El caso de Las Pavas: una oportunidad para rectificar y proteger

Días después, sin embargo, la propia Fiscal General pareció rectificar y anunció que personalmente investigaría el caso. Mientras llega esa nueva versión, vale la pena ofrecer elementos de juicio adicionales, basados en la evidencia disponible, que ayudan a comprender mejor la situación y analizar la complejidad de un caso emblemático de los conflictos sobre la propiedad de la tierra y de cómo éstos acaban en violencia.

¿Hubo violencia o no hubo?

Esa complejidad se debe, en primer lugar, a la dificultad de reconstruir la historia para poder emitir un juicio sobre la tradición de la propiedad, el uso y ocupación de los predios que constituyen el globo de Las Pavas:

• Las referencias judiciales remiten por primera vez a los años sesenta, cuando al parecer los terrenos fueron afectados por la reforma agraria (lo cual habría prohibido su venta futura).
• Durante los ochenta fueron comprados por una persona de apellido Escobar, quien niega el supuesto abandono de su tierra en los años noventa, lo que a su vez habría permitido la controvertida ocupación por parte de la comunidad de Buenos Aires.
• A finales de los noventa se produce la expulsión de los supuestos invasores en el curso de un proceso de policía, lo que abrió la puerta para vender la hacienda a un conglomerado palmero.
• Los ocupantes o supuestos invasores del terreno recientemente han reclamado por vía judicial que fueron desplazadosforzosamente de la hacienda en 2003 y 2009.

Este último punto es crucial: ¿Ha existido violencia en el caso de la hacienda de las Pavas y se ha recurrido a ella como instrumento de resolución de la disputa por la propiedad? ¿Los reclamantes fueron desplazados por la fuerza? ¿Lo fueron a raíz de la disputa sobre la propiedad de la tierra, o lo fueron por otras razones estratégicas, económicas o políticas?

Si no hubo violencia los reclamantes no tienen el carácter de víctimas, aunque esto no invalide su reclamo sobre la propiedad de la tierra, que tendrá que resolverse por la vía judicial o administrativa. En este caso el asunto sería más simple y no estaríamos ante un caso emblemático, donde una disputa por tierras se torna violenta y termina siendo parte del conflicto armado.

Paz armada

La hacienda de Las Pavas se encuentra en el corregimiento de Buenos Aires, perteneciente al municipio de El Peñón, que cuenta con unos 8.000 habitantes, de los cuales el 65 por ciento vive en zonas rurales, en esta región de La Mojana más conocida como Las Lobas. La zona, donde abunda la pobreza, presenta una gran concentración de la propiedad de la tierra y pocos baldíos, pese a tratarse de terrenos inundables y cenagosos en su gran mayoría.

Al examinar los registros se observa que esta zona ha sido relativamente más tranquila que el resto del departamento en términos de homicidios, desaparecidos, secuestros y otros delitos violentos. Lo cual no significa, sin embargo, que haya habido paz en El Peñón y Las Lobas: -El ELN y las FARC, con su frente 34, han estado presentes desde los años noventa; las guerrillas no han tomado al municipio como escenario de operaciones militares, pero sí han extorsionado, robado ganado y reclutado en los municipios vecinos de Rio Viejo y Regidor.

– Desde los ochenta, el tradicional “vigilantismo” ganadero comenzó a confundirse con el paramilitarismo estructurado: la zona registra creciente presencia y algunas acciones violentas de grupos paramilitares, que también se financiaron con extorsiones a ganaderos, transportadores fluviales y hasta pescadores de la región. Para comienzos del presente siglo, esta presencia ya se había consolidado; puede documentarse la presencia de cuatro grupos definidos: El Bloque Norte, el Bloque Central Bolívar (BCB), el Frente La Mojana y las Autodefensas del Sur del Magdalena. Incluso tras desmovilizaciones incompletas y accidentadas de estos grupos paramilitares, existen reportes de extorsiones a cargo de los hombres de alias “Omega”.

La presencia de los grupos paramilitares constituyó pues un efectivo dique de contención contra la guerrilla. Pero no sólo por este motivo había pocas confrontaciones armadas en la zona. Puede decirse que la naturaleza del terreno, la baja densidad poblacional y la pobreza explican la ausencia de formas visibles de violencia. No ha sido esta una zona de cultivos ilícitos, ni de riqueza minera, ni corredor estratégico o ruta logística para las guerrillas. No pasan por allí grandes carreteras, ferrocarriles, o líneas de conducción de energéticos.

