Originalmente Publicado en El Heraldo | 26/10/2006
Colombia mantiene hoy día relaciones mucho más estrechas con el exterior que en el pasado. Pero el resto del mundo ano entiende bien la problemática colombiana. Colombia requiere de cooperación y ayuda para poder afrontar de manera eficaz el conflicto armado, su principal problema de desarrollo. Avances en este frente también le convienen a los Estados Unidos, Europa y los países vecinos de Colombia. Pese a ello, aún persiste una concepción errónea acerca de la naturaleza del conflicto interno colombiano en organismos multilaterales, gobiernos y el sector privado en el exterior.
En primer lugar, algunos analistas designan con frecuencia a las guerrillas como «narcoterroristas», buscando deslegitimarles y al tiempo aprovechar los fuertes sentimientos antiterroristas y antidrogas en Estados Unidos. Este vocablo retrata a las guerrillas como si estuviesen más interesadas en proteger su negocio de narcóticos que en lograr la toma del poder mediante el uso de la fuerza. Esta caracterización es errada.
Claro está que las guerrillas son jugadores en el negocio de las drogas. Como también es cierto que los cada vez más frecuentes ataques con explosivos son terrorismo puro y simple. De hecho, las bombas de la guerrilla causan la gran mayoría de las heridas a civiles en el conflicto colombiano. El record del ELN es sólo un poco menos atroz que el de las Farc.
El problema está en que las actividades de la guerrilla van mucho más allá de los narcóticos y el terrorismo. Aproximadamente una cuarta parte de los ataques de la guerrilla no son primariamente ataques terroristas sino que estdirigidos en contra de la infraestructura (destrucción de oleoductos, de redes de conducción de electricidad y de medios de transporte).
Otro veinte por ciento de la actividad histórica de la guerrilla lo constituyen los bloqueos y retenes en las vEstas actividades generan pocos ingresos y sí provocan la reacción del Estado y de los paramilitares, lo que más bien complica los esfuerzos de la guerrilla para redituarse del negocio de las drogas. Este tipo de actividades son sólo consistentes con el objetivo de desafiar el poder del gobierno.
En segundo lugar, un supuesto común es que la guerrilla deriva la gran mayoría de sus ingresos del tráfico de narcóticos, de manera que se asume que el éxito en la erradicación de las plantaciones de coca y amapola les inhabilitaría financiera y militarmente. Pero las guerrillas tienen una base de ingresos diversificada con fuentes que van desde el secuestro hasta la apropiación de tierras, pasando por la extorsión y el abigeato. Es necesario, por tanto, ser bastante creativos si de lo que se trata es de atacar simultáneamente todos estos frentes financieros. El desarrollo de una base catastral y de registro de instrumentos públicos, transparente, completa y –valga la redundancia– pública, sería un gran comienzo. Por un lado, fortalecería la lucha en contra de la expropiación de tierras al tiempo que reduciría los incentivos para el desplazamiento forzado. Por otro, al exponer la identidad de los propietarios en aquellos sitios en los que se siembran cultivos ilícitos, podrofrecer una alternativa a la costosa erradicación por aspersión aérea.
En tercer lugar, técnicos y diplomáticos tratan a los grupos paramilitares como si fuesen una secuela desafortunada del conflicto, más que un elemento central de este. En los últimos ocho años los paramilitares no sólo han participado en el tráfico de drogas sino que han sido responsables de más de cinco veces el número de muertes de civiles fuera de combate que la guerrilla.
Se arguye que la provisión de «seguridad» privada por parte de los paramilitares es un reflejo de la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad pública a nivel local y que el problema guerrillero es el más fundamental de los dos. Aún si esto fuese cierto y esa fuere la única razón para la existencia de grupos de paramilitares o de grupos de autodefensas, esto no excusa la ausencia de una política vigorosa en contra del paramilitarismo. La gran maquinaria paramilitar es un problema que Colombia y sus socios deben tomar por los cachos.
Una coalición de congresistas de diversos matices logró llegar a un consenso, en un ejercicio de concertación poco usual en el Parlamento colombiano, para proveer un marco normativo para el desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de los grupos armados no estatales que hacen parte del conflicto. Si bien el proyecto propone un límite de diez años a las penas de prisión, también establece un tribunal especial independiente del gobierno, requiere la restitución de propiedad adquirida ilegalmente y obliga, para la obtención de beneficios, a la cooperación en los procesos que se cursen en el tribunal de verdad y reconciliación. El gobierno colombiano y los gobiernos del exterior tienen en este proyecto una oportunidad úpara construir un marco legal concertado para reducir la violencia del mañana sin negar derechos mínimos a quienes la sufrieron en el pasado.
El proyecto de ley también reclama al Estado presencia institucional en aquellas zonas donde los paramilitares se desmovilicen. Esta es una propuesta costosa, pero vital. De permitirse un vacío institucional se estaría cursando una invitación para que grupos de narcotraficantes, guerrillas e incluso de nuevos paramilitares prosperen y se expandan.
Las fuerzas de seguridad ya se emplean al máximo a lo largo y ancho del terreno selvático y montañoso de Colombia. Si bien siempre pueden lograrse mejoras y aumentar la eficiencia, las fuerzas militares no pueden estar en todo lugar todo el tiempo. Más del 70% de las víctimas en masacres de los paramilitares vivían en uno de los cientos de municipios con una densidad de población menor a tres personas por kilómetro cuadrado. El costo de proveer seguridad pública en las áreas más remotas, que es donde las personas son más vulnerables, sería enorme. El electorado urbano se resistiría de seguro a financiar tales gastos. En nuestra opinión es necesario el desarrollo de instituciones de seguridad pública locales, financiadas por impuestos locales, conformadas por gentes de la zona, pero bajo entrenamiento, supervisión y control de las instituciones del orden nacional. De esta manera se complementaría el paquete de DDR de los grupos paramilitares.
Sin lugar a dudas el apoyo internacional a las negociaciones con los paramilitares ha sido frío. Los organismos multilaterales (con la notable excepción de la OEA), los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, que en otros casos han apoyado de manera decidida procesos de DDR de grupos guerrilleros en Colombia y otros países, no quieren tener nada que ver con los procesos de DDR de los grupos paramilitares, que se suceden con mayor frecuencia cada semana. Este distanciamiento, irónicamente, hace que se esté desaprovechando una oportunidad para reducir la violencia, hacer justicia y contener el tráfico de drogas y de armas en uno de los países más violentos del mundo. Los países, vecinos de Colombia, Europa y Estados Unidos tienen todos mucho que ganar. Por lo que no deben ser inferiores a esta oportunidad.
Por JORGE A. RESTREPO y MICHAEL SPAGAT
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