Las FARC anunciaron la suspensión del cese al fuego unilateral que tenían vigente desde el 20 de diciembre pasado, luego de que se conociera anoche, jueves 21, de una contundente operación de la Fuerza Pública en contra de las FARC en Cauca.
Tanto el Gobierno Nacional como las FARC anunciaron que no interrumpirán la negociación.
- Esta crisis no compromete la continuidad de la negociación en sí; aún cuando el ciclo que se inició hoy fue suspendido por el día de mañana por las FARC.
- Esperamos un recrudecimiento del conflicto por parte de las FARC, en contra de objetivos de oportunidad: principalmente la infraestructura económica.
- La naturaleza del recrudecimiento previsible de la violencia determinará el impacto sobre la negociación.
- Existe un riesgo menor, pero no despreciable, de acciones terroristas por parte de las columnas móviles de las FARC.
- El incremento del riesgo es diferenciado regionalmente y localizado; no es generalizado.
- El espacio violento para el ELN se cierra con la suspensión del cese unilateral de las FARC.
- El cese al fuego dejó dividendos históricos en términos de reducción de la violencia: no se habían registrado tan bajos niveles de violencia de conflicto desde 1984.
- Pese a ello, la búsqueda de un cese al fuego bilateral por imposición de una de las partes, con la amenaza de la violencia, demostró ser ineficaz.
- Esta nueva coyuntura crítica para el proceso, la tercera significativa, genera una oportunidad en tanto resalta la importancia de que el cese al fuego bilateral sea negociado y no impuesto.
- Prevemos, en todo caso que más que catalizar la negociación, conducirá a darle atención prioritaria al cese al fuego bilateral.
- El apoyo al proceso continuará deteriorándose: la ciudadanía no está adecuadamente preparada para el previsible recrudecimiento de la violencia de conflicto; recrudecimiento que se verá magnificado al compararse con la baja violencia durante el cese al fuego unilateral.
- Las medidas de desescalamiento acordadas en la mesa se verán fortalecidas, en tanto cuentan con la garantía de un acuerdo.
Mantenemos nuestra consideración de irreversibilidad del proceso de negociación, sin embargo, esta consideración está sujeta a la escala y naturaleza de la violencia que enfrentemos en el futuro cercano.
El evento detonador
En la vereda San Agustín, zona selvática del municipio de Guapi, Cauca, el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, realizaron una operación por tierra, río y aire, incluyendo bombardeos a un campamento del frente 29 de las FARC; posteriormente sostuvieron combates durante la incursión al campamento. En la operación militar fueron reportados 26 guerrilleros muertos y 2 más heridos, además de la incautación de armas.
El contexto geográfico
La zona donde fue realizado el bombardeo es estratégica, en términos geográficos, por la riqueza de las rentas que ofrece y por tratarse de una zona en la que las FARC cuenta con dominio hegemónico. Es una de pocas salidas geográficas del Valle del Río Cauca al Pacífico: ofrece un área de retaguardia y repliegue, de alta seguridad, por sus características de aislamiento, condiciones selváticas y baja densidad poblacional. En términos de rentas, es una zona de explotación de oro y platino, tanto de minería artesanal tradicional como por minería mecanizada y de explotación de maderas preciosas; además es una zona donde se concentran cultivos de uso ilícito, procesamiento y tráfico de cocaína, por lo cual ha sido foco reciente de aspersiones aéreas y operaciones de interdicción. El gobierno reveló que la operación se realizó en momentos en que integrantes de este frente guerrillero pretendían transportar un cargamento de droga.
El Frente 29
El frente 29 genera cuantiosos recursos al Bloque Occidental, los cuales se han incrementado desde comienzos del 2013, cuando el Frente comenzó a ejercer hegemonía en la región del piedemonte al Pacífico Caucano en los estuarios de Timbiquí, Guapi y López de Micay, tras las disputas que sostuvieron contra grupos paramilitares y pos desmovilización paramilitar desde finales de la década anterior. Este alto nivel de confrontación armada registrado en la zona ha generado múltiples eventos de desplazamiento forzoso masivo y un relativo confinamiento para la población que permanece bajo la hegemonía de las FARC.
