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Tratado sobre el Comercio de Armas, ¿debería Colombia ratificarlo?: Elementos para una discusión

1. Introducción [1]images

En diciembre de 2014 entró en vigencia el Tratado de Comercio de Armas (TCA), primer tratado legalmente vinculante que regula el comercio de armas en el mundo.  Aunque Colombia firmó el tratado y contribuyó así a que entrara en vigencia, aun no lo ha ratificado. En este momento, ha sido sometido al Congreso de la República, con ponencia favorable del Senador Jimmy Chamorro. El hecho de que el acuerdo sea legalmente vinculante   supone obligaciones para los estados , creando una oportunidad sin precedentes en la regulación del comercio legal de armas.

La importancia del TCA está en que  hace transparente y mejora la calidad de la información de las transferencias de armas entre países, reduciendo las posibilidades de filtraciones hacia  grupos armados ilegales, que podrían hacer un uso irresponsable de las armas, representando un riesgo para la seguridad y la paz.

La ratificación del Tratado tendrá importantes implicaciones para  Colombia: aquí la abrumadora mayoría de homicidios ocurre  mediante el uso de armas de fuego (más de 80% en 2014).

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El Tratado de Comercio de Armas: oportunidad para Colombia

Publicada en Razón Pública el 23 de febrero de 2015.

El tratado que acaba de entrar en vigencia permitirá reforzar los controles sobre la producción y comercialización de armas de fuego. Pero si quiere garantizar la paz, Colombia necesita devolverle las armas al Estado.

Un tratado innovador

El pasado 24 de diciembre entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas (TCA), que había sido firmado por Colombia en septiembre de 2013. El Tratado se encuentra a la espera de ratificación por el Congreso, después de que el gobierno presentó el proyecto de ley correspondiente.

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Venezuela: mayor represión ante problemas sociales

Artículo publicado en El Espectador – Edición Impresa. Enero 31 de 2015

El anuncio del gobierno venezolano, por medio del cual se modificaron las regulaciones para el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público, refuerza los mecanismos represivos de la protesta ciudadana y ponen en grave riesgo los derechos humanos.

La autorización del uso de armas de fuego y otras armas “potencialmente” mortales para el mantenimiento del orden en las protestas, cuando los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se enfrenten a situaciones de riesgo mortal, es de hecho una amenaza directa a los ciudadanos. Estos cambios hacen pensar que el gobierno venezolano prepara medidas reactivas para protegerse de la crisis social que enfrenta el país, en vez de buscar medidas proactivas para generar soluciones en materia económica y social que eviten que los ciudadanos deban recurrir a la calle como único medio de protesta.

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“El que peca y reza empata”: Ley de desarme en Venezuela

Venezuela es uno de los países más violentos de América Latina. Esta violencia está fuertemente relacionada con el uso de armas de fuego:  según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 77% 1 de los homicidios que se cometen en el país se realizan con armas de fuego.

A esta problemática se le suma la incertidumbre con respecto a la  cantidad de armas que circulan: las cifras oficiales tanto de armas legales como de armas ilegales se desconocen y las cifras extraoficiales de armas ilegales circulando país oscilan entre 5 y 6 millones.

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No es intolerancia, es crimen organizado el responsable de las muertes en Bogotá.

En este Editorial de @ELTIEMPO de hoy Violencia en la Puerta de la Casa hay un serio error -inducido por estadísticas-: la gran mayoría de las muertes por venganza no son intolerancia.

Estas muertes que muy erróneamente clasifican las autoridades como venganzas, son en realidad en gran parte ajustes de cuentas: disputas entre organizaciones criminales y entre personas al interior de organizaciones criminales.

Atribuir esto a un problema de machismo, consumo de alcohol o drogas es erróneo.

El verdadero problema de inseguridad en Colombia es el crimen organizado violento; creer que es un asunto de consumo de alcohol o de intolerancia  conduce a políticas públicas inefectivas que no protegen la vida de las personas.

 

 

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