Las FARC: de las armas a la política

Publicada una versión más corta de esta columna en RazónPública.com el 16 de Junio.

El pasado 11 de junio se inició la discusión del segundo punto de la agenda de La Habana. En materia de participación política, la única “zanahoria” que el gobierno puede ofrecer a las FARC — a mi juicio — es la oportunidad de competir en franca lid en el sistema electoral.

Lo anterior nos obliga a pensar bajo qué tipo de condiciones se puede garantizar el ejercicio de la política no violenta por parte de las guerrillas.

Comienzo por referirme a la propuesta del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) que pese a sus alcances ha pasado desapercibida; el Centro planteó lo siguiente:

  • Para que las FARC puedan hacer un tránsito a la política civil es necesario diseñar mecanismos para compartir o distribuir el poder político a nivel local y regional.

  • Estos mecanismos apuntarían a la construcción de arreglos políticos, que variarían según los modelos de inserción del conflicto armado en las regiones del país.

    • En las regiones donde “las FARC han logrado construir poder de facto y han demostrado la capacidad de gestionar asuntos públicos incluso de una manera más eficiente que el Estado”, se deberían construir gobiernos de coalición en los que participarían de forma directa los excombatientes de las FARC.

  • Los acuerdos tendrían tres impactos favorables para la participación de la guerrilla:

    • Le permitirían adaptarse de forma paulatina al ejercicio de la política.

    • Le permitirían construir poder reputacional, activo central para el desempeño electoral y para la proyección del movimiento político a nivel nacional.

    • Le permitirían sostener una interacción constante y civilizada con bandos antagónicos.

 

La propuesta del Cinep se resume en una frase: la construcción de estos acuerdos sería una vía para refrendar la regulación social, política y económica que el grupo guerrillero ha ejercido en muchas regiones del país.

 

Este es, en otras palabras, un incentivo para que las FARC se desmovilicen y conserven su capacidad de influencia en las regiones donde históricamente han hecho presencia y desde allí amplíen su influencia política en términos electorales.

Aunque innovadora, generosa y valiente la propuesta contenida en este modelo de participación quizá no sea la más apropiada para permitir el tránsito de las FARC a la política. Tampoco será favorable para establecer las bases de una paz estable y duradera. Ello, por lo menos por tres consideraciones:

  • Primero, porque legitimaría órdenes sociales construidos y sostenidos principalmente por la violencia. La regulación que han ejercido las FARC en varias regiones del país se ha basado –en última instancia- en los fusiles. Si bien la guerrilla es un actor político que despliega estrategias diferentes a la violencia para la construcción de poder, posiblemente las armas hayan sido su mecanismo más efectivo –y más usado-.

  • Segundo, desconocería que han existido diversas formas de interacción entre las comunidades locales y la guerrilla, y que esas formas de relacionamiento también han variado en el tiempo. La presencia de las FARC en un territorio no necesariamente le han asegurado una alta capacidad de influencia en una comunidad. Como prueba, no es igual la relación de las FARC con los campesinos de El Caguán que con los indígenas Nasa del norte del Cauca, aunque en ambos lugares este grupo ha hecho presencia. Tampoco es uniforme la reacción de los campesinos de El Caguán a las imposiciones y directrices de la guerrilla en la década de los noventa que en los últimos cinco años.

  • Por último, negaría a las FARC la oportunidad de aprender el arte de la política no violenta. Ese es un camino que debe transitar el movimiento político posguerrillero.

Un poco de teoría: órdenes sociales y grupos guerrilleros

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Las ciencias sociales han estudiado las relaciones entre la población civil y los grupos guerrilleros, los modelos y el alcance de los mecanismos que usan estos grupos para regir la vida de los habitantes locales, y la forma como las acciones de personas desarmadas restringen o facilitan el ejercicio de autoridad de las guerrillas.

Ana Arjona (2008; 2010) propone abordar este asunto de la construcción y sostenimiento deórdenes sociales en regiones en guerra como resultante de la interacción entre grupos armados y comunidades. Arjona define los órdenes sociales como la existencia (o carencia) de reglas de juego entre los combatientes y los civiles para moldear sus comportamientos. Existen, según ella, tres modelos de órdenes sociales:

  • Rebelocracia: donde los grupos guerrilleros actúan como influyentes figuras de autoridad en el territorio, imponiendo sus normas y directrices, por incapacidad para ejercer resistencia por parte de la comunidad o por coincidencias ideológicas entre ambas partes. Los combatientes no sólo regulan la vida de los habitantes sobre temas militares (v.g. el control de la entrada de personas, la entrega de información a la fuerza pública, etc.) sino también sobre amplios aspectos de sus vidas (la política, la economía, la vida privada, etc.). A mi juicio, este es el modelo de varias de las zonas de colonización campesina del país.

