Lo que sabemos de la muerte de civiles en el ataque en Tumaco

En el marco de movilizaciones en contra de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, varias personas murieron en un ataque en zona rural de Tumaco, Nariño, el pasado jueves.

Versiones iniciales

El Presidente Santos afirmó que “ya están identificados quienes están al frente de estas organizaciones criminales en la región. Un alias ‘Guacho’ y alias ‘David’”. Según el Ministerio de Defensa, alias ‘Guacho’ es comandante del grupo residual ‘Los de Guacho’, y es el autor de incidentes en Tumaco”.

Por su parte, el Ejército y la Policía señalaron en un comunicado “que al parecer alias ‘Guacho’ y su grupo residual de la Daniel Aldana de las FARC, lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la fuerza pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”.

Según un comunicado de la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Mira Nulpe y Mataje ASOMINUMA “después de varios días de resistencia de parte de las comunidades campesinas, el 4 y 5 de octubre de 2017, los ánimos se ven alterados debido a la provocación suscitada entre miembros de la fuerza pública y la población civil que finalmente desencadena disparos de arma de fuego por parte de los uniformados”. En estos acontecimientos “perdieron la vida 9 campesinos y resultaron heridos otros 18” con el “proceder desmedido de la fuerza pública frente a los campesinos indefensos que se encontraban manifestado pacíficamente exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana con respecto al punto 4”. Esta misma versión fue recogida por la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO.

Versiones judiciales y disciplinarias

La Fiscalía General informó que terminaron “el primer trabajo en equipo de evaluación y análisis de la investigación penal” de lo que sucedió el pasado jueves en el municipio de Tumaco.

  • “A la fecha hay 6 personas fallecidas y un número de 20 personas heridas, 11 de las cuales continúan hospitalizadas. Por último tenemos conocimiento de que probablemente habría tres personas hospitalizadas en el vecino país de Ecuador”.
  • “La Fiscalía tiene en su poder y en cadena de custodia las armas de fuego y la munición asignada a la Policía Nacional y al Ejército, así como los proyectiles y vainillas encontrados en los cuerpos de las personas fallecidas y aquellos recuperados en el lugar de los hechos”.

Medicina Legal informó que “culminaron las labores de necropsia e identificación de las víctimas de los hechos registrados en el municipio de Tumaco, en medio de los disturbios por la erradicación de cultivos ilícitos”. De acuerdo con esta entidad, se presentaron seis víctimas en el ataque y “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad” mediante “disparos [que] NO fueron hechos a corta distancia”.

En un comunicado emitido por la Policía se indicó que en “aras de la transparencia de la investigación de la Fiscalía, la Inspección General de la institución procedió a aplicar la medida de suspensión disciplinaria a los cuatro uniformados que presuntamente accionaron sus armas de fuego”. El comunicado también afirma que, como parte de la ofensiva contra el crimen organizado en ese municipio, se logró la “neutralización de Jhon Jarley Benitez, ‘Cusumbo’, y se avanza en operaciones para dar con la ubicación de ‘Guacho’, ‘Cachi’ y ‘David’ que vienen presionando a campesinos de la región para que se opongan a las acciones de erradicación de cultivos ilícitos”.

La Inspección General de la Policía informó que trasladó desde Tumaco a Bogotá a 35 miembros de la Unidad Antinarcóticos que estuvieron presentes durante los hechos en Tumaco, “para que estén a disposición de las diferentes investigaciones, inclusive las que adelanta la inspección de la Policía Nacional” .

Versiones de otras entidades estatales

Mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo informó que “debido a la gravedad de los hechos y las versiones contradictorias, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria (…) que se desplazó a la zona rural del corregimiento de Llorente” y que “en dicho territorio se sostuvieron diálogos con las comunidades, las víctimas y miembros de la fuerza pública”. Tras esta visita se recopiló la siguiente información:

  • “Testimonios recogidos en la zona de los hechos, permiten inferir la presunta participación de servidores de la Policía Antinarcóticos en la muerte de seis personas”.
  • “Los campesinos y campesinas coincidieron en afirmar que acudieron a la movilización de manera voluntaria, llevados por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito– PNIS”.
  • “Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las FARC) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados “tatucos”, contrario a lo informado por las autoridades”.
  • “La versión de la comunidad descarta la participación del Ejército Nacional en los hechos violentos y exalta el apoyo brindado en la prestación de los primeros auxilios y en la evacuación de los heridos”.

