Ayer se inició el sexto debate sobre el nuevo marco legal para la paz en la Cámara de Representantes.
Si bien es cierto que Colombia necesita urgentemente una reforma constitucional que establezca los fundamentos legales necesarios para un eventual proceso de paz, también es innegable que su formulación actual está lejos de las expectativas que generó inicialmente. Es decir, las criticas fuertes que han sido formuladas en las ultimas semanas son justas y necesarias (ver por ejemplo Un marco nuevo para un cuadro viejo, y Carta de Human Rights Watch al Presidente y Congreso)
No obstante, el comentario del ex presidente Álvaro Uribe -a través de su cuenta de Twitter- en el sentido de que «el marco para la paz vuelve elegibles a cargos y corporaciones a los cabecillas de Farc,lo que es un enorme daño a la democracia», causa profundas cuestionamientos sobre la perspectiva que tiene ciertos sectores de la sociedad sobre la paz, la democracia y el futuro de este país. Si el propósito de un proceso de paz no es crear la posibilidad para que la oposición política participe dentro del marco democrático del país -en lugar que usar las armas-, ¿cuál es? ¿Qué tipo de democracia limita la participación solo a aquellos que representan el status quo? ¿Si no hay una posibilidad de crear una nueva vida digna y que puedan gozar plenamente de los derechos de todos los demás ciudadanos, cuál sería el incentivo para que los guerrilleros abandonen las armas?
Por supuesto, cualquier persona debe ser juzgada debidamente si es responsable de crímenes de lesa humanidad, pero como cualquier otro ciudadano, cada guerrillero tiene el derecho de un proceso judicial justo en la cual rige el principio de presunción de inocencia. De igual manera, cada persona, una vez cumplida su condena, debe ser considerada libre en el sentido político y jurídico. Respetar estos principios es aún más importante en países de posconflicto: es la base fundamental de un proceso de reconciliación y construcción de paz sostenible.
En este orden de ideas, hasta que tengamos un consenso sobre las respuestas a estas preguntas, no vale la pena tratar de formular una reforma constitucional -por lo menos no acerca del marco legal para la paz-. Pues, ¿si no tenemos claro cuál es el destino, como vamos a encontrar el camino correcto?
