La paz en medio de una violencia que se transforma

Publicado originalmente en la Revista Javeriana del mes de Octubre

En medio de las expectativas por el inicio de los diálogos con las FARC, se debe tener claro que tanto la paz como la violencia son procesos dinámicos y complejos. La violencia no se acaba por decreto, ni nace en la firma de un acuerdo. Por el contrario, cerrar el conflicto con las FARC puede generar transformaciones en la violencia.

El presidente Juan Manuel Santos insistió en que en este proceso no se repetirían los errores del pasado. Creo que no se refería solamente al proceso del Caguán. Aludía también a la complejidad que implica reducir la capacidad que tiene la violencia de transformase en formas mucho más complejas, incluso que el conflicto armado. Este artículo describe esa particularidad que tiene la violencia para transformarse y explora las posibilidades que tienen el Estado y la sociedad colombiana para evitar que en medio de esa transformación se comprometa esta iniciativa histórica que tiene el país para mitigar su situación de violencia.

La transformación de la violencia:

En Colombia existen múltiples formas de violencia y el conflicto armado es solamente una de ellas. De hecho, el conflicto armado es el que menos participación tiene en los homicidios: solamente 7% de ellos se asocian directamente al enfrentamiento entre el Estado y los grupos armados ilegales1. El otro gran porcentaje obedece al crimen organizado, riñas entre vecinos, delincuencia común, venganzas, violencia intrafamiliar, etcétera.

Estas múltiples formas de violencia y los factores que las explican se traslapan entre sí y son difíciles de entender y afrontar. Por ejemplo, las fronteras entre el crimen organizado y el conflicto armado son porosas. Es sabido que tanto paramilitares como guerrilleros se lucraban del narcotráfico ­–así sea, en el mejor de los casos, del cobro de “impuestos” por transacciones relacionadas con la siembra de cultivos de uso ilícito–. También se beneficiaban de las acciones de los grupos sicariales u organizaciones de crimen organizado en las zonas urbanas –como las que tenía Don Berna en Medellín con las oficinas de cobro, o la de las FARC para llevar a cabo atentados como el que afectó a Fernando Londoño–. Estas relaciones y traslapes generan cambios en los niveles, la distribución y las tecnologías para ejercer violencia, y en la forma de organización de los grupos que la ejercen.

La transformación de la violencia es pues un proceso de cambios en el ejercicio de la fuerza para causar daño, que afecta a grupos poblacionales diferentes, altera la composición de los grupos que la ejercen; cambia la intensidad y su distribución geográfica. Estos cambios se deben a incentivos generados por el contexto, que catalizan y alteran los intereses y las dinámicas de la guerra misma.

 

El proceso con los paramilitares

Un ejemplo cercano de la transformación de la violencia es el que se evidenció después la Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los grupos paramilitares. Desde finales de 2002 y hasta el 2006 se desmovilizaron más de 31.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se logró sacar de circulación más de 16.000 armas. Al principio – entre finales de 2002 y principios de 2005- este proceso tuvo un efecto positivo sobre la seguridad en términos de la disminución de los homicidios y de las muertes directas de conflicto. Sin embargo, los efectos positivos del DDR se detuvieron en el 20052.

Paralelo a ello, no todas las organizaciones fueron desarticuladas y no todos sus cabezas fueron cortadas. Durante el proceso hubo disputas internas a raíz de la decisión de desmovilizarse. De allí que algunas estructuras lograron sobrevivir al proceso y otras lo abandonaron en su curso. Los grupos que no decidieron entrar al proceso, los disidentes, consolidaron nuevamente su poder en algunas regiones del país y los mandos medios no desmovilizados lideraron un proceso de rearme y reestructuración de organizaciones armadas emergentes3. Estos grupos a su vez, generaron un aumento a la violencia tal que para el 2010 era superior a las acciones violentas que ejercían las FARC y el ELN juntos4.

Así mismo, estos grupos -que para efectos de este artículo se denominarán “neoparamilitares”-, también presentaron rupturas y continuidades en las formas de organización y en la manera en la que ejercen violencia contra la población civil. En efecto, algunos conservaron formas de organización jerárquica centralizada, otros federada, y otros a manera de red5. Al mismo tiempo, el nivel de victimización a la población civil siguió siendo el mismo que el que ejercía los paramilitares pero con claras diferencias entre las zonas rurales y las urbanas: en las rurales conservan aún la capacidad de imponer órdenes sociales autoritarios, mientras que en las zonas urbanas “tercerizan” el ejercicio de la violencia a través de los grupos de criminalidad local6.

Así mismo, se han hecho más visibles las alianzas estratégicas con los enemigos que en el pasado eran irreconciliables. Actualmente se ha tenido evidencia de las alianzas de grupos neoparamilitares como el ERPAC y los Rastrojos con las FARC en los llanos7 y en el Cauca8 respectivamente.

