Publicado en El Espectador.com el 13 de febrero de 2015.
También se presentó un cambio en los objetivos estratégicos y militares de la guerrilla. Mientras que en la fase de diálogos exploratorios muchos de los ataques eran realizados de manera indiscriminada, con explosivos y principalmente en cascos urbanos en donde la gran mayoría de las víctimas afectadas eran parte de la población civil (255 civiles muertos); en la fase de negociación pública los objetivos militares están dirigidos hacia la afectación de la infraestructura económica y vial, y en menor medida contra la Fuerza Pública (149 muertos civiles), hecho que conlleva una sustancial disminución en la cantidad de víctimas de la población civil, la cual se acerca a un 43%.
Este aumento de ataques contra las infraestructuras, unido a la presión de las FARC contra la Fuerza Pública, ha llevado a un deterioro de la percepción de la inseguridad asociada al conflicto, pese a que hay menos víctimas civiles.
Esta puede ser una de las razones por las que las FARC decidió iniciar el cese unilateral del fuego indefinido el pasado 20 de diciembre, para revertir esta sensación de creciente inseguridad, costosísima para el mismo proceso de negociación y para el eventual futuro político de la guerrilla.
Círculo virtuoso
El cese unilateral del fuego de las FARC, el cual ha venido cumpliendo a cabalidad, muestra que los niveles de violencia asociada al conflicto han sido muy similares a los mínimos históricos registrados por CERAC desde 1984. Esta medida unilateral podría llevar a un fortalecimiento de las perspectivas de paz con el ELN. Sin embargo, esta guerrilla ha aprovechado el cese unilateral de las FARC para adelantar una campaña de violencia episódica y famélica, pero a la vez notoria, al estar las FARC en su cese de hostilidades.
Aprovechamiento político de la oposición y el reto a futuro
Esa asimetría en las percepciones de inseguridad – el deterioro durante la negociación, y un cese al fuego total de 50 días- ha sido también explotada por las fuerzas políticas antagonistas a las negociaciones de la Habana: en efecto, el Centro Democrático ha sido reiterativo en denunciar el recrudecimiento del conflicto y en predecir el rápido colapso del cese al fuego unilateral. Esta retórica ha sido exitosa para oscurecer el círculo virtuoso que se ha desarrollado en torno al cese unilateral de hostilidades y del mismo proceso de paz por parte de las FARC.
El proceso se encuentra en un punto crucial, con cierto avance en términos de menos violencia, pero al tiempo de gran riesgo, debido a que cualquier acción ofensiva de la Fuerza Pública contra las FARC, generaría la ruptura inmediata del cese unilateral y, si se trata de un golpe contundente a la comandancia de las FARC, podría incluso poner en riesgo el proceso de paz en sí.
Si bien el desescalamiento es trascendental, el reto que ahora tienen las partes negociadoras es desarrollar una estrategia para darle cimiento a la reducción de la violencia permitiendo la implementación temprana de un cese al fuego bilateral, probablemente adelantando la concentración de las fuerzas guerrilleras, y avanzar al tiempo en la reducción de la fuerte polarización política en la que se encuentra el país.
No sólo en Colombia se han presentado ceses al fuego bilaterales previos a la terminación de la negociación de paz, como ocurrió durante el proceso de negociación con los paramilitares bajo el gobierno Uribe, sino que en muchas otros conflictos, las treguas preceden a una finalización de la negociación o a la implementación de los acuerdos. Este tipo de ceses bilaterales se han presentado en Irlanda del Norte y Guatemala, para mencionar sólo dos procesos exitosos.
Así, una declaratoria de renuncia a la violencia de las FARC -que comprenda la cesación de sus actividades criminales y además de sus ya nulas actividades militares ofensivas- puede acompañarse de una manifestación paralela e inmediata de cesación de operaciones militares ofensivas de la Fuerza Pública. Ya no es el momento de mantener la presión militar para forzar a la negociación; esta ha avanzado y los acuerdos han desarraigado por lo menos dos de las tres raíces del conflicto en Colombia. Las FARC no están en condiciones de renunciar a lo que han logrado en la mesa si vuelven a la violencia. El Gobierno no puede incurrir en el costo de sacrificar el beneficio que representa que no haya violencia guerrillera en Colombia, como ha sucedido en los últimos cincuenta días.
Y es que la reducción definitiva de la violencia asociada al conflicto, ampliará el apoyo ciudadano a la negociación al demostrar materialmente que la mesa produce un efecto positivo-el cese de la violencia de conflicto- incluso antes de implementarse lo acordado en La Habana.
Hoy día no existen razones ni militares, ni políticas por las que las FARC no deba renunciar a la violencia. Y si su apuesta por abandonar el crimen organizado del narcotráfico es seria, ejercer la violencia para disputar zonas de producción de cultivos ilícitos y drogas a las mafias del narcotráfico tampoco tiene sentido en este momento.
El Estado, por su parte, está en una aparente sin salida: adelantar una campaña militar estratégica, habiendo ya derrotado en lo militar a las FARC, y teniéndolas sentadas negociando, puede llevar a romper la negociación y perder lo ya negociado.
A esta aparente sin salida para el gobierno se le puede encontrar una solución si las FARC accede a una renuncia definitiva de la violencia, a dejar de usar las armas sin incluso entregarlas, mientras se culmina la negociación. El gobierno debe extraer tal compromiso de las FARC en la mesa y acelerar el acuerdo para el cese al fuego bilateral.
Esta es tal vez la mejor oportunidad que se ha presentado en los últimos doce años, para cesar la violencia del conflicto y proceder a negociar su terminación.
