El comandante de las FARC, alias Timochenko, acaba de publicar un comunicado criticando al Presidente Santos por sus actuaciones y pronunciamientos en torno al secuestro del general Alzate y sus dos acompañantes, así como de los dos militares secuestrados en Arauca.
Según Timochenko, el Presidente rompe las reglas de juego establecidas para las negociaciones en dos sentidos: en primer lugar, porque le solicita a las FARC entregar a las personas secuestradas, aunque para Timochenko dichos militares serían prisioneros de guerra retenidos por uno de los grupos en conflicto. En segundo lugar, porque suspendió las negociaciones hasta la entrega de los secuestrados, violando el principio de que la Mesa de negociación no se afectaría por lo que ocurra en el medio del conflicto.
Termina el comandante guerrillero reiterando que las Fuerzas Militares colombianas están realizando operaciones en Chocó que pueden poner en riesgo la integridad de los secuestrados y afirmando que la actuación del Presidente ha afectado la confianza entre las partes, por lo que se deben hacer algunas consideraciones antes de reiniciar la negociación.
A juicio de CERAC, el pronunciamiento de Timochenko plantea nuevas dudas en torno a si fue superado definitivamente la crisis en el proceso de negociación ocasionado por el secuestro del general Alzate.
En primer lugar, el hecho de que la dirigencia de las FARC se pronuncie en este sentido evidencia las divisiones internas en el grupo guerrillero en torno a las condiciones del proceso de negociación. Mientras los negociadores en La Habana respondieron ágilmente a la solicitud del Gobierno Nacional en torno a la necesidad de liberar a todos los secuestrados, como condición sine qua non para el desarrollo de las negociaciones, el máximo comandante de este grupo guerrillero volvió a apelar a la retórica justificadora del secuestro de los militares bajo el discurso de la toma de prisioneros y la retención de militares por parte de una fuerza insurgente.
El debate, más allá de su aspecto teórico y su contenido conforme al derecho internacional humanitario, deja ver que una parte importante del grupo insurgente desconoce las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo las negociaciones: la opinión pública colombiana ha rechazado claramente cualquier acción guerrillera relacionada con el secuestro o la retención de personas, sean civiles o militares. En el pasado, estos hechos generaron o acrecentaron el rechazo de una parte importante de la sociedad frente al grupo guerrillero.
En segundo lugar, el episodio genera nuevos desafíos para el avance de los diálogos. De ser cierta la posición de las FARC en relación a cómo la suspensión de los diálogos por parte del presidente afectó la confianza del grupo guerrillero en el proceso, es probable que las partes tomen parte del tiempo de las negociaciones en el futuro para reconstruir dicha confianza. Si eso ocurre, la firma del acuerdo final no está tan cerca como todos esperamos.
