El pasado siete de marzo, el Ministerio del Interior en cabeza del Ministro Germán Vargas Lleras anunció la asignación de esquemas “duros” de protección a 45 líderes de restitución de tierras, y anticipó la asignación de 175 nuevos esquemas a dirigentes de programas de restitución. Dicho anuncio fue bien recibido por las organizaciones y personas involucradas en el proceso que temen por su seguridad.
Aunque la asignación de estos esquemas constituye un avance hacia el reconocimiento de la importancia de la seguridad para la aplicación de la ley de víctimas, la desaparición y posterior asesinato del señor Manuel Ruiz, líder del proceso de restitución de tierras de Curvaradó, genera algunas dudas sobre las estrategias planteadas.
Las fallas en los esquemas de seguridad imponen la necesidad de ajustar procedimientos en lo correspondiente a la celeridad en la asignación de los esquemas, la metodología para valorar el riesgo, los mecanismos empleados para brindar protección y la ampliación del cubrimiento de dichos esquemas. Lo anterior deberá brindar garantías para el retorno de los reclamantes a sus tierras o para reparar por otras vías el daño que les provocó el despojo.
En cuanto a la celeridad, es primordial que la Unidad Nacional de Protección valore con prontitud los niveles de riesgo extraordinario de las personas y, de esta manera, asigne las medidas adecuadas para su protección lo más pronto posible. El largo tiempo que transcurre entre la denuncia de una amenaza y la asignación de esquemas de seguridad, facilita la victimización de los reclamantes que se atreven a denunciar. Durante este periodo el nivel de riesgo de las personas puede aumentar debido al conocimiento público de su proceso de reclamación. Los asesinatos y atentados contra líderes de restitución, observados en los últimos meses, son una clara muestra de las fallas en dicha evaluación, y de la necesidad de acelerar estos procesos.
La valoración del riesgo requiere la integración de estudios de contexto regional, que permitan relacionar el perfil de la persona con el contexto local y así poder asignar medidas adecuadas de protección. Desde diferentes ámbitos se han realizado estudios que resaltan la importancia de modificar las metodologías de análisis de riesgo, incorporando niveles y dinámicas de victimización regional -incluyendo patrones de victimización- lo que se convierte en un insumo para determinar niveles de riesgo e implementar medidas preventivas.
Pero, ¿qué se puede considerar un mecanismo adecuado de protección? En el comunicado del Ministerio del Interior se describen los esquemas “duros” como la asignación de carros blindados, chalecos antibalas y guardaespaldas. Al igual que en el análisis de riesgo, la asignación de estos esquemas no tienen en cuenta las necesidades particulares de los reclamantes, lo que los hace más visibles ante sus victimarios y dificulta su protección. Los esquemas duros deben considerar el contexto donde viven las personas, así como su edad y su género, entre otras. No es lo mismo asignar esquemas duros a personas que habitan en una ciudad, que asignárselo a personas que habitan en corregimientos, donde la camioneta blindada tiene que abrirse paso entre los moto taxis, bicicletas y burros. De igual forma, no es lo mismo asignarle un chaleco antibalas a una persona de 30 años que a una persona de 85 a la que el peso del chaleco antibalas le puede generar otras condiciones de vulnerabilidad en cuanto a su capacidad de movilización e incluso riesgos a su salud.
Si bien las medias duras son una estrategia importante, es necesario entender que no para todas las personas representan un aumento en su seguridad y que no en todas las regiones un celular, un carro blindado o un chaleco son suficientes para evitar que estas personas se conviertan de nuevo en víctimas. Estas medidas deben ser integrales. Es decir, que consideren las necesidades personales y los elementos característicos de cada una de las regiones.
A pesar del alto costo asociado a la asignación de esquemas de protección, se debe propender por garantizar la seguridad no solo a los líderes de restitución de tierras y de las diferentes organizaciones, sino a los reclamantes en general, así como a sus familias, ya que estas se convierten en objeto de amenaza directa e intimidación para los reclamantes.
Si bien los líderes son las personas más visibles ante las comunidades y los victimarios, lo cual aumenta su vulnerabilidad, las personas que están retornando a sus tierras en sectores alejados del territorio y que no tienen una posición de liderazgo también están gravemente expuestas, por la falta de presencia estatal y, como consecuencia, por la imposibilidad que tienen estas personas de defender sus territorios ante la llegada de los victimarios.
Aunque en los últimos meses se han hecho grandes esfuerzos por ampliar la cobertura de las medias, es necesario garantizar que las personas que no son líderes de organizaciones o grupos con voz colectiva, también tengan acceso a esquemas de protección, donde se tenga en cuenta su condición de víctima del conflicto armado -que aún persiste-. Además, los procesos de reclamación a lo largo de todo el territorio deben estar acompañados de una fuerte presencia estatal que garantice los derechos de los reclamantes.
Es entonces el momento para que el gobierno nacional, desde la Unidad Nacional de Protección en cabeza del Ministerio del Interior, adapte las medidas actuales, teniendo en cuenta un análisis de riesgo que incorpore características personales y diferencias regionales. Ello permitirá, sin duda, que hechos como los sucedidos esta semana en zona rural de Mutatá, no le vuelvan a suceder ni a los líderes de las organizaciones, ni a los campesinos, ni a sus familias, garantizando la debida diligencia en los procesos que protegen a las que una vez ya fueron víctimas del conflicto.
