cual, según Arraut, se encuentra bajo el manejo de las “Bacrim” que hacen presencia en la zona.

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