Las más recientes versiones del Gobierno

El Vicepresidente Naranjo afirmó que “la información que puedo certificar, porque corresponde a testimonio de varios líderes sociales, es que un individuo conocido como alias ‘Cachi’, vinculado al ‘Guacho’ quien es un personal criminal ecuatoriano que perteneció a la Daniel Aldana y que antes de la firma del Acuerdo abandonó a las FARC, presionó y convocó a esas comunidades dias antes para asistir a esa concentración para oponerse a la erradicación”. Sin embargo, frente al uso de las armas de fuego, Naranjo señaló que “la inmensa mayoría de los testimonio que se han obtenido señalan a la Policía como la fuerza que utilizó las armas de fuego, pero por otro lado son esos testimonio, en contraste con la evidencia material de prueba que la Fiscalía pueda recolectar allí, la que certifique si la versión preliminar de la Policía tiene algún grado de veracidad”.

El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas anunció que “hemos instruido la general Jorge Nieto, director de la Policía Nacional, para que se adelante un relevo de las unidades policiales en Tumaco. Vamos a empezar con 102 unidades policiales –dos oficiales, 20 del nivel ejecutivo y 80 patrulleros– que serán rotados en otros destinos del país”.

Nuevas versiones de organizaciones sociales

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que “deploramos la masacre cometida en la Vereda Tandil, que cobró la vida de ocho personas, entre ellos algunos menores y dejó 52 heridos según reportes de las comunidades y lo confirma la red hospitalaria de Nariño”.

El Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera informó que en las últimas semanas “se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa”. Además, aseguran que en los últimos meses han “aparecido nuevos grupos armados ilegales, los cuales se han consolidado y fortalecido”.  

Otras versiones complementarias

Versiones de prensa indican que, además de la presencia del grupo pos FARC liderado por ‘Guacho’ y las ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’ a cargo de alias ‘David’, también hace presencia violenta en este municipio “un tercer grupo que aún no se sabe cómo se llama pero que al parecer está comandado por un narcotraficante de la zona”.

Al respecto, la Comisión de Listas Oficiales de las FARC informó que “Walter Patricio Arisala Vernasza, también conocido como “William Quiñonez” o “Gaucho” nunca ha estado vinculado a las listas oficiales de las FARC para el proceso de dejación y reincorporación, lo cual puede ser ratificado por la Oficina del Alto Comisionado para La Paz donde reposan nuestras listas oficiales así como Naciones Unidades”.

Sin embargo, mediante una entrevista en un medio de comunicación, alias ‘Guacho’ señaló que “hemos operado siempre alrededor de Nariño, más o menos, en el Alto Mira, el Bajo Mira, incluso hasta en la zona de El Patía durante diez años”. Además informó que “pertenecí a la columna Daniel Aldana y estuve en la zona veredal del Playón aproximadamente cuatro meses y decidí salirme por cuestiones personales y no estaba de acuerdo en lo que veía en el Gobierno”. También manifestó que “alias ‘Cachi’ [es] compañero de lucha de nosotros y está al mando mío”.

Además, en otra entrevista, alias ‘Cachi’ manifestó que “no tenemos nada que ver [con el ataque en Tumaco]” y que tampoco tienen relación “con el Secretariado pero sí somos el brazo armado de la columna Daniel Aldana en la que se encuentran los combatientes, la milicia, colaboradores todavía activos”.