Todas estas transformaciones han imprimido complejidades en la dinámica actual del conflicto armado. Tanto en los riesgos para las personas como en las políticas que diseña el Estado para hacerles frente. En las personas, sin duda ahora están más expuestos aquellos líderes de reclamación de tierras9 y los habitantes de barrios en donde existen disputas de organizaciones criminales asociadas a los neoparamilitares por el control de rentas ilegales10.

En cuanto a las políticas, a partir de esta transformación de la violencia paramilitar surgieron dos retos fundamentales para el Estado: la posibilidad de creación de políticas integrales para combatir a estos grupos y la velocidad de adaptación de las organizaciones a las acciones del Estado. La forma de afrontar a estos grupos ha sido desde una postura de policial que se ha enfocado en perseguir y judicializar a los líderes de estas organizaciones, como si se tratara de grupos criminales clásicos, impidiendo, entre otras cosas, el ataque militar a estas estructuras. Esta estrategia ha tenido un relativo éxito en sus objetivos primarios: desde el 2010 hasta hoy se ha logrado la captura o muerte de la gran mayoría de los líderes de estas organizaciones: “Cuchillo”, “Diego Rastrojo”, los Hermanos Comba, “Giovani”, “Sebastián”, “Valenciano” y recientemente el “Loco Barrera”. Pero a pesar de estos golpes, los grupos persisten y buscan nuevas estrategias de perpetuarse en el tiempo11.

En efecto, y este es el segundo reto, los neoparamilitares han logrado adaptarse no solo a los avances de las estrategias del estado para capturar a sus líderes, sino que también han encontrado la manera de diversificar sus rentas. El principal ingreso de estos grupos no depende del narcotráfico sino de otras actividades como la minería ilegal, la extorsión, el control de la burocracia local y el control de actividades no reguladas como la prostitución y los juegos de azar. Esta diversificación de rentas permite, a su vez, no solo incrementar su arsenal de guerra sino conservar órdenes sociales autoritarios a nivel local.

 

Los aprendizajes para el proceso con las FARC

Sin duda, no hay que equiparar la naturaleza del paramilitarismo con la de las FARC, sin embargo hay elementos comunes en este proceso que pueden generar aprendizajes para no cometer los errores del pasado. Estos aprendizajes tienen que ver con los riesgos que impone la carencia de comando y control que tiene el secretariado respecto al resto de sus estructuras; los diferentes intereses que existen entre los comandantes de frentes de las FARC; el reto que implica reintegrar a una gran cantidad de profesionales de la violencia y la aplicación eficiente de mecanismos de justicia transicional para cerrarle el paso a nuevas formas de violencia.

Al igual que los paramilitares, las FARC llegan a la mesa de negociación divididas. En el DDR paramilitar aprendimos que las AUC no eran una unidad, era un conjunto federado de grupos paramilitares que tenían relativa autonomía en sus regiones, lo que finalmente repercutió sustancialmente en la aparición del neoparamilitarismo. En la actualidad sucede algo parecido con las FARC: están fragmentadas y marginalizadas. Después de la implementación de la política de seguridad democrática, la configuración de los frentes y bloques que conforman a esta guerrilla cambió. Si bien al parecer todavía conservan una estructura jerárquica y dicen obedecer a un comando central, las acciones violentas en terreno parecen demostrar lo contrario.

La composición de los frentes son diferentes y las acciones que llevan a cabo son distintas en cada región del país12: algunos frentes como el Suroccidental y el oriental aún conservan una alta capacidad de respuesta violenta a los embates de la fuerza pública, pero otros frentes como el central o el noroccidental ya han disminuido su capacidad para adelantar acciones ofensivas. Ya no es posible observar una acción coordinada entre diferentes frentes para, por ejemplo, tomarse una población; por el contrario han vuelto a la guerra de guerrillas clásicas en donde no se emplea una gran cantidad de combatientes, sino que en el mejor de los casos, privilegian el uso de explosivos para causar el mayor daño posible al enemigo.

Parte de esta fragmentación de las FARC se manifiesta en los intereses divergentes de sus comandantes. Al igual que como ocurrió con los paramilitares, las visiones y las posturas sobre la guerra no son las mismas en todos los bloques y frentes. Por ejemplo, Pablo Catatumbo e Iván Márquez –dos importantes miembros del secretariado- tienen visiones diferentes sobre el fin de la guerra y la justificación de tipos de acciones como el secuestro13. Lo grave de este proceso de negociación es que no todas las posturas y los intereses de los diferentes frentes están representados en la mesa de negociación. Y esto en definitiva es otro riesgo que, al igual que como en la experiencia con los paramilitares, supone la posibilidad de disidencias de las FARC no se acojan al los términos de lo que se acuerde en Oslo y se criminalicen o radicalicen.

