¿Sindicalistas beneficiados?

Por:

Juan David González

El acuerdo sobre el Plan de Acción de Colombia y EE.UU. para avanzar en la firma del TLC entre los dos países es un gran avance para la consecución de una de las metas que han trasnochado a los últimos dos mandatarios del país.

Sin dejar de lado las implicaciones económicas que tendrá la firma de dicho tratado, vale la pena resaltar el enfoque de los compromisos entre los dos países. Éstos se pueden agrupar en prevenir la violencia y castigar a sus responsables, y proteger los derechos de los trabajadores.

No deja de ser diciente el énfasis en el enfoque de la prevención de la violencia, la reducción de la impunidad y la ampliación de los esquemas de protección para los trabajadores (con un claro énfasis en aquellos que se encuentran sindicalizados). Este es un claro reconocimiento internacional a una larga historia de violencia que ha tenido como objetivo menguar el movimiento sindical en Colombia.

Si bien nadie duda de la pertinencia y la importancia de las medidas acordadas entre los dos gobiernos para hacerle frente a esta problemática, vale la pena señalar algunos retos que implicaría implementarlas.

El primero de estos retos hace referencia a los tiempos destinados para cumplir con dichos acuerdos. Una reforma estructural, y su posterior implementación, tendiente a fortalecer el respeto por los derechos de los trabajadores, y en particular de los sindicalizados, no debe ser una tarea contrarreloj con el único fin de firmar el TLC.

El segundo reto hace referencia a los recursos que deben ser destinados para la implementación de esta reforma estructural. En este sentido, los acuerdos relacionados con la ampliación de los esquemas de protección, aumentar la capacidad y el número de fiscales e investigadores de Policía Judicial, aumentar el número de inspectores e inspecciones laborales preventivas y adoptar un programa de divulgación de los derechos de los trabajadores, son tareas que implican un esfuerzo mayor en términos de recursos si se quiere que cumplan los objetivos planteados.

El tercer reto implica realizar una labor de monitoreo y medición efectivas, tanto de la violencia que afecta a esta población, como de la vulneración de sus derechos laborales. El tener información basada en evidencia y verificable sobre los avances en términos de respeto a los derechos de los sindicalistas permitirá realizar una medición y evaluación de los impactos atribuibles a la política implementada.

Estos retos quedarían superados si la adopción de las reformas se encuentra motivada por el interés de garantizar el respeto por los derechos de los sindicalistas y si en su formulación se tiene en cuenta la voz de los beneficiarios. Esto se logrará en la medida en que el Gobierno inicie esta labor consciente de su carácter necesario e ineludible en pro de fortalecer la democracia en el país per se y no como un medio para la firma del TLC.

Artículo publicado en elespectador.com  el 8 de Abril del 2011

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