Publicado en Octubre 26 de 2013 en ElEspectador.com
La aprobación en el Congreso de la norma que permite la realización del “referendo para la paz” es una noticia positiva para el proceso de paz. Sin embargo, como ya es costumbre legislativa en Colombia, los detalles tienen beneficiario con nombre propio.
Las Farc han recibido la noticia con tono negativo, pues consideran que el Gobierno ha actuado unilateralmente sobre el último punto de la agenda de negociación, la “implementación, verificación y refrendación” del acuerdo final. No obstante, la lógica política con la que actúa el Gobierno es adecuada porque, a la vez que ofrece a la insurgencia una garantía creíble de que lo acordado en la mesa será respetado, plantea un mecanismo claro y sin lugar a ambigüedades para marcar el fin de las negociaciones.
Los politólogos argumentan frecuentemente que la prolongación de las guerras civiles obedece a la falta de garantías creíbles de que, una vez los insurgentes entreguen las armas, el Gobierno cumplirá con lo pactado durante la negociación. Al fin y al cabo si el Gobierno llegó a la mesa en primer lugar es por la capacidad de producir violencia organizada que tiene la insurgencia. Una vez se desmovilicen esa baza de negociación habrá desaparecido y en la lógica cínica que rige el realismo político no existe ninguna razón por la cual esperar que el Gobierno cumpla con la palabra empeñada.
La solución tradicional a este dilema ha sido la de un garante internacional. Sin embargo, la propuesta del referendo es, en mi opinión, una mejor opción por varios motivos. Destaco el más importante: la refrendación de un eventual acuerdo final por el constituyente primario implica un mandato popular jurídicamente vinculante para quien quiera que gane las elecciones presidenciales en el futuro. La legitimidad derivada del ejercicio electoral unido al carácter legalmente vinculante del resultado (en un país, no se olvide, de tinterillos) son una garantía superior a la de un garante internacional.
En cuanto a un marcador para el final de las negociaciones, su necesidad se hace evidente frente a la propuesta de las Farc: una asamblea constituyente para “refrendar” el acuerdo final. “Refrendar”, entre comillas, porque ni siquiera en la infinita miopía política de las Farc puede alguien pensar que: 1) una asamblea constituyente se reúne para simplemente refrendar un texto previamente redactado, 2) o que tenemos suficiente información sobre la composición de la hipotética asamblea como para dar por sentado que se refrendará el acuerdo.
No se necesita gran sofisticación política para inferir que lo que las Farc realmente pretenden es expandir los temas de negociación en esa hipotética asamblea, en la percepción quimérica de que harán la revolución por constitución (para parafrasear la expresión de López Michelsen de “revolución por contrato”). Tal propuesta refleja no sólo la torpeza política de las Farc, incapaces de ver que las fuerzas electorales de la Colombia de hoy hacen más probable un resultado autoritario que progresista en una eventual constituyente, sino también su pretensión de imponer una agenda de discusión sin límites temporales ni temáticos que, además de indeseable, es a todas luces políticamente inviable. Ni el régimen, ni el votante medio aceptarían tal propuesta.
Así, la aprobación del referendo es una movida política inteligente del Gobierno, que fija un mecanismo inamovible para el cierre de las negociaciones que a la vez que abre una puerta (la de garantías creíbles), cierra otra con contundencia (la de una extensión temporal y temática de la negociación).
Ahora, con desánimo, hay que añadir un pero. Establecer que el referendo puede votarse simultáneamente con las elecciones legislativas o presidenciales es inconveniente, ya que subordina la discusión sobre los contenidos del acuerdo y la posibilidad de un consenso nacional por la paz a la competencia política.
El estado actual de la negociación y el calendario electoral sugieren que el cálculo gubernamental es convertir las elecciones presidenciales en un referendo por la paz políticamente indisociable de la reelección de Santos. Si en efecto el acuerdo final es sometido a aprobación popular en las próximas elecciones presidenciales, el Gobierno nos habrá forzado en un acto megalómano a atar su destino político con el de la guerra y la paz en el país.
El inconveniente y mezquino cálculo puede resultar en un debilitamiento del referendo como un mecanismo de garantía creíble, pues será difícil distinguir qué tanto de la votación en el referendo corresponde a un apoyo (o rechazo) genuino al acuerdo y qué tanto corresponde al simple efecto mecánico sobre la votación total del referendo que tendrá la movilización electoral por la Presidencia. Aun si es aprobado con mayorías amplias, el mandato sería políticamente ambiguo, haciendo que el mecanismo pierda efectividad como garantía de estabilidad política en el mediano plazo. La inconveniencia de las normas hechas a la medida presidencial.