Se han registrado desde 2006 continuas acciones violentas atribuidas a este frente guerrillero, entre ellas se les señala como los autores de emboscadas como las de Santa Bárbara, Nariño (25 de marzo de 2014), en donde murieron dos policías y dos más resultaron heridos; la de Guapi (23 de marzo de 2014), en la que murió un uniformado y dos más resultaron heridos o la del municipio de Olaya Herrera, Nariño (25 de marzo de 2014), en donde seis infantes de marina resultaron heridos; o más recientemente el ataque realizado contra la estación de Policía de la isla de Gorgona (22 de noviembre de 2014), en la que murió un uniformado y dos más resultaron heridos.
A este frente guerrillero pertenece la columna Daniel Aldana, una de las unidades guerrilleras que hace parte de la economía ilegal del narcotráfico en el puerto de Tumaco, Nariño. Este frente ha sido objeto de por lo menos dos operaciones conjuntas de la Fuerza Pública durante el proceso de negociación la primera de ellas fue en abril de 2013 en donde murió un guerrillero y 13 más fueron capturados; la segunda se registró febrero de este año en la que murió el tercer comandante de esta columna guerrillera, así como también de múltiples destrucciones de laboratorios e incautaciones de elementos para la elaboración de coca y armas.
Implicaciones para el proceso de paz
El levantamiento del cese unilateral por parte de las FARC genera una grave crisis en el proceso de paz y tiene serios efectos negativos en la seguridad asociada al conflicto armado en el corto plazo. Sin embargo, no es previsible que esto ocasione un rompimiento de la negociación, pero sí su suspensión.
Esta crisis, la tercera luego del secuestro del General Alzate y la reciente emboscada de las FARC en el Cauca, no fortalece las posiciones negociadoras de ninguna de las dos partes para lograr concesiones en la mesa; en lugar de esto genera un estancamiento en el proceso de paz: es previsible que el grupo guerrillero insista en la implementación de un cese bilateral previo a la firma de los acuerdos, en detrimento de la discusión de los puntos restantes.
También prevemos que continúe la pérdida de apoyo ciudadano a las negociaciones. A partir de este hecho, cualquier acción de las FARC estará magnificada en términos del impacto de la opinión frente al proceso de paz, principalmente porque la ciudadanía no se encuentra preparada para el recrudecimiento de la violencia que se espera.
Es de esperar que sectores políticos opositores al proceso de paz, así como un amplio sector de la opinión pública, pidan públicamente una ofensiva militar, y mantengan una presión para acelerar el logro de acuerdos, menores concesiones a la guerrilla y un tiempo límite para el proceso.
Este evento también evidencia una crisis en las iniciativas unilaterales de cada una de las partes encaminadas a desescalar gradualmente el conflicto con el fin de facilitar el avance de las negociaciones, como el cese unilateral y la suspensión de los bombardeos, respectivamente.
Aunque sí se presentó una fuerte disminución de la violencia del conflicto durante el tiempo de vigencia de estas medidas, no se logró consolidar un cese bilateral virtual total, debido en gran parte a la persistente participación de las FARC en actividades del crimen organizado.
Las FARC aprovechó su cese autoimpuesto para no desgastarse en el terreno militar, reentrenarse, lograr un “respiro” en la confrontación, y así mantener o mejorar su posición frente a la explotación de rentas ilegales provenientes de cultivos de uso ilícito, narcotráfico, minería ilegal, explotación de maderas y la extorsión. De hecho, como medida para proteger estas actividades, incurrieron en varios hechos violatorios al cese -como la emboscada en el Cauca-, al tiempo que llevaron a la Fuerza Pública a continuar los operativos militares contra varias de sus unidades con mayor involucramiento en la explotación de rentas. A la postre, fue una operación con una fuerte motivación antinarcóticos la que generó esta crisis.
Por el contrario, el programa de desminado humanitario puede tener un mejor resultado que las anteriores medidas, dado que es una iniciativa acordada por ambas partes desde la mesa de negociación, por lo que no es usada como un mecanismo de presión unilateral por ninguna de ellas. Además, esta medida cuenta con un diseño programático sólido y un amplio respaldo de la comunidad internacional y la sociedad civil. No es previsible que tenga los mismos costos de monitoreo y corroboración de un cese bilateral, por lo que es más pertinente que esta medida.
Mantenemos nuestra consideración de irreversibilidad del proceso de negociación, sin embargo, esta consideración está sujeta a la escala y naturaleza de la violencia que enfrentemos en el futuro cercano. Es decir, el proceso no se ha roto, pero su estabilidad depende de la respuesta violenta de las FARC o de eventuales hechos futuros de ofensiva militar del Gobierno.
