Motivación política vs. Razones económicas: La interferencia de los neoparamilitares en la contienda electoral

Por:
Carla Arcia Venegas

 

En las últimas semanas se ha hecho evidente la creciente preocupación de diferentes sectores de la sociedad civil y del gobierno frente a la posible interferencia de las denominadas Bandas Criminales en los comicios electorales que tendrán lugar en el mes de octubre. Según información recopilada por 12 organismos del Estado, estos grupos estarían dando inicio a la conformación de alianzas para forzar la elección de alcaldes y gobernadores que posteriormente servirían de puente para tener acceso al presupuesto 2012. El Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CIIE), liderado por los ministerios de Interior, Defensa y el Consejo Nacional Electoral y creado hace poco más de un mes, revela que el interés de estas bandas es exclusivamente económico ya que, según sus fuentes, no tienen ninguna motivación política.

Según León Valencia, investigaciones académicas y judiciales han demostrado que estas nuevas estructuras, que para este escrito adoptarán el nombre de neoparamilitares, dedican el 80% de sus esfuerzos al narcotráfico, la usurpación de tierras y la amenaza por recuperar algunas de ellas junto con la captura de poder local.

Siguiendo a Gambetta, estudioso de la mafia, en ausencia de justicia y seguridad confiables, y ante la desconfianza en las relaciones económicas legales, se cede espacio al “poder del favor”, que a su vez se extiende al escenario político y al clientelismo en la administración pública, configurándose así elementos eminentemente políticos en el desarrollo de organizaciones paralelas al Estado. Esto se ve reflejado en el apoyo electoral que adquieren los candidatos a través de un sistema extraoficial de intercambio con estructuras de carácter mafioso, como es el caso de los neoparamilitares.

Un ejemplo de esta lógica puede observarse en el caso de la denuncia interpuesta por el ex alcalde de Soledad (Atlántico) Alfredo Arraut, en la que acusa al actual mandatario del municipio de hurtar dinero del erario municipal para el pago de un contrato a la Empresa Triple A, la cual, según Arraut, se encuentra bajo el manejo de las “Bacrim” que hacen presencia en la zona.

Los neoparamilitares no compiten de manera unívoca con el Estado. Se trata de un poder ilegal que con su mera existencia pone en duda la soberanía estatal y su fundamento, el monopolio legítimo de la violencia, de ahí que deban adaptarse, camuflarse y ocultarse.  Sin embargo, vemos que se encuentran entrelazados al verse interpuestos distintos intereses en relaciones sociales diversas: en el enfrentamiento con la fuerzas de seguridad, en los conflictos con opositores políticos y sociales en arreglos ilícitos entre partidos  así como del mercado ilegal mismo.

Si a lo anterior, agregamos una desconfianza casi generalizada en las instituciones locales garantes de la seguridad, nos encontramos con la consolidación de un poder anexo que, en consecuencia, logra permear las esferas sociales.

No es gratuito, por lo tanto, que 1 de cada 3 municipios, según Indepaz, cuenten con la presencia activa de neoparamilitares que en determinados casos suplen la demanda de violencia física. Ejemplos de ello son las masacres en Córdoba (Planeta Rica), la amenaza a sindicalistas en el Magdalena Medio (Barrancabermeja) y el asesinato selectivo de candidatos en el Valle del Cauca (Sevilla).

Así pues,  a pesar de que existan rupturas, tales como la inexistencia de un objetivo militar contrainsurgente, en contraste con la actual conformación de alianzas estratégicas con grupos guerrilleros en torno a las rentas derivadas del narcotráfico,  hay una serie de continuidades en las que no damos cuenta del desmonte efectivo de las estructuras paramilitares pasadas sino de una imagen especular, pero con reflexión difusa, que está en constante lucha por el territorio y por la construcción de  poder regional a través de alianzas con estructuras políticas, económicas y militares. Vemos, entonces, que a pesar de las múltiples capturas, extradiciones, legalizaciones y sometimientos a la justicia, los grupos y sus prácticas no sólo no desaparecen sino que se transforman, diversifican y permanecen.

Son estos y otros hechos los que contradicen las proyecciones de los entes gubernamentales. Al pasar por alto la relación que se establece entre las dinámicas políticas y económicas que se adquieren a través de las victorias electorales, eliminan la relación medio-fin que orientan el accionar futuro de estos grupos.

Ahora bien, esa motivación política, que es negada por un sector del gobierno, contradice la intención expresada por el CIIE en relación al papel que cumplen los partidos políticos y su poder de control sobre los candidatos. Surge entonces el cuestionamiento sobre el medio, el fin y el ejercicio del poder político en instituciones atravesadas por la ilegalidad y en la “ilegalidad institucionalizada”, más aún cuando se está de cara a unas prácticas políticas locales en las que no se les da cabida a los cánones de la democracia moderna y liberal.

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