Sector extractivo, multinacionales y seguridad: un debate abierto e inconcluso

Publicado por Razónpublica.com , el 3 de febrero de 2013.

En un artículo reciente –“La guerrilla se ensañó con Ecopetrol”-, la Revista Dinero contabilizó en lo corrido del año 2013 dos atentados del ELN contra el oleoducto que va desde Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre).

El título del artículo llama la atención, pues es difícil recordar en los últimos tres años, que empresas multinacionales del sector extractivo como Pacific Rubiales, Cepcolsa y La Drummond, hayan sido objeto de atentados con artefactos explosivos a la infraestructura de transporte de crudo ó a la línea férrea, de las que son copropietarias o concesionarias.

Los archivos de prensa demuestran que la mayoría de atentados se han concentrado geográficamente en zonas históricas de retaguardia de frentes guerrilleros de las FARC y el ELN, esto es, en el Catatumbo, Arauca, Bajo Putumayo y el andén pacífico nariñense y caucano. Sin embargo, el hecho de que estas regiones sean de  retaguardia no son condición suficiente para explicar los atentados, pues en La Guajira, donde el frente 59 de las FARC está diezmado, quemaron el año pasado, dos camiones al interior del complejo minero de Cerrejón y le hicieron seis atentados a la línea férrea.

En esa lógica, es interesante preguntarnos, ¿qué explica la intensidad de los ataques a infraestructura petrolera y minera?, ¿por qué se da tanta variación regional, esto es, por qué los ataques se concentran en Catatumbo y Arauca, y no el nororiente del Meta?, ¿por qué la guerrilla “se ensañó” con Ecopetrol –parafraseando a Dinero-?

Estas preguntas no son fáciles de responder pues existen tres limitaciones para tener acceso a la información: uno, el subregistro de noticias sobre ataques a infraestructura minera y de hidrocarburos (lo que impide hacer análisis estadísticos que sean representativos); dos, la discrecionalidad y confidencialidad con la que las compañías multinacionales del sector extractivo, manejan sus cifras sobre seguridad; y tres, un problema de cuantificación, pues los tipos de contratos que firman las compañías con Ecopetrol determinan qué participación y responsabilidad tiene cada una de las partes, sobre la protección de los tramos de los oleoductos.

En ese sentido, no siempre es fácil estimar de quién y dónde estuvieron las fallas, puesto que hay un componente de interdependencia y corresponsabilidad alto entre las compañías y Ecopetrol (por ejemplo, decir que la guerrilla se ensaña contra Ecopetrol, podría ser una falacia inductiva, pues Ecopetrol es la empresa que es poseedora de la mayor cantidad de kilómetros de oleoductos en el país, por tanto, su tamaño aumenta el riesgo de exposición a ataques, a diferencia de otras compañías que disponen de menos kilómetros ó que simplemente concesionan la infraestructura de transporte a Ecopetrol).

Aclaradas estas limitaciones, uno de los factores que contribuye a explicar esas “variaciones regionales”, son las “herencias institucionales del conflicto armado”, es decir, los efectos que trajo sobre las instituciones locales, la cooptación de espacios de gobierno por parte de los grupos armados irregulares. Por ejemplo, en el nororiente del Meta y Barrancabermeja, se puede observar la persistencia de varios elementos de paramilitarización de la seguridad -a pesar de las desmovilizaciones masivas del Bloque Central Bolívar y las Autodefensas de Meta y Vichada-: reciclaje de desmovilizados en empresas de seguridad privada, redes de información e inteligencia producidas y administradas desde las Juntas de Acción Comunal, relaciones de coexistencia tácita entre agencias de seguridad estatales y Bacrim (no necesariamente, las relaciones indican colusión o corrupción sistemática); y gobernantes locales en ejercicio que han sido mencionados en versiones libres por sus vínculos con comandantes paramilitares.

Coincidencialmente, en estas zonas no han ocurrido atentados recientes o al menos, no ha sido de conocimiento público. Queda la pregunta si esta es una coincidencia en realidad, o si los legados del paramilitarismo incluyen una mayor seguridad para la operación extractiva en estas zonas.

Sin embargo, este factor no es el único pues existe un menú adicional de razones:

  • la geografía (la naturaleza montañosa o llanera determina la rapidez del despliegue de tropas y el funcionamiento de mecanismos de control territorial);
  • el gobierno corporativo de las empresas (sí están dispuestas o no a beneficiarse indirectamente de la paramilitarización de la seguridad, así no financien o participen de la estructura de mando del aparato armado ilegal);
  • la  militarización de las zonas (aplicación efectiva de convenios de seguridad con Ministerio de Defensa para instalar batallones en áreas de operación); y el descontento social con la actividad extractiva (facilita el reclutamiento y entrenamiento de mano de obra especializada en poner artefactos explosivos, y hace que las comunidades sean desinteresadas o reacias para denunciar  hechos “sospechosos”)

Todos estos son factores estrechamente relacionadas con la forma y los dispositivos que emplean las multinacionales del sector extractivo para generar orden y seguridad en sus áreas de operación y pueden estar también explicando la intensidad y distribución de la violencia.

Por ahora el debate está abierto. Sería ideal que Ecopetrol, el Ministerio de Defensa y el mismo Colciencias, financien investigaciones  que permitan dar respuestas a los interrogantes planteados.

No sólo el futuro de las regalías está en juego (que dependen de la producción, y los ataques a infraestructura disminuyen el volumen de producción), sino también, las condiciones de vida de muchos civiles que han visto como ante atentados a la infraestructura petrolera y minera, se les han incrementado los riesgos de vulneración a los DDHH: detenciones preventivas (sin orden judicial), controles milimétricos a la movilidad física y estigmatización para ejercer su derecho de asociación sindical.

 

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