  • Vigilancia: donde los grupos guerrilleros actúan como unos incómodos actores políticos frente a los cuales las autoridades –formales o no- de una comunidad tienen que ceder poder. Allí, los combatientes imponen un restringido conjunto de normas concernientes únicamente al ámbito militar, dado que reconocen que los civiles tienen la habilidad y la disposición de resistirse a sus intereses por la vía de las acciones colectivas de organizaciones o movimientos sociales. Considero que este es el modelo de las comunidades de paz y de resistencia civil que sobreviven en diferentes puntos de la geografía nacional.

  • Desorden: donde hay varios grupos del conflicto que simultáneamente ejercen control y violencia en un mismo territorio. Las comunidades resisten a la presencia y las exigencias de los grupos armados o sucumben (se doblegan o se desplazan) ante la violencia cruzada que estos ejercen. Este es el modelo de las regiones de expansión paramilitar en la década de los noventa, y de disputa de los territorios a las guerrillas por parte de la fuerza pública.

Aunque los modelos no son necesariamente excluyentes, lo importante a resaltar aquí es que la capacidad de influencia y de “gobierno” de la guerrilla en las comunidades ha variado enormemente en la geografía e historia nacional.

En ese orden de ideas, por lo menos en lo que respecta a los dos últimos modelos, no es posible considerar que en La Habana se acuerde darles participación política “directa” (sin competencia electoral) a quienes han intentado imponer sus intereses por vía de las armas.

¿Qué poder político se refrendaría a las FARC en regiones como el norte del Cauca en donde no han ejercido autoridad en las comunidades –o si lo han hecho ha sido de una forma muy restringida-?

Un poco de historia: de ‘actores hegemónicos’ a ‘vecinos incómodos’

Es mucho más factible la propuesta del CINEP en el primer modelo que nos presenta Arjona. En regiones como El Caguán, Arauca, El Catatumbo — entre otros territorios— al parecer el control y la influencia de la guerrilla han sido incuestionados.

Sin embargo, también la posición hegemónica de estos grupos en lo político y militar ha cambiado en los últimos años. La política de seguridad del gobierno anterior y su continuidad relativa bajo el actual han llevado a las guerrillas hacia zonas periféricas, incluso en las regiones mencionadas. La fuerza pública logró instalarse en los cascos urbanos de los municipios de Colombia y obligó a la guerrilla a replegarse a lo más alto de las montañas y lo más profundo de las selvas; en fin, a lo más alejado del sector rural. Esto ha reducido la influencia de las FARC sobre las comunidades.

 

El recrudecimiento de la guerra y el aumento de la violencia de ambas partes contra los civiles han producido un  cierto agotamiento en las organizaciones campesinas de zonas como El Caguán. Las guerrillas han dejado de ser actores hegemónicos para los campesinos y se han convertido en un obstáculo para el avance de sus proyectos políticos.

 

En las zonas de colonización campesina se viene dando un “proceso de distanciamiento” de los sectores organizados frente a los grupos del conflicto. Las expresiones incipientes de neutralidad y de resistencia civil emergen ante los desmanes de la fuerza pública (que los señala como auxiliadores de las FARC) y de la guerrilla (que los presiona por una obediencia que ya no pueden brindar las comunidades).

Cabe resaltar algunos ejemplos de protestas sociales contra los grupos del conflicto y en especial contra las FARC en la región de El Caguán (antigua retaguardia estratégica de este grupo guerrillero) que parecían impensables en la época del despeje:

  • El 17 de julio de 2004, los pobladores de San Vicente del Caguán, liderados por organizaciones de mujeres, marcharon por las calles del municipio, a favor de la paz. En estas protestas, por temor a represalias, los participantes no denunciaron de dónde provenía la violencia ni los hechos que los motivaron a marchar[i].

  • El 26 de mayo de 2005, al menos tres mil personas salieron a protestar en contra de la masacre que perpetraron las FARC en Puerto Rico y que dejó cinco personas muertas –entre ellas tres concejales-. Los líderes de la marcha –entre los que se incluía el alcalde de este municipio- rechazaron las acciones de la guerrilla, pero a la vez le pidieron al Gobierno Nacional cambiar la política de seguridad en sus territorios priorizando la inversión pública sobre la presencia militar del Estado[ii].

  • El 9 de marzo de 2006 y el 8 de diciembre de 2008, miles de san vicentunos marcharon en contra de acciones militares de las FARC que dejaron varias víctimas civiles; en el primero de los casos, por la explosión de una casa que dejó cuatro personas muertas y once heridas, y en el segundo caso, por el ataque a una misión médica en la cual murieron dos personas y quedaron tres heridos[iii].

Las organizaciones que con esfuerzo se han ido desmarcando de la guerrilla son la semilla de nuevas formas de expresión política campesina en esas regiones del país. Son la apuesta por una participación política civilista, frente a la cual el movimiento político posguerrillero deberá negociar y persuadir para conseguir su apoyo popular en las urnas.

Entonces, ¿cómo se justificaría retroceder en el tiempo y darle un cargo político directo a un grupo que paulatinamente ha dejado de ejercer como autoridad en estos territorios?

