La condena de 19 militares por los llamados falsos positivos es un llamado a las Fuerzas Militares para reafirmar su función esencial: la responsabilidad para proteger.
El pasado 2 de Mayo, el juzgado especializado de Pasto profirió un fallo en el que condena en primera instancia a 19 efectivos de la fuerza pública a penas de entre 4 y 27 años de cárcel por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2008 en los municipios de El Rosario, Policarpa y Pasto.
La importancia de este fallo no se agota en que las víctimas de estos lamentables hechos no queden impunes, ni en la reparación a la que están sujetas sus familias; también, de manera implícita, hace un llamado de atención a las fuerzas militares para reafirmar la naturaleza de su función. En efecto, lo que diferencia a las FFMM de los grupos armados ilegales es precisamente el mandato constitucional que les impone la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. En esta medida, la valoración de la efectividad de sus acciones no debe basarse en cuántas bajas de los enemigos reportan, sino en la efectividad para garantizar la vida, bienes y honra de los civiles.
Con este principio, esta sentencia imprime un carácter político al castigar conductas ajenas a la naturaleza de las fuerzas militares. La respuesta de los militares ante amenazas de otros grupos armados debe darse en el marco del respeto a los DDHH y al DIH. Solo con una justicia que castigue, controle y disuada actos como estos, y unas fuerzas militares respetuosas de su función -desde los mandos más altos hasta los soldados que ejecutan las operaciones-, es posible reconstruir legitimidad y confianza en el Estado.
