Seguridad en la frontera Colombo-Venezolana: Un problema diferenciado regionalmente

La frontera colombo-venezolana tiene problemáticas de seguridad diferentes en cada una de las regiones que la conforman.

Desde el pasado viernes 21 de agosto, la región fronteriza colombo-venezolana entre Norte de Santander y el estado de Táchira (Venezuela) presenta una grave crisis humanitaria como resultado de la declaración del Estado de Excepción por parte del Gobierno de Venezuela, el aumento de las deportaciones de Colombianos y el cierre de la frontera.

Las políticas de Venezuela buscan hacer frente a las problemáticas asociadas al contrabando de alimentos y gasolina, y a la presencia de grupos “paramilitares” colombianos en el vecino país.

Diferenciación regional de la frontera colombo- venezolana

Colombia comparte con Venezuela la segunda frontera terrestre más extensa de América Latina (con cerca de 2.219 km.), conformada por los departamentos de La Guajira, Cesar, Boyacá,  Norte de Santander, Arauca, Vichada y Guainía y por los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas.

La frontera colombo-venezolana se caracteriza por un alto grado de diversidad, de ahí que sea posible identificar cuatro regiones: (1) la región Cesar y La Guajira – Zulia, que queda al extremo norte y donde se presentan las tensiones bilaterales más fuertes por la delimitación terrestre y marítima del territorio; (2) la región Norte de Santander-Táchira, en el área andina de ambos países, que es uno de los puntos con mayor desarrollo e integración socioeconómica de la frontera; (3) la region Arauca-Apure; y (4) la región Vichada y Guainía – Amazonas, que tiene los niveles más bajos de densidad poblacional y los más altos de subdesarrollo de la frontera

La región del Norte de Santander-Estado de Táchira, en la que estalló la crisis humanitaria, tiene una de las situaciones de inseguridad más graves en comparación con el resto de regiones de la frontera y del país.

Esto se debe a la presencia de grupos posdesmovilización paramilitar (GPDP) y guerrillas colombianas en ambos lados de la frontera, así como a organizaciones criminales de cada país, que buscan controlar rentas ilegales asociadas al narcotráfico, el contrabando de gasolina y alimentos, la reventa de productos básicos en Venezuela, el microtráfico y las extorsiones a comerciantes.

Entre 2010 y 2015, CERAC registró 86 acciones unilaterales de Clan Úsuga, Los Rastrojos y las Águilas Negras únicamente en el área metropolitana de Cúcuta (AMC) (El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Villa del Rosario y esta capital). Estas acciones representan el 76% de todas las acciones por parte de GPDP reportadas en la frontera durante dicho período. El Clan Úsuga ha sido el grupo con mayor iniciativa violenta en la zona (48 acciones), seguido de Los Rastrojos (36) y las Águilas Negras (2).

 

La violencia de GPDP en esta zona de la frontera está relacionada con la incursión del Clan Úsuga al AMC, desde el 2011, y la disputa entre este grupo y Los Rastrojos por el acceso a las rentas ilegales mencionadas más atrás en esta zona, así como en los municipios fronterizos y del norte de Táchira. Los Rastrojos han sido predominantes en esta parte de la frontera, dada su rápida incursión al AMC y al vecino país, donde establecieron grupos sicariales en Táchira, Mérida y Zulia. El Clan Úsuga hace presencia en Ureña, municipio inmediatamente colindante con Cúcuta, y en San Cristóbal, capital de Táchira.

También tiene gran importancia en la región el contrabando de alimentos y gasolina de Venezuela hacia Colombia, así como la reventa de productos básicos de la canasta familiar venezolana al interior de dicho país. El contrabando está asociado a los bajos precios de estos productos en Venezuela, dadas las políticas de subsidios y control de precios de este gobierno, y a problemas de corrupción y falta de control de ambas autoridades nacionales. La reventa de productos se observa de dos formas diferentes; una controlada por grupos armados que acaparan la compra de productos y los comercializan en mercados informales e ilegales, y otra menos organizada en la que participan personas del común que buscan mejorar sus ingresos mediante esta forma (según la BBC).