Los riesgos que se prevén en materia de seguridad y humanitariaDe igual forma, es muy probable que se observe un aumento de las acciones ofensivas de las FARC contra la Fuerza Pública y la infraestructura minero-energética y vial, tanto en las zonas donde las unidades guerrilleras habían violado el cese autoimpuesto como el suroccidente del país, así como donde no se registraron acciones violatorias atribuibles a las FARC (p.e. en El Catatumbo y Meta; ver Balance cese unilateral). En particular, el riesgo de un grave deterioro en la intensidad del conflicto es alto no sólo en en la región del norte del Cauca y el sur del Valle, sino también en el Caquetá, donde la violencia asociada al conflicto ha registrado altos niveles, incluso durante la vigencia del cese unilateral.
A raíz de este hecho, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, afirman que las comunidades de las veredas San Agustín, Rosario y Naranjo del Consejo comunitario del Alto Guapi, pertenecientes al municipio de Guapi, Cauca, están en riesgo de desplazamiento. Según la Asociación, los bombardeos han generado temor en la población que habita en la región donde se registró el bombardeo. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre el riesgo de que se presenten acciones armadas por parte de las FARC en 10 departamentos. Según la Defensoría, son Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca, en los cuales existe mayor presencia de este grupo guerrillero, así mismo es posiblemente que se incrementen las acciones contra la Fuerza Pública con eventuales afectaciones a la población civil. |
¿Cómo superar la crisis?
Frente al panorama del posible estancamiento de las negociaciones y del aumento de la violencia del conflicto, la posibilidad más viable para frenar o evitar que esto suceda sería que desde la mesa se llegue prontamente a un acuerdo del cese definitivo de la violencia. Esta posibilidad depende de las actividades negociadoras en la mesa, ya que que el cese de la violencia debe ser acordado y no impuesto a través de amenazas y el usos de la violencia o establecido por fuera de los diálogos. El cese unilateral operaba como un mecanismo de presión de las FARC para que el Gobierno aceptara una suspensión bilateral de las hostilidades.
La crisis presenta una oportunidad a la comunidad internacional, representada tanto en las terceras partes que facilitan y garantizan la negociación, como por representantes de países como Estados Unidos y el Vaticano, para intervenir y catalizar el avance de los diálogos.
El balance positivo de los cinco meses del cese unilateral: ¿Una oportunidad perdida para el desescalamiento definitivo del conflicto armado?
Luego de completarse cinco meses de vigencia del cese al fuego unilateral de las FARC, la violencia de este grupo guerrillero se ha reducido pero no ha desaparecido completamente: el cumplimiento a su cese autoimpuesto ha sido incompleto, aunque la violencia se mantiene en mínimos históricos.
En el último mes se duplicó el número de violaciones atribuibles a las FARC; desde el 20 de abril se registraron 8 acciones violatorias (30% del total registrado durante todo el cese unilateral).
Nótese que este incremento se presentó luego de registrarse la acción violatoria más grave del cese unilateral –la única de esta naturaleza durante los cinco meses que duró- en la que 11 soldados del Ejército murieron y 20 resultaron heridos en una emboscada en Buenos Aires, Cauca. Este evento borró por completo en la opinión pública el efecto positivo de la reducción de la violencia, al tiempo que evidenció que continúa existiendo la amenaza de la violencia ejercida por este grupo guerrillero.
Hasta el momento, se han registrado otras 20 acciones violatorias atribuibles a las FARC, con un total de 52 víctimas, 16 mortales (15 combatientes y 1 civil) y 36 heridos (1 civil, 34 integrantes de la Fuerza Pública y 1 militar del Ejército ecuatoriano). Pese a los altos niveles de victimización de combatientes resulta muy positivo que estos hechos no han afectado ni han estado dirigidos contra a la población civil.
También se reportan otros 75 eventos (15 acciones ofensivas y 60 combates), con probable responsabilidad de las FARC, los cuales están pendientes de verificación por parte de las autoridades judiciales.
En general, tanto el nivel de víctimas, como el número de combates y acciones ofensivas de estos cinco meses, son los menores registrados por CERAC desde 1984, comparando este mismo período en cada año, desde entonces. Frente a los promedios históricos se registra la siguiente reducción de la violencia: un 85% de las acciones ofensivas de las FARC, un 73% de las muertes de civiles, un 64% de las muertes de la fuerza pública, y un 55% de los combates con las FARC.
