Columna publicada en Revista Javeriana Número 787 Tomo 148.
La intensidad y persistencia de la crisis económica en Europa y la débil recuperación del empleo y la actividad en los Estados Unidos, nuestros dos principales socios comerciales, hacen que nos preguntemos por la naturaleza de la crisis mundial y por le probable impacto que tendrá en la economía colombiana.
Este árido terreno de la economía es de crucial importancia para la sociedad: se podría argüir que debido al gran éxito de las políticas económicas antiinflacionarias y a la apertura comercial, hoy en día los asuntos económicos no están en la primera línea de los medios de comunicación ni en un lugar de prioridad de la agenda política del país. En efecto, la seguridad, el conflicto armado, las víctimas y las reformas – política, judicial y hasta constitucional – acaparan la atención de analista y las galeras y micrófonos de los medios.
Para ello la Revista Javeriana ha decidido volver la mirada sobre la economía, con el ánimo de estudiar el posible impacto de la crisis sobre la sociedad colombiana.
Es claro que el riesgo que representa esta crisis para nuestro país -y no solo para el aparato productivo – es inmenso: para Colombia es fundamental evitar los efectos de destrucción de empleo y una eventual ampliación de la pobreza como producto de la crisis internacional: hay que recordar que quienes menos tienen expuestos a perder en circunstancias de desaceleración económica y desorden financiero; el desempleo siempre afecta a los más vulnerables, los mayores, los jóvenes, los menos calificado y las mujeres cabezas de hogar. A ellos debe estar dirigida la política de atención social y los estabilizadores automáticos en caso de una recesión y es vital que las autoridades económicas busquen prevenir rápidamente la desaceleración a causa de la crisis internacional, con énfasis en la protección del empleo, el ingreso de los más vulnerables y la competitividad de nuestra economía.
Si bien el Banco de la República ya dio el primer paso en este sentido, con una primera reducción en su tasa de iteres, y el Gobierno Nacional anuncia un aumento del gasto (del 12%) y de la inversión pública (del 40%) en el 2013, es probable que sea suficiente con esto. Para no repetir la situación de España y Europa, en general se necesita más.
En primer lugar, se encuentra la tasa de cambio. Colombia está entrando – como lo hicieron muchos países Europeos cuando este creó el Euro- en un proceso de integración con una tasa de cambio revaluada. Cualquier apertura requiere considerar los riesgos de exponer el aparato productivo a una mayor competencia internacional de manera “justa”; una tasa de cambio revaluada supone un campo de juego desnivelado en contra de los productores nacionales.
La recesión industrial, con la consecuente destrucción de empleo formal que ya vive Colombia, se explica, a nuestro juicio, en gran parte por tal desequilibrio y no por condiciones desfavorables de demanda de los productores colombianos.
La autoridad cambiaria – el Banco de la República – y el Gobierno Nacional deben pues tomar medidas coordinadas para evitar una mayor apreciación del peso y para lograr que la disciplina fiscal y la intervención en el mercado cambiario conduzca pronto a una más favorable tasa de cambio. El control de la inflación, claro está, es la mejor contribución a la competitividad local y esta debe continuar siendo la prioridad de la banca central.
Gran parte de la crisis europea y estadounidense ocurrió por serias fallas en la regulación de las entidades financieras y de crédito. Instituciones reguladoras de gran experiencia y capacidad técnica, como el Banco de Inglaterra y el Banco de España, terminaron siendo incompetentes para prever y detener la crisis. ¿Cómo saber que esto no sucederá en Colombia? Para ello es fundamental que los reguladores – en nuestro caso el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Bancaria- presten atención a los intermediarios que muchas veces están cerca a la política y los políticos y fuera del radar hasta del control de los reguladores.
Lo que sucedió con las cajas de ahorros regionales y las mutuales y cooperativas financieras en la Gran Bretaña si se puede suceder en Colombia: un particular ojo avizor sobre la banca de gobierno regional y departamental y sobre las cooperativas financieras – y los órganos cooperativos que en general asumen riesgos financieros – es crítico para prevenir un deterioro de los activos, así estos riesgos aparezcan como menores hoy en día.
Limitar la creación de bancos e instituciones que hacen intermediación financiera sin adecuadas estructuras de gobierno, efectivos controles de riesgo y un adecuado respaldo de capital, es la respuesta: la banca pública – que por ejemplo propone el alcalde Petro para su ciudad de Bogotá – el desorden financiero del cooperativismo en el sector salud, los muchos INFIS que existen, son verdaderas bombas de tiempo para la economía.
Finalmente, vale la pena reseñar los riesgos que representa la bonanza minero – energética: hoy en día la economía colombiana vive los beneficios de los altos precios de los minerales y energéticos y su estructura productiva está muy concentrada en la producción primaria para la exportación de estos productos. Al tiempo, esto hace más riesgosa una situación de destorcida mundial: sobreaguar el impacto de una fuerte caída de los precios de las materias primas, probable en una crisis mundial, será más difícil hoy que antes, con nuestra más péquela pero más diversificada economía cafetera. Por fortuna, hemos guardado la independencia que nos da nuestra moneda la cual, sustentada en una política económica ortodoxa y conservadora, es la gran reserva estratégica de Colombia. Debemos prepararnos para usarla