Otra zona con graves problemáticas de seguridad en esta región fronteriza es El Catatumbo. Allí, las FARC hacen presencia en el corredor estratégico de movilidad hacia Arauca y Venezuela que conforman los municipios del occidente y el centro oriente de la región; así como en el sur del estado de Zulia, donde realizan extorsiones a subcontratistas de empresas petroleras y cobran impuestos al narcotráfico. El ELN, a su vez, hace presencia en esta zona fronteriza y, junto con el EPL, controlan el narcotráfico que sale por Venezuela proveniente de esta región del país.

Otra región fronteriza con graves indicadores de seguridad es el departamento de Arauca y el estado de Apure. La principal amenaza allí proviene de la presencia y actividades del ELN y las FARC. Entre 2010 y 2015, CERAC registró 332 acciones ofensivas por parte de estos grupos, correspondientes a la mitad de las acciones de grupos guerrilleros en los departamentos fronterizos. Arauca también concentra la mayor cantidad de combates guerrillas-Fuerza Pública en la frontera (41 de 99).

Dichos niveles están relacionados con el aumento de la iniciativa armada del ELN, quien aumentó sus acciones entre el 2014 y 2015 en comparación con el período 2010-2013 (de 93 a 105 acciones). Situación contraria a lo ocurrido con las FARC, que para los mismos períodos pasó de 116 a 18 acciones. Estas cifras reflejarían un presuntocambio de dominio violento en la región, toda vez que el ELN haya ganado mayor influencia entre el norte de Arauca y el sur de Apure, en detrimento de las FARC.

La región conformada por los departamentos de La Guajira y Cesar, así como por el estado de Zulia, también presenta graves problemáticas de inseguridad. La parte norte de la frontera tiene unas características similares al Norte de Santander – Táchira, en términos de presencia de GPDP y guerrillas (aunque con una presencia más limitada del ELN).

En la Costa Caribe, las zonas de la Media y Alta Guajira, han sido epicentro de una fuerte disputa por el control de rentas ilegales entre el Clan Úsuga y Los Rastrojos. Estos grupos también hacen presencia en la ciudad de Maracaibo y en otros municipios del estado de Zulia. Allí también tiene importancia el grupo de crimen organizado BACRIM de La Guajira, quien tiene control de rutas de narcotráfico con salida a Venezuela y ofrece servicios de transporte y alquiler de rutas para la salida de droga.

Finalmente, en la región conformada por Vichada y Guainía, así como el estado de Amazonas, se ha registrado una única situación crítica de seguridad asociada a la explotación de rentas ilegales asociadas a la minería ilegal por parte de grupos guerrilleros y crimen organizado.

Si bien en el pasado los dos países han logrado atender problemas graves de seguridad asociados principalmente al narcotráfico, la presencia de bandas criminales y el contrabando, estas medidas no han sido integrales ni duraderas en el tiempo. Tampoco han sido innovadoras ni han atacado de raíz los problemas de inseguridad como la corrupción de las autoridades locales de ambos paises, asi como la falta de presencia estatal. De igual forma, poco o nada se ha avanzado en una agenda bilateral para atacar el problema de la presencia de grupos guerrilleros en regiones como Arauca o La Guajira, que como se mencionó son una grave amenaza para la frontera de ambos países. Es necesario atacar de forma directa, integral y coordinada los problemas de seguridad en la frontera.

Esfuerzos bilaterales de seguridad en el pasado

En el pasado los acuerdos de cooperación a los que habían llegado el gobierno de Santos I y Chávez ayudaron a lograr capturas importantes de líderes de bandas criminales. Igualmente en el último año se mantenían diálogos entre las autoridades para avanzar en los temas de seguridad, en 2014 se acordó implementar el Plan de Choque contra el Contrabando, el cual no logró obtener los resultados esperados en materia de seguridad, a pesar de que las cifras mostraban un aumento en las incautaciones de bienes ilegales.

Autores: Pablo Alberto Ortega y María Fernanda Arocha

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