Geográficamente, las violaciones se concentran en los departamentos donde históricamente las FARC han ejercido presencia violenta: Caquetá (4), Cauca (4), Putumayo (3), Chocó (2), Antioquia (2), Arauca (1), Guaviare (1), Huila (1), La Guajira (1) Nariño (1) y Tolima (1). La mayoría de estas acciones fueron realizadas en zonas de influencia del Bloque Occidental (7) y el Bloque Sur (6), evidenciando la capacidad operativa de estas unidades guerrilleras y los riesgos que pueden representar en un eventual posconflicto. También es diciente el bajo número de eventos con presunta participación de los bloques Oriental y Magdalena Medio.
En parte, los niveles de violencia del conflicto durante este período también han bajado por cuenta de una reducción de la actividad de la fuerza pública contra las FARC (hay menos objetivos de oportunidad en un cese al fuego) y por un natural redireccionamiento de tales recursos en contra del crimen organizado. En todo caso, no contamos con evidencia de que la Fuerza Pública haya suspendido su función de presencia territorial de área y protección de la población civil durante este período o que haya reducido su dispositivo de inteligencia o contrainsurgencia.
La escalada del ELN explica gran parte de la violencia de conflicto durante estos cinco meses, tanto en víctimas como en acciones ofensivas y combates. De hecho, pese a que se ha evidenciado un fuerte descenso de los ataques contra la infraestructura económica, tanto minero-energética como vial, todos los ataques registrados durante este año han sido atribuidos a este grupo guerrillero
Política, conflicto y paz
Luis Carlos Villegas fue nombrado ministro de defensa, en reemplazo del ex ministro Juan Carlos Pinzón, quien fue designado como embajador de Colombia en la embajada de Washington, EE.UU. El nuevo ministro Villegas, tiene un perfil empresarial y ha tenido influencia directa en el proceso de paz, ya que durante los primero meses de los diálogos de la Habana estuvo asignado como negociador plenipotenciario. Villegas ofrece garantías al sector empresarial e inversionista, en términos de la no modificación de aspectos constitucionales relacionados con el sistema económico. También trae peso político propio, experiencia y representatividad al gobierno, y permitirá establecer canales del gobierno con el sector empresarial. En términos políticos, Villegas cuenta con acceso fluido, aceptación y gran capacidad de influir en grupos de interés en Colombia así como capacidad de diálogo con el Congreso y los partidos.
Durante esta semana se llevó a cabo, por tercera vez, una reunión de la Comisión Asesora de Paz. Desde la última reunión de la Comisión, el pasado 8 de abril, se registró la acción violatoria del cese unilateral, realizada por las FARC en Buenos Aires (Cauca), lo cual contribuyó al fuerte descenso del apoyo al proceso, esta situación fue uno de los principales asuntos discutidos por la Comisión.
Al finalizar esta reunión el presidente Santos anunció que ha “decidido reforzar -el equipo negociador- con la ministra de Relaciones Exteriores y con el empresario Gonzalo Restrepo”. Estos nuevos negociadores estarían integrando la delegación del gobierno en el ciclo 37 de diálogos que inicia esta semana. La presencia de la Canciller implica establecer un vínculo de alta representatividad entre el proceso de negociación y organismos multilaterales que tienen interés en el proceso (incluyendo las Naciones Unidas, y la Corte Penal Internacional, por ejemplo), así como un aumento de la jerarquía, experticia y conocimiento de los negociadores del gobierno en materia de justicia transicional.
Fue firmado el Decreto 1019 de 2015 el cual reglamenta el desminado humanitario entre el Ejército y las FARC. Este decreto contiene el protocolo para desarrollar el plan piloto de desminado humanitario que está focalizado en los departamentos de Meta y Antioquia. Este proceso estará liderado por la organización Ayuda Popular Noruega, y cuenta con recursos recibidos de cooperación internacional para su ejecución. La firma de este decreto es un paso importante para concretar la implementación del primer acuerdo entre las FARC y el Gobierno en materia del desescalamiento del conflicto, con garantías y procedimientos claros y expeditos. Las FARC anunciaron -tras filtrarse a la opinión pública- que dos negociadores (Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape) quienes estarían encargados de coordinar ela aporte de las FARC a las labores de desminado, no lo harían y su lugar estaría siendo ocupado por guerrilleros de menor jerarquía, por razones de seguridad. Este hecho muestra los riesgos evidentes de implementar este tipo de labores de desescalamiento. En términos del impacto de la suspensión del Cese al fuego unilateral, es previsible un aumento del riesgo en el caso del Departamento del Meta ya que es un departamento fuertemente afectado por la violencia de conflicto y con una presencia marcada de este grupo guerrillero (en este departamento no hay un municipio escogido para iniciar este proceso). En Antioquia, el municipio que fue escogido para iniciar el proceso es Briceño. Los últimos dos eventos violentos registrados en este municipio datan de mediados del año 2014.
