Los marcos interpretativos en las ciencias sociales y en el periodismo, tienden a sobrevalorar la continuidad histórica y geográfica de los fenómenos de criminalidad organizada.
El asesinato de 5 personas (masacre) en Bogotá a manos de sicarios de las bandas ‘Los Luisitos’ y ‘Los Pascuales’ en enero del 2013, fue un buen ejemplo de cómo se le atribuyeron características propias del paramilitarismo, la guerra de guerrillas y los carteles del narcotráfico, a organizaciones que ejercen la coerción privada en espacios muy reducidos -barrios de invasión- donde la carencia institucional, la ausencia de formalización económica y el desempleo juvenil, son una constante.
La caracterización de ‘Los Luisitos’, ‘Los Pascuales’ y ‘Los Tarazona’ como un remedo de las Bandas Criminales Emergentes1, como milicias urbanas de las FARC que emergen con el Plan Renacer2 ó como organizaciones intermedias a los cárteles del narcotráfico y las pandillas juveniles 3, son inapropiadas porque tratan de trazar una línea de continuidad con fenómenos criminales que no se parecen cualitativamente.
En principio, bandas como ‘Los Luisitos’, ‘Los Pascuales’, ‘Los Tarazona’ y ‘Los Santandereanos’ emergen como respuesta a las demandas insatisfechas de seguridad física (protección a bienes materiales), jurídica (acceso a tribunales de justicia) y económica (acceso a crédito y préstamos bancarios) de habitantes que residen en zonas de invasión, es decir, de personas que viven aisladas del circuito productivo de la ciudad.
Cuando las demandas de seguridad están insatisfechas en las periferias, aparecen familias que venden coerción. Estas familias se financian del cobro de cuotas a los vecinos y del cobro de peajes ilegales para cruzar de un barrio a otro. Obtienen información a través de las juntas comunales o de vecinos, ponen a los jóvenes desempleados a que vigilen las calles, y le recomiendan a los vecinos que golpeen con charolas o llamen al celular para reportar acciones que atenten contra la propiedad o la vida de los residentes del barrio. De esa manera logran dar rienda suelta a un servicio de seguridad y protección, que para ser eficiente, debe construir en el corto plazo una imagen de castigador implacable contra los ladrones4
En la primera etapa de las familias que cobran por dar seguridad, se extrae la mano de obra (patrulleros, sicarios e informantes) de los primos, sobrinos y tíos que se asentaron en el barrio de invasión (por lo general son familias que han abandonado sus municipios de origen). El vínculo familiar y el sentido de pertenencia a una comunidad originaria (paisa, santandereana, etc.), garantizan relaciones de confianza, solidaridad y protección frente al bajo capital social que pulula en las zonas. De ahí que la Policía haya identificado un par de bandas delincuenciales en Cazuca, Villa Nidia, Lucero Alto y Lucero Bajo que se hacen llamar como “Los Paisas”, “Los Santandereanos” y “Los Costeños”.
Sin embargo, cuando estas familias han acumulado la suficiente coerción (porque no hay rivales o competidores en el territorio que deseen prestar el servicio) y han desarrollado un código moral para justificar los actos de violencia y la severidad en los castigos a delincuentes que atentan contra la propiedad; pasan a una segunda etapa donde se vinculan a otro tipo de actividades criminales que son más lucrativas: la comercialización de drogas psicoactivas ilícitas, el manejo de la prostitución, la pornografía y la piratería.
Paradójicamente es cuando se insertan en actividades criminales diferentes a la venta de protección y seguridad, que logran llamar la atención de las autoridades estatales. Y la llaman por dos motivos: el primero, porque su inserción en mercados criminales que son perseguidos policivamente, obliga a los agentes a regular las transacciones comerciales por la vía de la violencia5; ; y segundo, porque las organizaciones delictivas con baja capacidad de producir rentas, no tienen el soporte económico para sobornar sistemáticamente a la Policía, lo que los lleva a debilitar la cohesión social de las comunidades para restringir las denuncias “ciudadanas” a la Policía6 (la intimidación que hacían ‘Los Luisitos’ a los integrantes de la Junta de Acción Comunal, es un buen ejemplo).
Los fenómenos de criminalidad en las periferias de Bogotá, no son expresiones de continuidad histórica y geográfica de otros procesos de crimen organizado que han surgido en medio del conflicto armado colombiano.
Casos como el de ‘Los Luisitos’ y ‘Los Pascuales’, deberían ser interpretados como “subculturas criminales”7, es decir, como organizaciones de origen familiar que replican generacionalmente códigos morales en los que se justifica la caza de rentas ilegales como una oportunidad de ascenso social y como un medio para adquirir bienes de consumo de marca (por ejemplo tenis y camisetas Diesel o Lacoste).
