En el marco de las negociaciones entre el Estado y los Nasa, es necesario que las partes lleguen a unos mínimos comunes que están atravesados por dos posiciones aparentemente irreconciliables. Llegar a un acuerdo que permita la presencia del Ejército en el Cauca, como grupo estatal que hace parte del conflicto, y el reconocimiento, al mismo tiempo, de la autoridad y autonomía indígena serán dos temas claves para que esta negociación logre avanzar en el cese de la violencia del conflicto en este departamento.
Para los indígenas es ineludible que se traten tres temas principales. Como primer punto, le pedirán a la Fiscalía que se abstenga de judicializar a las personas que golpearon y desalojaron a los uniformados que custodiaban la base militar a las afueras de Toribio (Cauca). En segundo lugar, le solicitarán al Gobierno que deje a un lado la estigmatización y no los relacione con las FARC, para lo que piden una aclaración pública al respecto. Pero lo fundamental, lo que están pidiendo tanto al Gobierno como a las FARC es que no militaricen su territorio, y así evitar que violenten sus lugares sagrados, como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades el líder Nasa, Feliciano Valencia.
Este tercer punto, sin duda es el más polémico y el que está en la base del conflicto entre los diferentes cabildos en el Cauca y el Gobierno Nacional.
El Gobierno señala que en tiempos de guerra es obligación del Estado proteger a la población civil y buscar el control, a través de la Fuerza Pública, de todo el territorio nacional, y es un punto que no está dispuesto a ceder. Es más, su argumento se sustenta en un mandato constitucional que no puede delegar en la población civil. Como lo afirmó el exconstitucionalista Carlos Gaviria, si bien la Constitución concede autonomía territorial y de justicia a las comunidades indígenas, esto no quiere decir que se sustraigan del Estado, y menos en épocas de guerra o conflicto.
Sin embargo, hacer cumplir la obligación de las FFMM en el contexto del Cauca no es tan simple como lo plantean los constitucionalistas. No hay que perder de vista que Colombia también se ha adherido a varios tratados internacionales sobre los derechos de los indígenas. Entre esos, a La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 30 dice que no se pueden desarrollar actividades militares en territorios indígenas, a menos de que exista una razón de interés público o que se haya acordado previamente con los pueblos indígenas.
Según el representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, históricamente las comunidades en el Cauca no han sido tomadas en cuenta ni se les ha consultado para combatir a la guerrilla y retomar el control de estas zonas por parte del ejercito; así esta situación puede ser la oportunidad para que el Estado consulte a los indígenas y reconozca que puede hacerlo aún en el conflicto armado, lo que a lo sumo generaría la confianza necesaria en las FFMM y enviaría un mensaje concreto de inclusión y reconocimiento del pueblo Nasa; no a pesar de lo consagrado en la constitución, sino en el espíritu mismo de la norma.
Pero más allá de los aspectos normativos, la situación en el Cauca debe tener un tratamiento práctico. Al final, estas dos partes tendrán que sentarse a resolver una pregunta urgente ¿Cómo sentar las bases para construir un cese de la violencia en el Cauca?
Para responder a esta pregunta es clave llegar a un acuerdo al restringir la presencia del ejército al interior de los cabildos indígenas, lo cual permitiría que la guardia indígena ejerza el control del orden público al interior de sus territorios, mientras que la Fuerza Pública se encarga de vigilar la periferia de estos territorios e impedir el acceso de los grupos armados ilegales y del narcotráfico. De esta forma se evitaría que la población indígena se viera afectada por los combates entre la guerrilla y el ejército, así como de ataques directos por parte de los grupos ilegales, como reclutamiento de menores, la violencia sexual, y el ataque a la población con armas de efecto indiscriminado. Además esto abriría la posibilidad para que no solo el Estado genere estrategias que le permitan a la comunidad Nasa confiar en sus instituciones, incluyendo al ejército y la policía, sino que también incentivaría a las comunidades indígenas a cooperar con los funcionarios públicos en la búsqueda de salidas concretas al problema de la violencia. Seguramente sea el primer paso para diseñar estrategias conjuntas que permitan no solo reducir la violencia de la zona, sino que la presencia del Estado se acomode a las necesidades concretas de los indígenas, que en este caso es la autodeterminación y la autonomía en sus territorios