Las FARC y el arte de la política no violenta Pablo_Ortgea_Participación_Política_de_las_Farc__Roy-Chaderton-y-FARC-EP

La pregunta sigue sin resolverse, ¿qué puede negociar el Gobierno en cuanto a la participación política de la guerrilla en un escenario posconflicto?

Según los estudiosos del tránsito de movimientos guerrilleros-a-partidos políticos, David Close y Gary Prevost (2007), los movimientos políticos posguerrilleros afrontan desafíos de carácter endógeno y exógeno en su incursión en la arena política.

Los retos internos están relacionados con los cambios organizacionales que afronta el nuevo partido: superar el verticalismo y construir una estructura interna democrática; hacer transparente a la organización y dejar el secretismo de sus actividades; cambiar la visión maximalista de la política como un juego de suma cero o de amigos-enemigos que facilita la polarización y la violencia política; y adquirir experiencia en la política. Por su parte, los retos externos conciernen al tipo de sistema político, en particular a la fuerza de los partidos rivales y a la viabilidad que tiene el nuevo partido de cumplir su programa ideológico.

El primer conjunto de aspectos hacen parte del aprendizaje del ejercicio de la política no violenta que debe hacer el partido posguerrillero. Establecer un conjunto de condiciones exógenas más favorables, sí puede ser objeto de discusión en la mesa de diálogo.

Dado que la construcción de una paz estable y duradera pasa por la transformación del enemigo armado en un rival político, los equipos negociadores en La Habana podrían discutir tres aspectos:

Un programa de DDR orientado no sólo a la recolección de armas, la desmovilización y la reintegración de los combatientes, sino también a la prevención -o mitigación al máximo- de la reaparición de la violencia guerrillera, mediante el rompimiento de vínculos entre los desmovilizados, de un lado, y las organizaciones armadas disidentes del proceso de paz y otros grupos armados o criminales (como los narcotraficantes), de otro lado. Ello le daría legitimidad al proceso en la ciudadanía, pues sería una prenda de garantía de que el partido posguerrillero no buscará comprar los votos o conseguirlos mediante presión armada.

Un sistema de seguridad de los simpatizantes, militantes y líderes del partido político posguerrillero. El sistema podría hacer parte de la Unidad de Protección y activarse de forma expedita (como lo hace la ruta para proteger líderes de tierras). Sería preferible si el equipo que brindara seguridad no hiciera parte de las fuerzas armadas. Las partes deberán prevenir el ejercicio de violencia política por “saboteadores” del proceso dentro de la fuerza pública. Prevenir la violencia contra los políticos posguerrilleros es una condición indispensable para evitar la reactivación del conflicto armado.

Un estatuto de oposición que establezca mecanismos de discriminación positiva a favor del partido posguerrillero. Así como en otros países (PNUD, 2011), la oposición podría tener garantías como:

  • participación en las mesas directivas de los órganos legislativos en los que el partido tenga curules (Congreso, Asambleas o Concejos);

  • capacidad de solicitar audiencias de control político a los diferentes niveles de gobierno; espacios exclusivos de debate en las discusiones legislativas; y

  • financiación estatal a las campañas electorales.

 

Además, en los primeros comicios, se podría establecer que el partido no tenga que superar el umbral contemplado en la reforma electoral para mantener su personería jurídica.

En síntesis, la sostenibilidad en el tiempo del proyecto político del partido que surja de la desmovilización de la guerrilla puede tener un efecto positivo en el sistema democrático colombiano: ampliaría el espectro ideológico y permitiría la expresión de formas –posiblemente- radicales pero civilistas de oposición política.

Referencias

Arjona, Ana. (2008). “Grupos armados, comunidades y órdenes locales: interacciones complejas”. En González, Fernán (edit). “Hacia la Reconstrucción del País: Desarrollo, Política y Territorio en regiones afectadas por el conflicto armado”. Bogotá. ODECOFI – CINEP.

__________. (2010). “Social Order in Civil War”, [tesis doctoral], New Heaven, Yale University, Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy.

Close, David; Prevost, Gary. (2007). “Introduction: Transitioning from Revolutionary Movements to Political Parties and Making the Revolution ‘Stick’”. En Deonandan, Kalowatie; Close, David; Prevost, Gary (edit). “From Revolutionary Movements to Political Parties: Cases from Latin America and Africa”, New York, Palgrave McMillan.

PNUD. (2011). “Oposición política en Colombia: debate inconcluso”. En: http://www.pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/gobierno/oposicion.pdf. Fecha de consulta: 31 de mayo de 2013.

 


 

[i] La Nación. (Domingo, 18 de julio de 2004). “San Vicente se vistió de paz”. Página 2.

[ii] La Nación. (Domingo, 27 de mayo de 2005). “Hoy, gran marcha contra la violencia en Caquetá”. Página 3.

[iii] La Nación. (Viernes, 10 de marzo de 2006). “San Vicente marchó por la paz”. Página 19.

La Nación. (Martes, 9 de diciembre de 2008). “San Vicente protestó contra las FARC”. Página 3.

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