Durante lo transcurrido de este año, han sido innumerables los informes que buscan dar cuenta de la dramática situación que se vive en Buenaventura. Sin embargo, pese a que estos reportes han ayudado a visibilizar las diferentes problemáticas que azotan al principal puerto colombiano sobre el Pacífico, esta situación o situaciones están lejos de ser nuevas.
Aunque son muchas las problemáticas que vive el puerto de Buenaventura, la que ha llamado más la atención de la opinión pública es aquella relacionada con las llamadas ‘casas de pique’, en las que integrantes de organizaciones criminales asesinan, torturan y descuartizan a pobladores del puerto.
Ante dicha problemática, se han planteado dos tipos de soluciones, provenientes de autoridades locales. La primera, la del gobernador del Valle, es la de privilegiar la misma estrategia que se ha venido implementado y que no ha arrojado resultados positivos: militarizar el puerto. La segunda, es la del alcalde de Buenaventura, en la que se plantea la destrucción de las ‘casas de pique’.
Con respecto a la primera propuesta, la de aumentar el pie de fuerza militar en Buenaventura, es evidente que los problemas del puerto no pasan por la presencia de cuerpos de seguridad militares. Buenaventura cuenta en estos momentos con dos batallones de la Armada Nacional y con casi mil policías dedicados a combatir a las organizaciones criminales. Las fuerzas militares, no son órganos de persecusión del crimen, y los problemas del puerto no son de tal naturaleza que la represión militar con alto poder de fuego y control de área sirvan. Tampoco son tal naturaleza que pongan en riesgo la seguridad nacional.
Con relación a la segunda propuesta -tumbar las casas de pique- aunque es innovadora, raya en lo ridículo: Pensar que al destruir las instalaciones en las que se comenten este tipo de crímenes es la solución para todos los problemas del puerto, es tan absurdo como pensar en destruir la cama cuando se descubre a la pareja siendo infiel en dicha cama.
La situación de ‘La puerta de Colombia al Pacífico’, no admite este tipo de planteamientos en los que se establecen soluciones simplistas y que no llegan a ser ni catalogadas de cortoplacistas. Es imposible que a dos mandatarios locales que, en la teoría, deberían conocer las necesidades de los entes territoriales que gobiernan, no atinen a proponer salidas efectivas que den cuenta de la dramática situación que se vive en Buenaventura.
Plantear este tipo de soluciones es, en última, subvalorar todas las demandas de los pobladores del Puerto y de los diagnósticos ya mencionados, en los que se resaltan los niveles de marginalidad de los habitantes del pueblo y de la debilidad de las instituciones locales que no han podido prestar servicios básicos a sus pobladores.
Una estrategia integral de intervención hacia Buenaventura no puede dejar de plantear estrategias como el fortalecimiento de la seguridad con un enfoque en la protección de los pobladores. Pero no puede ser esta la única estrategia. Se debe brindar seguridad en materia de derechos de propiedad (que en últimas, es lo que permite que estas viviendas sean despojadas y usadas por los grupos criminales), junto al acceso a servicios básicos como lo es la salud, la educación y el agua.
Por años, los pobladores de Buenaventura han manifestado su inconformismo derivado de un desarrollo derivado del puerto, pero que se da de espaldas a la ciudadanía. Este es el momento para darse la vuelta y adoptar medidas efectivas que lleven el desarrollo a todos los habitantes del puerto.