El Tribunal Superior de Barranquilla otorgó la libertad al ex paramilitar, José Gregorio Mangones Lugo, alias “Carlos Tijeras”, luego de que el postulado cumpliera los 8 años de pena alternativa como lo establece Justicia y Paz. El Tribunal estableció dos restricciones, por un lado Mangones no podrá hacer presencia en las zonas donde tuvo injerencia durante su pertenencia a las AUC y por otro no podrá tener contacto con sus víctimas o familiares de éstas. La orden de libertad no se podrá ejecutar, hasta que la Fiscalía no verifique si no existen otros procesos o penas pendientes que impidan su liberación, lo cual ha sido un caso recurrente para varios ex paramilitares que tenían orden de libertad pero por procesos pendientes no han podido recuperarla.
En Corinto, Cauca, se registraron disturbios entre indígenas Nasa y la Fuerza Pública, en el proceso de desalojo que se adelanta en las haciendas Quebradaseca y Miraflores; no se registraron víctimas. Los indígenas reclaman el cumplimiento del decreto 982 de 1999, que hace referencia a la entrega de 25.000 hectáreas de tierras que el Gobierno se comprometió en 1991, de entregar a las comunidades nativas de este departamento, y que actualmente están en propiedad de un ingenio azucarero.
En otras noticias: Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial declaró que era «simpatizante de las FARC» y merecía la misma condena que ellos.
La inseguridad durante la semana
Se registró el incendio de un vehículo de carga en zona rural de Restrepo, Valle del Cauca, el cual presuntamente fue cometido por guerrilleros de las FARC, pero es un evento que se encuentra aún pendiente por verificación de las autoridades.
El ELN realizó dos acciones violentas (1 asesinato y 1 amenaza), localizadas en los departamentos de Nariño y Norte de Santander, respectivamente. En estas acciones, murió un soldado del Ejército y fue amenazado el alcalde Sardinata, Norte de Santander, Carlos Andrés Pérez.
El EPL secuestró por espacio de pocas horas al periodista de Verdad Abierta y revista Semana, Diego Restrepo, en zona urbana de Hacarí, Norte de Santander. La víctima fue entregada ilesa a una comisión de la Defensoría del Pueblo.
La Fuerza Pública bombardeó un campamento del frente 29 de las FARC, localizado en zona selvática de Guapi, Cauca. En la operación militar murieron 26 guerrilleros y 2 más resultaron heridos.
No se registraron acciones violentas que hayan sido atribuidas a los Grupos Pos Desmovilización Paramilitar, GPDP.
Se registraron 3 combates, dos de ellos entre la Fuerza Pública y las FARC y el otro enfrentamiento se registró entre el ELN y un GPDP; localizados en los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander (ver mapa de eventos relevantes de la semana), en los que resultaron heridos 2 integrantes del Ejército y se desplazaron 415 personas de la zona rural hacia el casco urbano del municipio de Zaragoza, Antioquia.
Dos acciones violentas de tipo político (1 asesinato y 1 explosión intencional) fueron registradas en los departamentos de Boyacá y Casanare. Como consecuencia de estas acciones, un exconcejal de Pauna, Boyacá fue asesinado y una granada lanzada por desconocidos impactó en la vivienda de un concejal del municipio de Aguazul, Casanare.
En materia de acciones cometidas por grupos sin identificar se registraron 2 amenazas realizadas mediante panfletos distribuidos en los municipios de Ambalema y Mariquita en el departamento del Tolima, en los cuales amenazaban a un número no determinado de pobladores.
Se registraron dos accidentes con artefactos explosivos localizados en los departamentos de Cauca Y Tolima. En estas acciones murió una menor de edad y tres menores más y un soldado del Ejército resultaron heridos.
En la elaboración de este documento intervinieron:
María Fernanda Arocha
David Fernando Correal
Pablo Alberto Ortega
Ana Cristina Restrepo
Jorge Alberto Restrepo