Se le añade el prefijo “sub” porque a diferencia de los combos en las comunas nororientales de Medellín y las pandillas de Aguablanca en Cali; ‘Los Luisitos’, ‘los Pascuales’, ‘Los Tarazona’, ‘Los Santandereanos’, etc. no responden a una jerarquía de mando, es decir, no obedecen y no tratan de ser disciplinados por una macroestructura criminal como la Oficina de Envigado, los Urabeños, los Machos y los Rastrojos que han alcanzado un nivel amplio de cobertura y operación geográfica en Colombia.
Dicho de otro modo: la territorialización del comercio de drogas y la extorsión no es elresultado de la competencia entre estructuras de mayor escala en el crimen organizado, por ampliar su cuota de participación en el mercado interno, tal cual ocurre en Medellín, Cali, Buenaventura y actualmente en Cartagena.
Por otro lado, a diferencia de las estructuras del crimen organizado, la prosperidad de las actividades delictivas –narcomenudeo y extorsión- no depende de generar redes de protección estatal con la Policía, el Ejército, el CTI, el sistema judicial, etc. Es decir, ‘Los Pascuales’ y ‘Los Luisitos’ no tienen en su “nómina” el pago de servicios de colaboración, delación y neutralización de la acción policiva con agencias del Estado que tengan interés en capturarlos.
Igualmente, la prosperidad de sus negocios ilícitos no depende de su relacionamiento con la clase política local para tramitar favores como orientar la ubicación de puestos de policía, cambiar el comandante de la zona, evitar la rotación de los policías que patrullan en el cuadrante, etc.
En esa lógica, ‘Los Luisitos’ y ‘Los Pascuales’, no ejercen presión en etapas pre-electorales sobre los ciudadanos para votar en favor de un candidato que contribuya a la superación de sus problemas de persecución estatal (a diferencia de Medellín, Bello, Cali y Buenaventura, donde las bandas locales sí han restringido el desarrollo de las campañas electorales y han constreñido a los votantes, como lo demostró la Corte Suprema de Justicia con las sentencias condenatorias a los ex senadores Óscar Suárez Mira y Juan Carlos Martínez Sinisterra).
En últimas, lo que la policía llama eufemísticamente como “bandas delincuenciales alservicio del narcotráfico o el microtráfico” es un error de apreciación conceptual por los argumentos esbozados. En esa lógica, sería mejor comprender estos fenómenos con el concepto de “subculturas criminales” puesto que son organizaciones barriales sin conexión alguna entre las diferentes zonas de invasión en Bogotá, es decir, las organizaciones que ofrecen protección y participan en el microtráfico y la extorsión en Cazuca, son diferentes a las organizaciones que operan en San Cristóbal Norte (barrios El Codito, Verbenal, Santa Cecilia y El Cardenal) y en el sector de Villa Nidia, porque no hay un elemento de homogeneización que surge cuando logran ser coordinadas por estructuras de mayor escala en el crimen organizado.
Las subculturas criminales se apoyan en lo que Michel Misse llama como “la acumulación social de la violencia”8. Según Misse, la acumulación social de la violencia se caracteriza por la reproducción de legados culturales donde los conflictos se resuelven mediante un recurso inmediato al arma de fuego y donde se reproducen códigos morales en los que los jóvenes aprueban sus conductas criminales a partir de consignas como “el bandido bueno, es el bandido muerto”.
Según un informe elaborado por Medicina Legal y la Policía Metropolitana de Bogotá, se observó que 2 de cada 3 muertes violentas en el primer semestre del 2013 fueron generadas con armas de fuego9, lo que refleja dos cosas: uno, la predisposición sicológica de los jóvenes (principalmente) a resolver los conflictos mediante la plomera y el rifle; y dos, muestra los incentivos para ejercer la violencia que producen códigos culturales como “el que la hace, la paga”, “el que de papaya, se le parte” y “el cementerio está en el cielo y no en la tierra”, tan arraigados en la mentalidad de los jóvenes que viven en la periferia urbana.
En las subculturas criminales, la cárcel no es la primera opción sino la segunda (los jóvenes siempre saben que la muerte está al acecho). La participación en negocios criminales como el narcomenudeo, la prostitución, la extorsión, la pornografía y la piratería, no sólo les permite generar periódicamente ingresos, sino que les da un reconocimiento y estatus social que de otra manera no tendrían. El hecho de comprar tennis Lacoste y camisas Diesel, Adidas o Nike, los hace más atractivos para las mujeres y los equipara -así sea imaginativamente- con las modas y las costumbres de la clase rica que vive en el norte de la ciudad.
