La militarización en entornos urbanos es una solución ineficaz y poco integral: la disuasión al crimen “mostrando los dientes” o sacar el armamento a la calle, no resuelve el problema de la inseguridad.
Frente al incremento de la percepción de inseguridad de los bogotanos, reflejado en la última encuesta de la Cámara de Comercio, el alcalde (E) Rafael Pardo, junto con los generales de la Quinta División del Ejército y la Décima Tercera Brigada, acordaron el pasado 7 de abril una intervención militar en coordinación con la Policía.
El objetivo de la medida es reducir los índices de criminalidad en la ciudad. Sin embargo, ¿será que esta medida logra reducir la inseguridad o únicamente afectará la percepción?
Según reporta El Tiempo, La Décima Tercera Brigada destinará un grupo de aproximadamente 300 uniformados, encargados de instalar retenes, realizar patrullajes y jornadas de orientación a la comunidad para la expedición de libretas militares. Inicialmente, estarán en 10 de las 75 UPZ consideradas como las más peligrosas de la ciudad, entre las que se encuentran la carrera 10 con calle 19, la autopista Norte con calle 170, la NQS con calle 19, la carrera 72 con calle 80.
Aunque la medida pueda mejorar la percepción de seguridad ciudadana, esto no implica que la seguridad aumente ya que el Ejército no tiene funciones policivas. Tal vez la presencia militar logre disminuir momentáneamente la actividad criminal, pero cuando el ejército vuelva a sus funciones regulares, la criminalidad retornará a las calles.
Las zonas delimitadas como críticas han sido históricamente sectores con una fuerte presencia de criminalidad donde se presentan hechos desde el llamado cosquilleo, el atraco con arma blanca o de fuego y microtráfico. En estos casos, el ejército, no cuenta con las facultades para combatir este tipo de criminalidad, como funciones judiciales o de inteligencia relacionadas con el delito común. Tampoco cuenta con la experiencia, protocolos y estructuras de gestión para adelantar tareas de control policivo de ciudadanos.
Esta solución es ineficaz y poco integral: la disuasión al crimen por medio de “mostrar los dientes” o sacar el armamento a la calle, no es adecuado. Es más, los equipamentos de las fuerzas militares, incluso en el caso de la policía militar, no son policivos: se concentran en armas largas y no cortas, tienen sistemas de comunicación diferentes y se concentran en el transporte de tropas y armamento pesado.
De esta forma no se estaría mitigando el problema, aún peor, podría desplazarlo a las otras 65 UPZ donde el ejército no hará presencia. Está claro que los 10 puntos críticos son zonas en su mayoría de población flotante, por lo que, más allá de mitigar y comprender las dinámicas criminales, se busca dar un golpe de opinión frente a la percepción de la seguridad y dar réditos políticos al nuevo alcalde encargado.
La medida descuida otros factores que comprenden la seguridad y el combate contra el crimen, como atacar la modalidades de criminalidad de manera diferencial según la tipología criminal y mejorar los mecanismos de inteligencia y persecución de la Policía. Pero aún más importante, se olvida que la seguridad no es sólo fuerza reactiva, esta debe ser entendida de forma más integral, incluyendo otras dimensiones como la intervención urbanística, la reapropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, la garantía de medios de subsistencia y de derechos.
Por otro lado, aunque según el general Jerez “No se trata de una militarización”, sí se tiene en cuenta que la medida busca atacar la delincuencia común y el crimen organizado en la ciudad -y no a grupos del conflicto armado-, se estaría corriendo el riesgo para la ciudadanía. Esto se da en tanto que no es posible distinguir a los ciudadanos de los infractores y porque una respuesta armada por parte de los militares no sería proporcional frente a la amenaza. Adicionalmente, se extralimitarían en su finalidad constitucional, es decir “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
Por último, la experiencia ha dejado ver que este tipo de intervenciones militares en contextos urbanos no son eficaces para combatir el crimen. Los casos de Cali, Medellín y Buenaventura hablan por sí solos. En este sentido, si la medida no tiene el alcance suficiente para lograr reducir la inseguridad en la ciudad, ¿será que este experimento en la capital no es más que un ensayo para el posible posconflicto, donde se busque civilizar a las fuerzas militares dándole extra funciones que no le competen? Adicionalmente, ¿será que se busca habituar y crear empatías con la población civil en contextos urbanos, para que se normalice la presencia de hombres con armas largas en la ciudad?
