El Presidente Santos acaba de redefinir la política pública de paz en Colombia.
En respuesta al comunicado del ELN -en el que esta guerrilla rebaja los requisitos de su propio alto estándar, la llamada «Convención Nacional»- el jefe del gobierno anuncia que renunciar definitivamente a la violencia es el requisito para iniciar conversaciones de paz.
Hay que celebrar el objetivo: el fin del conflicto, el cese de la violencia.
Este debe ser, de lo contrario, una política de paz adquiere el cariz de un ejercicio electoral, de compra de tiempo o simplemente de juego a la opinión.
Las tres, lamentablemente fueron objetivos de pasadas y fracasadas políticas de paz.
Hay otra gran diferencia con las negociaciones del pasado: se reconoce la existencia de un conflicto violento, y se liga su resolución con el cese de la violencia.
Hasta aquí lo lo positivo.
Preocupa, y mucho, el requisito de seriedad que exige el Gobierno: «…hay una mano extendida a los grupos armados que tomen la decisión responsable y seria de acabar definitivamente con la violencia.»
Así, el fin último de una negociación se establece como principio para iniciarla: renunciar a la violencia.
Con esta condición, en lo que resta de este gobierno no habrá negociación, como que no habrá renuncia a la violencia por parte de las guerrillas.
A tan alto precio, seguiremos en la guerra.
