Cerca del cuarto mes de cese unilateral al fuego propuesto por las FARC, se registra el undécimo evento violatorio realizado por este grupo guerrillero. Esta acción, en la que 11 militares murieron y 20 quedaron heridos en una emboscada en Timba, Cauca, es la más grave violación al cese, pero no sólo eso, también es un duro golpe al ritmo y apoyo al proceso de paz, y evidencia los riesgos que traería un previsible recrudecimiento de la violencia en el suroccidente del país.
Desde el 15 de noviembre de 2012 no se presentaba una acción ofensiva guerrillera similar, cuando murieron 11 militares en una emboscada en Tame, Arauca. Sin embargo, el impacto político que llegaría a tener esta clase de eventos es mucho más grave ahora, en tanto se presenta en el marco de un gran esfuerzo entre las partes por desescalar el conflicto, avanzar en la discusión de los temas más difíciles de la agenda (víctimas y desmovilización), y en un cambio de tendencia, al fin, favorable hacia el proceso de paz en la opinión pública.
El hecho también evidencia las dificultades que existen para menguar la guerra en el suroccidente del país, tanto en el difícil contexto de una negociación en medio de las hostilidades como en un eventual proceso transicional. Según la información recopilada por CERAC, mientras que una gran parte del territorio nacional ha disfrutado de los dividendos de paz asociados a la disminución de la violencia entre el Estado y las FARC en los últimos cuatro meses, sólo en el Cauca se han registrado 5 de las 11 acciones violatorias al cese, y 9 de los 16 combates entre estos grupos en dicho período. Estos eventos reportan, a su vez, altos niveles de víctimas entre los combatientes, y afectan gravemente la seguridad e integridad de los civiles que habitan las áreas rurales donde el conflicto suele concentrarse.
Lo anterior no es sino el reflejo de lo que ha sido esta región en la historia del conflicto en los últimos años: el principal epicentro de la acción guerrillera, dada la presencia de las unidades más poderosas de las FARC y de algunos frentes del ELN; un territorio estratégico para grupos posdesmovilización y organizaciones criminales interesadas en el control del narcotráfico, y el contrabando; así como un escenario de fuertes tensiones sociales por la tierra, y la explotación de recursos minerales. Para la fuerza pública, la región conformada por Cauca, Valle y Nariño es una de las mayores prioridades en la agenda de seguridad.
En ese sentido, la posibilidad de que los frentes guerrilleros del suroccidente del país retomen definitivamente su iniciativa armada generaría unos riesgos muy graves en seguridad y construcción de paz. Por un lado, incrementaría aún más la intensidad el conflicto en la zona y con ello la afectación a la población civil, lo que terminaría por minar el apoyo ciudadano al proceso de negociación. Por otro lado, favorecería que algunas de estas unidades guerrilleras no se sujeten a la negociación y queden como una rueda suelta en el posconflicto. Así, dado que las FARC han demostrado contar con recursos militares y políticos en la región, tener acceso a un amplio espectro de rentas ilegales, e interferir en las reivindicaciones de las poblaciones bajo sus zonas de influencia; las hipotéticas unidades disidentes tendrían combustible para continuar operando y amenazar la seguridad regional en el largo plazo. Dichas unidades constituirían un problema similar al EPL en la región de El Catatumbo, aunque en un territorio mucho más extenso y con acceso directo al mar.
Por lo tanto, más allá del impacto político y mediático que generará esta nueva violación al cese unilateral por parte de las FARC, los equipos negociadores deben hacer todo lo posible por apaciguar cuanto antes la violencia del conflicto en regiones como el suroccidente del país y en departamentos como el Cauca. Si logran hacerlo, como sociedad estaríamos dando un paso definitivo para cerrar el conflicto y construir un escenario más propicio para la consecución de la paz. No hacerlo podría atravesar obstáculos a las negociaciones y, lo que es peor, dejaría activas graves amenazas territoriales en un escenario transicional.
