Paramilitarismo: la amenaza sigue viva

Por:

Jorge A. Restrepo

Juan David González

Alonso Tobón

 

La fuente principal de la violencia

La gravedad de la violencia ejercida por los neo-paramilitares o bandas criminales (BACRIM) – como muchos los llaman – ha sido reconocida de manera tardía pero cada vez más clara por parte del gobierno y de los analistas. Y, más allá de su nombre, se ha logrado un consenso acerca de que estos grupos constituyen la principal amenaza para la seguridad en Colombia, desde hace ya más de cuatro años.

En efecto, poco después de que culminara el proceso de desarme y desmovilización de las AUC, a mediados del 2006, comenzó a hacerse evidente el aumento de las acciones violentas de estos grupos, las cuáles, desde entonces -y como muestra el gráfico que sigue- han sido de mayor intensidad que la de las FARC y el ELN sumados.

Fuente: Base de datos de Conflicto Armado en Colombia- CERAC- V13. Cifras a junio de 2010, sujetas a actualizaciones.

Según los datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en 2010 por ejemplo, los grupos neoparamilitares perpetraron casi el doble de acciones violentas que las FARC, sin contar los combates. Aun cuando los registros judiciales no ofrecen  mayor precisión sobre cuáles son los grupos responsables de los homicidios, el Director de la Policía atribuyó al sicariato, una práctica habitual de estos grupos, el 47 por ciento de los asesinatos cometidos en ese año.

Estos datos hacen pensar que, como ya en 2009 habían anotado los autores de este escrito, el neo-paramilitarisno no es algo coyuntural, sino la principal característica de la transformación de la violencia en Colombia.

Continuidad y rupturas con el paramilitarismo
Si bien no es posible afirmar que la violencia ejercida por estos grupos sea idéntica a la de los paramilitares, se observan “relaciones de continuidad de los grupos neoparamilitares con el fenómeno del paramilitarismo”, tanto en términos del tipo de organización como en sus objetivos y en su capacidad para penetrar instituciones del Estado

En lo correspondiente al tipo de organización, la mayoría de los bloques de las AUC presentaban una estructura jerárquica y algunos grupos neoparamilitares tienden a adoptar esta característica de manera creciente: Cuando el fenómeno empezó a manifestarse, la Policía Nacional reconocía la existencia de por lo menos 36 Bandas Criminales, con un total de 3.000 efectivos; en la actualidad se cree que solamente 6 estructuras concentran entre 4.000 y 6.000 efectivos, lo cual confirma la tendencia a la concentración en organizaciones más robustas, con jerarquías más definidas.

Este es el caso, por ejemplo, de la unión de “los Rastrojos” y “los Paisas” en una sola organización denominada Comando al Sur (CAS), que ya cuenta con un manual de operaciones explícito, orden cerrado y diferenciación de varios frentes, lo cual indicaría que estos grupos están formalizando su estructura.

En cuanto a los objetivos, los neoparamilitares existen para mantener lo que los paramilitares lograron. La presión violenta en contra de los líderes de las víctimas que buscan la restitución de sus tierras y de otros movimientos sociales sólo puede explicarse así.

A pesar de que se mantiene la búsqueda de rentas originadas en el narcotráfico, también conservan la capacidad para crear y mantener órdenes sociales autoritarios y represivos en las regiones donde tienen influencia. Y claro, se lucran de muchas otras fuentes, como la explotación de rentas de la minería ilegal, la explotación de la prostitución, el juego y el control de la corrupción en las administraciones públicas. A través de tecnologías para el ejercicio de la violencia armada, heredadas de sus antecesores paramilitares, son capaces de disuadir conductas y por lo tanto, logran acumular capital político.

Si bien parece que estos grupos carecen de una ideología explícita en términos de derecha e izquierda, han aprendido que uno de los mecanismos más aptos para lograr sus objetivos es el control territorial. En este sentido estos grupos, al igual que sus antecesores, no tienen un propósito explícito de oposición al Estado, pero el dominio local que ejercen reta, o en los casos extremos sustituye, la primacía política del Estado.

La fuerte influencia violenta que ejercen estos grupos en múltiples municipios permite inferir que aún existe marcada ineficiencia en la prestación del servicio de seguridad a la población por parte del Estado. Esta circunstancia es aprovechada por las organizaciones neoparamilitares para suplir la demanda de violencia física y de la amenaza, como mecanismos de tramitación de conflictos entre individuos o comunidades a nivel local.

En cuanto a su relación con el Estado, aunque no hay evidencia judicial de una continuidad en la vinculación entre estos grupos armados y dirigentes o partidos políticos nacionales, sí existe un riesgo evidente para las próximas elecciones locales, principalmente en aquellas zonas que fueron escenario de la parapolítica, como Córdoba, los llanos orientales, Cauca, Valle y el Bajo Cauca antioqueño.

Por su parte, el Ministerio de Defensa reconoce que ha recibido denuncias sobre alianzas entre miembros de las Fuerzas Militares y bandas criminales, sobre todo en Córdoba, según reporta El Espectador.

Por último, y en términos de su continuidad territorial, se ha mantenido la presencia de estos grupos en Medellín y Cali. En lo rural, estas organizaciones conservaron estructuras que ocupan de manera casi idéntica territorios en los que actuaban los paramilitares.

Esta capacidad de acción a nivel rural se constata, por ejemplo, en las operaciones tipo comando del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC)  como el atentado contra Víctor Carranza; en enfrentamientos directos con otras estructuras criminales, como ocurre en el bajo Cauca antioqueño con los Paisas y los Rastrojos, y en las masacres que aumentaron un 40 por ciento en 2010, como lo mencionó el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Neo-paramilitarismo en las ciudades
En las zonas urbanas, por su parte, las dinámicas de los neoparamilitares difieren un poco. La violencia no es ejercida directamente por los grupos más estructurados, sino más bien por fuerzas criminales anexas, como las oficinas de cobro, los combos y pandillas, que funcionan como operadores profesionales de violencia, en un esquema de “contratistas”, para depredar las rentas derivadas de la extorsión y el narcomenudeo.

