La experiencia colombiana demuestra que la resistencia velada o abierta de las Fuerzas Armadas puede dar al traste con un proceso de paz. El presidente Santos parece estar tratando de tranquilizarlas, pero hay triunfalismo e intereses económicos de por medio.
Texto originalmente publicado en la revista Razón Pública.
Una ficha clave
En los últimos días han corrido ríos de tinta sobre nuevas posibilidades de encontrar una salida negociada al conflicto. Empero, la deliberación estará incompleta mientras se siga omitiendo un tema crucial en este debate — cautivante, amplio y en ocasiones enconado — sobre cómo lidiar con el conflicto y la mejor forma de ponerle fin: el rol del estamento militar.
Ciertamente, el futuro de la paz en Colombia depende en gran medida de la disposición y gallardía de los militares. Es la Fuerza Pública — son los soldados y policías —quienes padecen directamente los rigores del conflicto interno y por eso será fundamental su posición sobre si deben mantenerse las hostilidades o si conviene buscar su conclusión negociada. Los militares tienen en sus manos una pieza clave para la resolución de la compleja ecuación de la paz en nuestro país.
Lecciones aprendidas
La experiencia de pasados y frustrados intentos de paz subraya, justamente, la importancia de contar con la participación o, al menos, con la anuencia de los militares.
Precisamente, uno de los numerosos errores del proceso del Caguán fue la apresurada — y sobre todo inconsulta — decisión del presidente Pastrana de retirar a la fuerza pública de los cinco municipios que conformaron la llamada “zona de distensión” a finales de 1998. Este proceso nació lisiado, pues no contó con la aquiescencia del estamento castrense: por el contrario, se ganó su animadversión y acabó siendo objeto de su oposición.
Es más, debido a la exclusión de las decisiones sobre los diálogos con las FARC, cuando Pastrana intentaba pactar una “zona de encuentro” con el ELN – en el sur de Bolívar – algunos mandos militares vieron con buenos ojos las protestas populares en su contra– y hasta las promovieron–. Esto dio pie, como era de esperarse, a interrumpir los acercamientos con la ‘segunda’ guerrilla colombiana cuando corría el año 2001.
Triunfalismo y presupuesto
Ahora bien, no es un asunto sencillo obtener la participación o el consentimiento de los militares, en las actuales circunstancias, para unos eventuales diálogos con los grupos guerrilleros.
Un respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas a una terminación política del conflicto debe superar una barrera espinosa: la sensación pública – latente incluso entre los mismos militares – de estar cerca de la derrota final de los insurgentes.
Basta recordar la idea del fin del fin del conflicto que formuló el ex Comandante General, Freddy Padilla, o declaraciones más recientes de la plana mayor de las Fuerzas Militares en el sentido de que la única opción que les queda a las guerrillas es la rendición incondicional.
Sería entonces necesario vencer un triunfalismo tentador y peligroso porque puede conducir a la intensificación del conflicto y a una renovada espiral de muerte, venganzas y sufrimiento.
Pero además, tras casi una década de aumento ostensible de su presupuesto y de disfrutar de un ‘lugar de honor’ en la vida nacional, los militares quizá no verían con muy buenos ojos un cambio en la estrategia del gobierno.
Muchos observadores, con cierta suspicacia, señalan que los intereses económicos juegan en contra de la ansiada paz en Colombia, en dos sentidos principales:
- Primero porque la terminación del conflicto llevaría a reducir el gasto público en seguridad — hasta ahora concentrado en financiar la guerra —. Esto implica recortes al presupuesto militar, más todavía si se tiene en cuenta que el tamaño actual de las Fuerza Pública es bastante mayor – casi tres veces – del que teníamos hace una década, y mayores también son sus costos de funcionamiento.
- En segundo lugar, la terminación de la confrontación en Colombia iría contra los intereses del multimillonario negocio de fabricación y comercialización de armas y pertrechos. Entre los más perjudicados se contaría la poderosa industria de guerra estadounidense – que dispone de eficaces lobistas en el Congreso de ese país y ha sido la primera beneficiada con el Plan Colombia –, otros países productores de armas, como Israel, y la mucho más pequeña y regulada Industria Militar (Indumil).
¿Nuevo papel para los militares?
Por el momento, los militares parecen estar más convencidos que nunca de la posibilidad de alcanzar la paz mediante la guerra. Su identidad y vocación así lo establecen. De lo contrario, sin este estímulo y convicción altruista, difícilmente arriesgarían diariamente su pellejo.
Quedan pendientes en todo caso múltiples desafíos y asuntos por definir sobre el rol del estamento militar en una etapa posterior a la eventual terminación formal del conflicto. Menciono apenas algunos puntos cardinales:
- la delimitación de las nuevas funciones militares en el posconflicto;
- el papel que jugaría la institución militar en las arduas y necesarias tareas de la reconciliación nacional;
- el tipo y la forma como se impartirá justicia a los militares;
- el tamaño de la fuerza pública.
En otros términos, conviene empezar a explorar desde ya una “reingeniería” de la institución militar, como eje de la reforma al sector de seguridad: de unas Fuerzas Militares diseñadas y entrenadas para enfrentar un conflicto interno, será preciso otro tipo de fuerza pública para manejar una situación de posconflicto.
En este orden de ideas, si la decisión del presidente Santos es emprender de veras un proceso de acercamientos y diálogos con los alzados en armas, debería conquistar primero el apoyo del estamento castrense.
Cosa que, en efecto, parecería estar intentando con la controvertida reforma al fuero militar que es necesaria, según el Ministro de Defensa, por la actual “inseguridad jurídica” que tiene intranquilos a los miembros de la fuerza pública (tema espinoso cuyo examen realiza Michael Reed en Razón Pública).
Resulta evidente que la suerte de la paz en Colombia no depende única y exclusivamente del Primer Mandatario. La construcción del consenso necesario para una exitosa salida al conflicto es una compleja ecuación cuyas principales variables son las opiniones y los deseos de la sociedad civil, de los grupos guerrilleros y, desde luego, de los militares.
Despejar esta intrincada ecuación supone un delicado ejercicio de cálculo político, digno de un verdadero estadista. Esperemos que Santos esté a la altura de semejante reto.