Alteración de la escena

La Comisión de Verificación de Defensores de Derechos Humanos aseguró que “(i) agentes de Policía el día 6 de octubre, a las 6:00 a.m. alteraron pruebas al cortar y raspar palos que tenían impactos de proyectil de arma de fuego; (ii) periodistas (sin especificar medio) llegaron a la zona y cuando los campesinos les indicaron rastros de sangre y vainillas sobre el piso un periodista cubrió con tierra la sangre y las vainillas de proyectil de arma de fuego; y (iii) hasta pasado el mediodía del día 7 de octubre, no se había hecho el acordonamiento y aislamiento del lugar de los hechos” agregando que “en conclusión, para la Misión de Verificación, existió alteración y contaminación de la escena de la masacre en la vereda el Tandil de Tumaco, que afecta la imparcialidad de investigación desarrollada por la Fiscalía”.

Al respecto, el Vicepresidente Naranjo mencionó que “la alteración de la escena del crimen es una posibilidad real porque esa escena quedó descubierta después de los hechos, por lo menos, durante doce horas. (…) Si, esa escena no quedó bajo cadena de custodia bajo el primer momento asegurada, es posible que haya sido alterada y manipulada. Habrá que determinar por quiénes”.El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, manifestó que la fuerza pública tiene la obligación “de garantizar que el sitio se mantenga apto para la inspección judicial” y que “las personas de la fuerza pública que participaron en esos hechos [deben] estar permanentemente a disposición de las autoridades”. 

Atacada misión de la ONU en Tumaco

Una comisión humanitaria conformada por un delegado de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, funcionarios de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño y varios periodistas, fue atacada por integrantes de la Policía antinarcóticos con granadas de aturdimiento. Dicha comisión investigaba los hechos ocurridos en Tumaco, Nariño. No hubo reporte de víctimas.

Sobre este hecho la Policía emitió un comunicado  en el que “lamenta la situación y ofrece excusas públicas a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno y periodistas acompañados de unos 200 campesinos” agregando que el hecho se dio porque “un grupo indeterminado de personas intentó ingresar por la fuerza a la parte posterior de la base [antinarcóticos], circunstancia que conllevó a que los uniformados activaran dos granadas de aturdimiento, que no dejaron heridos”.

Ítalo Pantoja, Subsecretario de Gobierno de Nariño, informó que la comisión humanitaria estaba conformada por una “delegación de miembros internacionales de la ONU y la MAPP-OEA, quienes junto con autoridades locales” iban a verificar los hechos ocurridos en este municipio tras el ataque del pasado jueves. Según Pantoja, “fue bastante indignante lo que pasó. Hablé con el capitán de la Policía que estaba a cargo de estos operativos, me recibió muy mal, fue bastante grosero, le dijimos que la comisión iba a realizar una revisión de la zona y nos dijo que mientras no se pasaran del perímetro [de la base antinarcóticos], no había problema (…)”. Agregó que después de que fuera autorizado el ingreso de la comisión a la zona, fue que se escucharon las detonaciones “por lo que tuvo que devolverse para pedirle al oficial que no atacara más a esta Comisión”.

Mediante un comunicado, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia informó que:

  • “El domingo, 8 de octubre, una Misión Humanitaria (…) se organizó para dirigirse desde Tumaco hasta la vereda El Tandil, para hacer seguimiento a los hechos ocurridos el 5 de octubre, en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en donde aún se desconoce el número exacto de muertos, desaparecidos y heridos, tratando de conocer cómo y en qué circunstancias se presentaron los incidentes”.
  • “En medio del recorrido la delegación fue atacada por miembros del ESMAD y Policía Antinarcóticos con una bomba de aturdimiento a las 14:20 horas, (…) otra bomba fue lanzada a las 14:22 horas, (…) otras dos bombas de aturdimiento, a las 14:23 y 14:24, (…) durante este tiempo también fueron escuchados disparos y además fue utilizado algún tipo de gas”.
  • “En ningún momento esta misión dejó de comunicarse con los mandos de la fuerza pública en el lugar para explicar los propósitos de su visita y coordinar el acceso al lugar. Tampoco los miembros de la misión ejercieron cualquier tipo de acción que justifique una respuesta violenta de la fuerza pública”.

Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó que los hechos del 5 de octubre “se presentaron en territorio indígena del resguardo de ‘Piedra Sellada’” y manifestó que:

  • “En conversaciones con los habitantes de la zona se manifiesta que existe la posibilidad de que exista un cadáver en descomposición cerca del lugar de los hechos; información entregada por un integrante del Pueblo Awá. Por esta razón la Comisión intenta desplazarse al lugar donde presuntamente se encuentra el cadáver y así verificar la información”.
  • “Cuando la Comisión se desplaza al lugar en compañía de la guardia indígena, personal adscrito a la Policía, presente en la zona, activa una bomba de aturdimiento y realiza disparos a los integrantes de la Comisión. Esta situación no permite que verifique la presencia del cadáver denunciado por la comunidad”.
  • “La comunidad de la zona manifiesta luego de este hecho, que presuntamente hay más cuerpos en la zona, lo cual no se ha podido comprobar dado que la fuerza pública ha manifestado que hay presencia de minas antipersonal y hay lugares a los cuales no se puede ingresar”.

Nuevos enfrentamientos

Harold Ruíz, asesor de Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, denunció que en horas de la mañana del 9 de octubre se registraron nuevos enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública en las zonas de El Piñal y Puerto Rico, zona rural de Tumaco, Nariño. Ruíz, solicitó pronta intervención y presencia efectiva del Gobierno en esta zona, para evitar nuevas acciones violentas.

Análisis

Por su ubicación geográfica de frontera y marítima, Tumaco es una zona estratégica para actividades de narcotráfico y otras actividades criminales. Además cuenta con importantes rutas fluviales y es el segundo puerto más importante del pacífico, después del puerto de Buenaventura. En el año 2016, Tumaco fue “el municipio más
afectado por cultivos de coca en el país” con 23.148 hectáreas sembradas, lo que representan un 16% del total nacional, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

En los últimos tres años, CERAC registra presencia violenta del ELN, las FARC y el Clan del Golfo en este municipio. Desde los años ochenta las FARC es el grupo que consolidó su presencia en Tumaco, desplegando unidades guerrilleras del frente 29 y la columna móvil Daniel Aldana. Tras la firma del Proceso de Paz con las FARC, CERAC registra que parte de estas estructuras son grupos organizados de disidencias documentadas (frente 29 y Daniel Aldana).

Como ya lo ha señalado CERAC, de cara al posconflicto, este municipio enfrenta altísimos riesgos de seguridad para la población civil y la fuerza pública, asociados a formación de nuevos grupos criminales y disputas entre los grupos de crimen organizado ya existentes, por el control de los cultivos de uso ilícito, las rutas del narcotráfico y el resto de actividades criminales en esta zona. Además, dado que es probable que se presenten nuevos enfrentamientos entre los campesinos y la fuerza pública, continúa elevándose el riesgo humanitario para estas poblaciones, en materia de desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad.

Con respecto a la implementación del Acuerdo, el principal riesgo se relaciona con la sustitución de cultivos de uso ilícito. Este año, se han registrado protestas por parte de campesinos cultivadores de coca frente a los planes de erradicación forzada que adelanta el Gobierno Nacional. En el marco de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos (PNIS) ya se han firmado siete acuerdos colectivos y 1.908 acuerdos individuales de sustitución voluntaria en este municipio, que abarcan cerca de 357.8 hectáreas de cultivos. Sin embargo, Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto informó que en la vereda El Tandil, corregimiento de Llorente, lugar en donde murieron seis civiles el pasado jueves, no existen convenios de sustitución de cultivos.

Según Pardo, “en esa comunidad desde hace varios años, quienes ocupan el territorio desde siempre son los afrocolombianos; pero hubo un conjunto de personas de Caquetá y Putumayo, que llegaron a esa zona hace casi 10 años, no tienen propiedad y están cultivando coca” y agregó que “esa situación solo se vive en ese sector, en Tumaco no es generalizado, (…) lo que el gobierno no va a hacer es un programa de sustitución con quienes no tienen título de propiedad sobre la tierra”.

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