En efecto, los neoparamilitares “subcontratan” los servicios de oficinas de cobro, que a su vez subcontratan los servicios de pandillas o combos a nivel de barrios y comunas. Cada pandilla o combo cubre un territorio específico y responde por la zona, la oficina de cobro aprovecha la asociación real o simbólica de cada pandillas a un cierto territorio y la utiliza parea controlar la vida en los distintos barrios.

Las acciones violentas en los espacios urbanos utilizan dos clases de instrumentos de manera simultánea: por un lado, los mecanismos clásicos o propios de la lucha entre pandillas y organizaciones criminales, como el sicariato, la extorsión de comerciantes y transportadores; por otro lado, los mecanismo heredados del conflicto colombiano: masacre de miembros de una misma familia, desplazamientos intraurbanos, amenazas colectivas y selectivas a líderes comunitarios.

La negación de Uribe, los anuncios de Santos
La historia del paramilitarismo y su transformación reciente no han sido sin embargo suficiente para que la sociedad responda al reto que supone doblar de veras la página del paramilitarismo en Colombia.

La reiteración de los logros alcanzados con el proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) paramilitar por parte del gobierno anterior supuso que el discurso oficial negara de entrada las continuidades con el fenómeno de las llamadas bandas criminales.

Basta recordar que el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, tras la última desmovilización en agosto del 2006, anunció el fin del paramilitarismo dado “el fin de las AUC”. A estas declaraciones se suma una entrevista realizada en 2010 al Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl donde, tras ser indagado por la existencia de un paramilitarismo emergente, fue enfático en afirmar que “No. Hay un narcotráfico que está operando hace muchísimos años, inclusive antes del surgimiento del paramilitarismo. Las formas de delinquir varían y los delincuentes se reinventan…”.

Más recientemente se ha presentado un positivo pero insuficiente cambio de discurso. El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirma que “tenemos un reto mayúsculo frente a las BACRIM” y el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 reconoce el reto que estos grupos representan, aventurando una definición formal de las BACRIM que resalta sus singularidades frente a los grupos guerrilleros. El Plan además afirma que estas bandas  “se han convertido en una de las principales amenazas a la seguridad”, y en el proyecto de ley se ha incluido un artículo que penaliza la pertenencia a grupos criminales armados. No menos, el gobierno difundió una estrategia conocida como el D6.

Falta un ataque más decidido, más profundo y más directo
A pesar de estos avances retóricos, sumados a operaciones reactivas como la bautizada “Operación Troya” en Córdoba, las estrategias de la política de seguridad, heredada del gobierno anterior, no están basadas en una comprensión suficientemente profunda del fenómeno neoparamilitar –porque se lo niega y se le reduce a un simple problema de criminalidad organizada– lo que se traduce en ausencia a de una política efectiva e integral para enfrentar esta amenaza

La estrategia que había empleado el gobierno, en sus primeros meses de su gestión, de enfrentarlas a través de la represión –principalmente policiva– era ineficiente y no sostenible. Claro que la coerción ha arrojado resultados en términos de capturas y centenares de muertos de miembros de estos grupos: pero el fenómeno continúa.

Esto en parte se debe a que la coerción violenta produce también la dispersión de algunas estructuras y el reacomodamiento en otras organizaciones criminales, abriendo espacios para nuevos liderazgos y dando lugar a otro ciclo de expansión.

A esto se suma que las capturas de sus líderes terminan muy probablemente en extradición, lo cual implica delegar la administración de justicia para un delito –el narcotráfico– que, en últimas, no es la única base del fenómeno neoparamilitar.

Cuando no es por este delito, entonces la persecución judicial se concentra en el porte ilegal de armas y el concierto para delinquir, delitos “proxy”. La extorsión, el ejercicio del dominio armado de la población, la conformación, gestión y liderazgo de estas organizaciones caen dentro del gran punto ciego de la justicia colombiana. Simplemente no son visibles en autos judiciales ni en los programas de investigación. La ausencia de una persecución judicial efectiva que sea la base, y no el recurso subsidiario de la coerción policiva, constituye hoy día el principal punto débil de la política de lucha contra los grupos neoparamilitares.

Los llamados a la negociación, que sólo algún desorientado jerarca de la iglesia ha hecho, y que han provocado una reacción negativa del gobierno, sólo han servido de globo aerostático: muchos fijan su atención en esta propuesta inocua y difícil de concretar cuando se sabe que esta no es una propuesta ni viable políticamente ni tampoco efectiva para desactivar estos grupos. Lo peor es que la alternativa del sometimiento a la justicia tampoco servirá, en el largo plazo, para frenar este fenómeno de la transformación de la violencia en Colombia.

Se requiere una ambiciosa respuesta legislativa que garantice la persecución efectiva de los líderes y de las estructuras criminales armadas y de sus grupos de apoyo, que permita la captura de quienes utilizan a los menores de edad. Se requiere fortalecer el sistema penitenciario y crear grupos especializados con facultades excepcionales de policía judicial para afrontar este reto realmente histórico. Se requiere una política social en línea con la coerción policial y el tratamiento judicial, que desactive los conflictos locales, que reduzca la demanda por violencia y que frene en seco el reclutamiento de jóvenes. De lo contrario el espiral de la violencia mañana seguirá llevándose a más colombianos.

Artículo publicado en razonpublica.com el 7 de Marzo de 2011

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