Un último aprendizaje del proceso de DDR paramilitar es la incapacidad de ofrecerle a los desmovilizados incentivos lo suficientemente reales para evitar que se “reciclen” en la criminalidad. En la guerra se crearon profesionales de la violencia quienes a pesar de la oferta institucional de reinserción prefirieron involucrarse en actividades criminales. Si bien, según la Agencia Colombiana para la Reintegración, solo cerca del 7% de los participantes14 decidieron salir del proceso y volver a delinquir, quienes comandan o perpetúan a los neoparamilitares han sido antiguos paramilitares que no aceptaron el proceso. Así, ante una eventual desmovilización de las FARC, los incentivos para que los combatientes permanezcan en la legalidad deben ir desde incentivos económicos hasta la posibilidad de reinserción real: un cambio de estilo de vida para los combatientes.

 

Otros retos que enfrenta el proceso de posconflicto con las FARC

Aparte de los retos y aprendizajes anteriores, existe un riesgo que permiten la perpetuación y reproducción de la violencia organizada y que pueden estar asociados a la transformación de la violencia. Esta amenaza al proceso de paz (y nótese que aquí me refiero al proceso de paz en su extensión y no solo a las negociaciones) lo constituyen los saboteadores violentos –o spoilers–.

Si asumimos que se llega a un acuerdo para cerrar el conflicto con las FARC, eventualmente emergerán spoiler. Estas personas o grupos armados buscarán a toda costa ejercer violencia para dañar el proceso de paz, por diversos intereses. Estos saboteadores pueden ser de dos tipos: los que buscan conservar los bienes adquiridos durante la guerra, por un lado y, por otro, las facciones radicales de la guerrilla que no se acojan a los términos del acuerdo con el gobierno. En efecto, muchos de los neoparamilitares y otros grupos que se han visto afectado por la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras han recurrido a la violencia para afectar principalmente a los líderes reclamantes de tierras; es más, varios medios de comunicación han denunciado a los “ejércitos antirrestitución”15: que son en esencia alianzas entre los neoparamilitares, grupos de criminalidad organizada y miembros de FARC que buscan afectar a los reclamantes de tierras con el fin de evitar que la entrega de bienes a sus legítimos dueños sea efectiva.

Por otro lado, como parte de un cierre de la violencia del conflicto no se ha tenido en cuenta un proceso efectivo de reconciliación. No solo debe verse un proceso bidimencional entre victimarios y víctimas, sino que debe tenerse en cuenta, además, este elemento entre las diferentes facciones del mismo grupo armado. La perpetuación de los odios y las venganzas son elementos que amenazan la paz “estable y duradera”. Dado el estado fragmentado y marginalizado de los diferentes frentes de las FARC, es posible que facciones radicalizadas de este grupo devengan en estructuras cada vez más independientes y desarticuladas –a manera de red– y que tengan por objeto asesinar a representantes políticos del nuevo (o nuevos) movimiento(s) político que resulte de la desmovilización de la (o las) guerrilla(s). Hay que recordar, por ejemplo, el caso de los asesinatos a la UP o a los desmovilizados del EPL que fueron perpetrados por miembros de la insurgencia.

 

Las propuestas para reducir la violencia

De acuerdo con los riesgos y los aprendizajes descritos anteriormente, hay varios puntos que podrían implementarse para minimizar el aumento de la violencia en el proceso de posconflicto con las FARC:

-Desmovilizaciones y desarmes regionales. Si se tiene en cuenta la situación de fragmentación y marginalización de las FARC, es necesario llevar a cabo desmovilizaciones particulares a nivel local. Cada región presenta un contexto diferente, tanto en las relaciones con la sociedad civil, las demandas de seguridad y los intereses y las formas de organización de los frentes que tienen presencia en la zona. Por ello, las sinergias entre los gobiernos locales y el nacional es clave; tanto para garantizar una adecuada implementación de los acuerdos pactados con el grupo negociador de las FARC como para poder garantizar en la práctica un efectivo proceso de desmovilización y desarme.

-La participación de la sociedad civil en la transición a una sociedad en posconflicto es esencial. Si bien es “sano” que los diálogos sean discretos y las negociaciones lleguen a buen término lo más pronto posible, la participación de la sociedad en su conjunto es clave para legitimar el posconflicto y lograr un proceso de reconciliación efectivo. Esta participación de la sociedad civil debe, al igual que en el punto anterior, ser particular y de acuerdo a las condiciones de contexto en cada región. Ello contribuiría a un proceso de reintegración basado en las particularidades de las comunidades locales.

