Los hechos que generaron la crisis
Los miembros del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich, participaron en un evento a favor del proceso de paz en la plaza pública del municipio de Fonseca (Guajira), ante habitantes e integrantes de juntas de acción comunal.
Este hecho fue fuertemente criticado por el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de La Calle, quien afirmó que las FARC rompieron lo acordado en torno a la participación de líderes guerrilleros en eventos de socialización y pedagogía a favor del proceso de paz únicamente con combatientes de esta guerrilla y no con la población civil. Según De la Calle, “Para el Gobierno, una regla fundamental de este acuerdo es que no habrá política con armas”, por lo que le solicitó a la CICR y a los países garantes que “coordinen (la) devolución a La Habana de (los) negociadores de las FARC”.
Análisis
La salida fallida de las FARC a la plaza pública generó una crisis inesperada en el proceso de negociación, al tiempo que evidenció las dificultades que tienen las partes para iniciar una campaña de pedagogía a favor de la paz antes del establecimiento de un cese bilateral definitivo. Sin embargo, similar a las crisis pasadas, la resolución de este incidente puede terminar fortaleciendo las negociaciones.
Al igual que la crisis generada por la muerte de los 11 soldados en el Cauca y el secuestro del General Alzate en el Chocó, la crisis reciente tendrá un impacto negativo en el proceso de paz: significa una pérdida de credibilidad y respaldo ciudadano a la negociación y a un eventual plebiscito como mecanismo de refrendación de los acuerdos. La actuación de las FARC también rompe la confianza entre las partes, construida durante los últimos meses.
En parte, esta crisis se originó por la falta de claridad en las reglas de juego en torno a la visita de líderes guerrilleros al territorio colombiano para realizar ejercicios pedagógicos a favor de la paz. Asuntos de gran importancia como las zonas donde se permitirían estos eventos, las condiciones de seguridad para el desarrollo de los mismos y la participación o no de población civil en ellos no estaban claramente regulados.
El evento en Fonseca evidenció los enormes riesgos políticos y de seguridad que puede generar la combinación de armas y política. La posibilidad de un combate entre las FARC con la Fuerza Pública u otro grupo en medio de estas campañas, así como de un atentado contra los participantes de estos eventos por parte de otros grupos, suponen un grave riesgo no sólo para los negociadores y miembros de las FARC sino sobre todo para la población civil.
En todo caso, esta crisis puede resolverse con dos medidas. En primer lugar, las partes deben reconocer la necesidad de establecer un cese bilateral definitivo como paso previo al inicio de una campaña generalizada a favor de la paz por ambas partes. Dicho cese no sólo aminora los riesgos para realizar los eventos a favor de la paz, sino que también reduce la disonancia cognitiva que genera transmitir a la población civil y la opinión pública un mensaje a favor de la paz en medio de la guerra. Si se trata de hacer política, las partes deben hacerlo de forma segura y estratégica, lo cual pasa por renunciar a la violencia.
En segundo lugar, las partes pueden tomar este incidente como una oportunidad para definir aspectos de forma cruciales como las reglas de juego para futuros ejercicios de pedagogía para la paz. En particular, las partes deben establecer un protocolo para aislar a los civiles de los eventos realizados por las FARC antes del cese bilateral y, para definir dónde se realizarían dichos eventos de forma pública, con qué condiciones de seguridad contarían y cómo se blindaría a los civiles que no quieran asistir luego del inicio de este cese. Desde ahora, la realización de estos eventos por parte de las FARC podría contar con un ejercicio de acompañamiento por parte de la misión política de verificación de la ONU.
