Por:
Andrés Ricardo Vargas

La reducción permanente de la violencia y la terminación del conflicto sólo pueden lograrse a través de la renuncia a la acción política violenta. Mientras ello no suceda, los ataques terroristas marcarán el devenir de nuestros días.

El ataque terrorista ocurrido la mañana del jueves de la semana pasada en Bogotá reafirma la apremiante necesidad de complementar el esfuerzo coercitivo contra todos los grupos armados no estatales con una estrategia política. Es decir, se necesita pensar de qué manera racional y sistemática se buscará persuadir las voluntades de los comandantes y combatientes de los grupos armados no estatales que desmovilicen sus estructuras y, de manera aún más importante, renuncien al uso de la violencia con fines políticos.

La necesidad de establecer dicha estrategia política, que deberá complementar, mas no sustituir, el esfuerzo militar, es una necesidad impuesta por la naturaleza de la confrontación y de los grupos involucrados.

El ataque terrorista demostró, una vez más, que si bien el Estado puede detentar el control territorial en un área determinada, le es virtualmente imposible detener todos los intentos de una minoría radicalizada y clandestina de realizar acciones terroristas. El terrorismo es un tipo de violencia política que aparece cuando no hay otras opciones disponibles. Si las Farc pudiesen asesinar a un alto funcionario del Estado o lograr un levantamiento popular armado lo harían, pero la fortaleza estatal no se lo permite. En este sentido esta acción señala los límites de la capacidad de coerción, evidenciando así que se ha alcanzado la frontera donde se debe complementar la coerción pura y dura con la acción política no violenta.

En una etapa del conflicto donde el control territorial estatal ha aumentado significativamente, las Farc han tendido a la milicianización, es decir, tienden a transformarse de un ejército irregular que operaba de manera pública en las áreas donde hacia presencia, a una red miliciana que opera clandestinamente. Estas milicias retendrán capacidad de desestabilización y de hacer daño, aunque no desestabilizar o cambiar el régimen político. La detección de estas redes y células se hará progresivamente más difícil, y el gobierno deberá contener a los sectores más propensos a la represión generalizada como respuesta al terrorismo, so pena de perder terreno político en la guerra al usar la violencia estatal en forma contraproducente.

En el mediano plazo, si la ofensiva estatal en las zonas rurales logra ajustarse una vez más para restarle eficiencia a la adaptación de las Farc a las nuevas condiciones de la guerra, se logra el concurso militar de los vecinos para asegurar las fronteras y el azar ayuda, esta guerrilla puede completar su tránsito hacia la milicianización. Clausewitz señalaba que el objetivo de la guerra es imponer la voluntad política sobre el adversario, y si no es ahora será en ese punto donde la sociedad colombiana tendrá que enfrentar la necesidad de imponer su voluntad política de tramitar sus conflictos de manera no violenta sobre las minorías radicalizadas y organizadas para ejercer violencia.

La reducción permanente de la violencia y la terminación del conflicto sólo pueden lograrse a través de la renuncia a la acción política violenta. Mientras ello no suceda los ataques terroristas u otras formas de violencia, si se les permite, marcarán el devenir de nuestros días.

Los recientes resultados electorales muestran que ni a las élites gobernantes ni a la opinión pública urbana les interesa el establecimiento de estrategias políticas para imponer la voluntad política de tramitación no violenta de conflictos y para evitar la afectación negativa y cotidiana que sufren por cuenta de la guerra irregular las minorías pobres y aisladas que habitan los márgenes del país donde hoy se libra nuestra guerra civil. En este sentido los tiempos de ésta columna no podrían ser más desafortunados. La argumentación a favor de estrategias complementarias y alternativas se confunde fácilmente en momentos de tensión como el actual en claudicación frente al terrorismo o, peor aún, complicidad.

Sin embargo, la profundización del proceso de transformación de la violencia evidenciará la necesidad de, en un escenario de dialogo acotado, lograr un proceso ordenado de desmovilización de la estructura organizacional que soporta el ejercicio de violencia colectiva y organizada, y una derrota de los argumentos justificadores del uso de la violencia para la acción política. Ello requiere una sesuda estrategia política para lograr forzar a las guerrillas a una mesa de diálogo con una agenda reducida (que inevitablemente deberá incluir el tema de tierras) y una aceptación de la obligación de las partes de implementar los principios de justicia, verdad y reparación como hecho político que refrende la ilegitimidad e inaceptabilidad del uso de la violencia en la política nacional.

*Politólogo e investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) y del Observatorio colombiano para el desarrollo integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en regiones fuertemente afectadas por el conflicto armado (Odecofi)

Artículo publicado en semana.com el 18 de Agosto del 2010

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