Así mismo, en las subculturas criminales -al igual que en iglesias apostólicas o cristianas-hay un rito de bautizo y un proceso de “evolución espiritual”: cuando un joven ingresa a la organización del barrio recibe un apodo que está relacionado con su labor. Por ejemplo, es común que los jóvenes que “arman el bareto” o se paran en las esquinas a vender droga, reciban apodos como “cachama”, “mugre”, “perra flaca”, etc. reflejando características de animales, sustancias u objetos materiales que realizan tareas de menor cuantía.
Cuando se asciende en la escala de mando, el apodo va cambiando. Por ejemplo, el joven que coordina a otros para ubicar los expendios de droga o cuando el joven es el encargado de evitar las incursiones territoriales de otro grupo vendedor, recibe apodos más tenebrosos como “araña”, “mala madre”, “chuzo”, etc.
Y cuando finalmente logra ascender hasta posiciones de mando -en caso de no haber sido arrestado o asesinado, que es lo más probable- recibe apodos que exaltan grandeza, respeto y hermandad como “Don”, “El Doctor”, “El Patrón” o “El Primo”. Estos apodos tienden a representar simbólicamente la acumulación de redes de protección que garantizan a los integrantes más vulnerables de la organización una vida tranquila en la cárcel. De hecho, en las subculturas criminales, un incentivo que tienen los jóvenes para arriesgar su vida y su libertad, está relacionada con las funciones de espionaje de todos los integrantes del grupo para hacer que la novia o la esposa de la persona que fue arrestada, vaya periódicamente a la cárcel y evite cambiarlo por otro hombre.
Este respaldo es suficiente para que un joven corra el riesgo de delinquir y asesinar. La “moralidad” que se forma en la periferia de la ciudad -para utilizar el arma, para tener acceso a bienes de consumo de marca y para proteger el “patrimonio sentimental” de los miembros del grupo-, busca neutralizar las acciones de persecución policial y los costos que implican la imposición de un Estado de derecho en zonas deprimidas de la ciudad.
Es por eso que esta caracterización del fenómeno de violencia homicida debe incidir en el tratamiento que se le debe dar a la política de seguridad urbana en Bogotá. Las incautaciones y los arrestos -estrategia preferida por la Policía- son como jugo de zanahoria para la ceguera, pues estas medidas policivas son neutralizadas por los códigos morales y culturales descritos que han surgido en las periferias de Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe y San Cristóbal.
En ese sentido, se requieren medidas integrales de formalización económica, acceso a créditos, función cívica de la policía a través de los cuadrantes (transporte a pie en vez de transporte en moto), campañas de responsabilidad social empresarial, pavimentación de vías, garantías de protección a las Juntas de Acción Comunal –para fortalecer su capacidad de denuncia-, integración de los barrios a un sistema público de transporte masivo y decoro de lugares de esparcimiento común (parques). Esta sería una alternativa viable para combatir a las subculturas criminales y así logra posicionar el Estado Social de Derecho en el sur y nororiente de Bogotá.
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1 Sí hay Bacrim en Cundinamarca y quieren llegar a Bogotá: Nuevo Arco Iris”. Disponible en:
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/si-hay-bacrim-en-cundinamarca-y-quieren-llegar-a-bogota-nuevo-arco-iris/20130227/nota/1849857.aspx
2 Tesis defendida por Germán Sahid en el Programa “Las cosas que pasan” realizado por la emisora Javeriana Stéreo. Ver entrevista en 1:18 – 1:20, en:
3 Ariel Ávila (El Espectador, 17 de enero de 2013), ¿Qué nos enseñan ‘Los Pascuales’?. Disponible en:
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-397240-nos-ensenan-los-pascuales
4 Robert Dur & Joël van der Weel (2011), Status-Seeking in Criminal Subcultures and the Double Dividend of Zero-Tolerance, en Discussion Paper Series, IZA.
5 Peter Andreas & Joel Wallman (2009), Illicit Markets and Violence: What is the Relationship, en Revista Crime, Law and Social Change, vol. 52, pp. 225 – 229
6 Este mecanismo es observado por Alberto Díaz, Beatriz Magaloni, Aila Matanock & Vidal Romero (2011), Living in Fear: Mapping the Social Embeddness of Drug Gangs and Violence in Mexico”. Disponible en:
http://irps.ucsd.edu/assets/001/502978.pdf
7 Richard Cloward & Lloyd Ohlin (1969), Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gangs”, Free Press.
8 Michel Mise (2010), La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y Brasil: algunas reflexiones, Revista Co-Herencia, vol. 7, no. 13, Universidad Eafit.
9 El Tiempo (18 de agosto de 2013: Venganzas y riñas causan 2 de cada 3 homicidios en Bogotá”). Disponible en línea: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13002810.html