Pero sí ha habido presencia histórica de grupos violentos. La protección de la propiedad no está garantizada por un efectivo aparato judicial ni por atentas instituciones de seguridad. Es una seguridad privatizada: en no pocas ocasiones, bajo la amenaza directa de las armas de actores privados.

Las disputas de tierras no se limitan al caso de Las Pavas y corresponden al choque de dos modelos de explotación económica: uno que busca migrar de la ganadería extensiva hacia la producción agrícola comercial, principalmente de palma, y otro que busca extender la producción minifundista campesina, principalmente de cacao. 

Sí hubo desplazamientos

La Fiscal Morales ha sido contundente en sus afirmaciones: “según los registros de la Unidad de Justicia y Paz, este municipio [El Peñón] no aparece referenciado como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia”. La certificación del despacho de la Fiscalía 5 dice que después de investigaciones judiciales e inspecciones de diferentes organismos, sin dar detalles de cuáles y en dónde, no se encontraron evidencias del desplazamiento ni de presencia de grupos armados ilegales o paramilitares en la zona.

Por el contrario, las propias estadísticas oficiales — que el Departamento para la Prosperidad Social publica en su página web — muestran que en El Peñón y municipios vecinos se produjeron desplazamientos persistentes durante todo el período de la disputa, con un pico en Febrero de 2003 -justamente cuando los campesinos de la zona afirman haber sido victimizados.

Cuadro 1. Número de desplazados

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional. Datos procesados por CERAC.

En el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) están registrados dos desplazamientos forzados masivos en la zona rural de El Peñón durante el año 2003: 145 y 402 habitantes, respectivamente. Según estos registros, no hubo más desplazamientos masivos, pero sí otros individuales. En consecuencia, las 123 familias que se mencionan por estos días y que en 2009 fueron declaradas como desplazadas, muy probablemente corresponden a las 599 personas que indica el cuadro 1. Los mismos registros indican que estas 123 familias – si bien fueron expulsadas del corregimiento de Buenos Aires – permanecieron en zona rural de El Peñón [1]. Hay que recordar que los campesinos que reclaman la propiedad de la Las Pavas afirman que en 2003 fueron desplazadas precisamente 123 familias después de una reunión convocada por el mayordomo de dicha hacienda, durante la cual un hombre armado identificado como paramilitar les instó a desalojar el predio [2].

Si bien no existe un registro de prensa sobre este desplazamiento, la coincidencia de fechas, lugares y tipología de la violencia tiende a corroborar la versión de los campesinos.

En otros años, incluyendo el 2008, el 2009 y el 2010 se registran desplazamientos en el mismo sistema de información, tal y como los campesinos de la zona han denunciado. El número de registros de 2008 es mucho mayor que el de 2009, cuando se dice que ocurrió el “falso” desplazamiento, objeto de investigación de la Fiscalía Especializada.

Por último, hay un hecho que ilustra la escala de la violencia desatada en El Peñón durante el 2002 y el 2003: cerca del 20 por ciento de sus habitantes tuvieron que desplazarse a otros corregimientos por las continúas amenazas e injerencias de grupos armados ilegales.

Con seguridad, en Acción Social existe un registro detallado al alcance de la Fiscal General de la Nación y de la policía judicial, que serviría para establecer la verdad sobre el caso.

No reconocer la veracidad del desplazamiento forzado y la existencia de un conflicto de tierras en el caso de Las Pavas pone en evidencia la escasa capacidad investigativa de la justicia en Colombia, la falta de interlocución efectiva entre los propios organismos del Estado y el riesgo de violación continua de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Hoy existe información incompleta e imperfecta, pero suficiente, que corrobora tanto la existencia de un conflicto de tierras efectivamente mediado por la violencia, como también el fenómeno mismo del desplazamiento, que le conviene invisibilizar a una de las partes interesadas.

La Fiscal General debe tomar muy atenta nota.
* Investigador de CERAC y estudiante de Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.

** Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y Director de CERAC.