-La protección de las víctimas y de los miembros de partidos políticos o sectores de oposición resultado de la desmovilización de las FARC es prioritaria. La seguridad para estas personas deben ir más allá de medidas físicas como chalecos antibalas, carros o escoltas; una adecuada articulación de la Unidad Nacional de Protección, con las entidades de investigación judicial es clave para minimizar las amenazas y vulnerabilidades de estas personas.

-Por último, la política para combatir al crimen organizado debe ser integral. No solo debe procurar la captura de los líderes de las organizaciones, sino también debe articularse con consolidar una adecuada oferte de servicios de justicia y seguridad. Así mismo, es clave que se instauren protocolos para permitir el sometimiento colectivo de las organizaciones neoparamilitares.

Reducir la violencia es un proceso largo, complejo y que en el mediano plazo no se prevé un establecimiento de un Estado en paz. Para lograr la paz a la que aspira la sociedad colombiana, primero hay que frenar la violencia organizada. Si se tiene en cuenta los riesgos de transformación de la violencia, habremos aprendido de los errores del pasado y muy posiblemente logremos mitigar los efectos sobre la seguridad de las personas que impone el delicado proceso de posconflicto.

 

 

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1 Según la base de datos del conflicto armado colombiano de CERAC, para 2011, las muertes directas del conflicto armado fueron aproximadamente 1.022 (BDCAC-CERAC- V11.3), mientras que la violencia homicida en el país, para ese mismo año, ascendió a 13.991 casos (Policía Nacional, [archivo digital])

2 Muggah, R. y Restrepo. J. 2009. “Colombia’s quiet demobilization. A security divident?”. Security and post-conflict reconstruction. Dealing with fighters in the aftermath of war. Oxon: Routledge. Pp. 30-46.

3 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Mayo de 2007. Informe 1. Disidentes Rearmados y Emergentes: ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar?. Bogotá: CNRR

4 González, Restrepo y Tobón (7 de marzo de 2011). “Paramilitarismo: la amenaza sigue viva”. En Razón Pública. [en línea] disponible en: http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/1861-paramilitarismo-la-amenaza-sigue-viva.html
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

5 Granada, S., Restrepo, J. y Tobón, A. 2009. “Neoparamilitarismo en Colombia: una herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto armado Colombiano”. En Restrepo y Aponte (eds.), 2009. Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretaciones. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, CERAC: Bogotá. 467-500.

6 Tobón (abril de 2012). “Usos y dinámicas de la violencia neoparamilitar en el Valle del Cauca”. Documento de trabajo nro. 18. CERAC. [en línea] disponible en: http://www.cerac.org.co/assets/pdf/CERAC_WP18.pdf
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

7 Johnson K. (26 de junio de 2012). “El Erpac: ¿desmovilización, pacto o venta? (Segunda entrega)” . [en línea] disponible en: (http://www.arcoiris.com.co/2012/06/el-erpac-desmovilizacion-pacto-o-venta-segunda-entrega/
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

8 El País ( febrero 3 de 2012) “¿Qué hay detrás de la escalada de las Farc en el suroccidente de Colombia?” [en línea] disponible en http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/hay-detras-escalada-farc-en-suroccidente-colombia
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

9 Restrepo et. Al (31 de enero de 2011) “Diagnóstico de protección a individuos, comunidades, organizaciones y pueblos que participan en procesos de restitución de tierras”. [en línea] disponible en: http://www.mij.gov.co/UnionEuropea/Library/Resource/Documents/Documentos%202012/diagnostico%20CERAC777.pdf
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

10 Tobón (abril de 2012), Op. Cit.

11 Tobón, (junio de 2012) “Una organización que sobrevivirá sin su líder”. El tiempo. [En línea] disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11933334.html
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

12 Restrepo, J.A. (31 de noviembre de 2012). Tras la muerte de Cano: procesos regionalizados de construcción de paz”. CERAC opina. [en línea] disponible en: http://blog.cerac.org.co/tras-la-muerte-de-cano-procesos-regionalizados-de-construccion-de-paz
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

13 Semana (2 de junio de 2012). “Fisuras en las FARC”. [en línea] disponible en: http://www.semana.com/nacion/fisuras-farc/178185-3.aspx
Fecha de consulta 28 de septiembre de 2012.

14 Agencia Colombina para la Reintegración, 2011. “Reintegración, avances y retos”. Informe de gestión. [en línea] disponible en: http://www.reintegracion.gov.co/Documents/InformeGestion.pdf.
Fecha de consulta: 7 de agosto de 2012

15 El Espectador (5 de julio de 2012) “¿Un ejército anti-restitución?” [en línea] disponible en:http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-357427-un-ejercito-anti-restitucion
Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2012.

 

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