El control sin civiles es un control baldío

En el marco de las acciones para tener un “control total” de la situación de conflicto en el Cauca, es un error del Estado deslegitimar las acciones de resistencia de los indígenas, calificándolas de subversivas o contrarias al derecho de las FFMM a permanecer en el territorio.

Es imposible contar con el control de las zonas de conflicto sin el apoyo de la población civil y menos, sin el apoyo de los Nasa en esta región.

El gobierno ha insistido, que no va a ceder ni un “centímetro” en sus operaciones de recuperación de los municipios del Cauca. Sin embargo, esta confrontación con la insurgencia no se gana solamente con acciones militares que impliquen una mayor capacidad de fuego.

Por lo anterior, se equivoca el ministro Rengifo cuando asegura que no está bien que los indígenas saquen al ejército de sus territorios. Por el contrario, debe leer este acto como un llamado de atención para entender, de plano, lo que está detrás de las acciones de la comunidad Nasa en la región. La campaña que adelantaron varios cabildos indígenas la semana pasada es la expresión de un mensaje claro y legítimo: cesar la violencia.

La mejor ruta de acción es entender que lejos de estar en total control por parte del Estado, la zona del norte del Cauca está en disputa, y la población civil no es un elemento pasivo en esa batalla. Por el contrario, desempeña un rol fundamental para la consolidación, y la acción de resistencia de la población hace más compleja la recuperación militar del territorio.

En efecto, en estos escenarios de disputas, sin dudas, la población civil es la más afectada. Generalmente, en estas situaciones el uso de la violencia contra los civiles es el principal activo para ganar adhesiones a través de la disuasión y el castigo de conductas -como bien lo han identificado los que se dedican a estudiar la violencia en las guerras civiles-.

Sin embargo, lo interesante de lo que está pasando en el Cauca, es que es la misma población la que se resiste a hacer parte del juego de adhesiones a cualquiera de los grupos en contienda; por el contrario, son los civiles los que están disuadiendo las conductas de los armados.

Por lo tanto, la estrategia de consolidación que adelanta el gobierno, por lo menos para el caso del Cauca, se enfrenta a una aparente disyuntiva en la forma como está concebida. Por un lado, debe continuar profundizando en su ofensiva contra las FARC en sus zonas de retaguardia y por otro, y al mismo tiempo, para poder recuperar el territorio de la ofensiva de las FARC debe establecer y conservar la confianza y legitimidad de las instituciones estatales en la zona en muy corto tiempo y respetando, claro está, la autonomía de los pueblos indígenas.

Esta disyuntiva se basa en la distancia que hay entre el planteamiento del plan de consolidación y la situación real de las comunidades que están siendo afectadas por la violencia del conflicto en el Cauca. Las fases del Plan Nacional de Consolidación están concebidas de manera secuencial y de acuerdo a priorización del uso de la fuerza en las zonas “de recuperación”. En principio, estas zonas que cuentan presencia activa de los grupos armados de conflicto deben ser tratadas primero por fuerza militar y después, cuando la amenaza de grupos ilegales se haya mitigado, establecer otro tipo de presencia institucional ‘sustituyendo la presencia militar por la policía y un adecuado acceso a la justicia’ (Plan Nacional de Consolidación).

Me explico: dado que las acciones que han emprendido los Nasa en la región para frenar la violencia se conciben como un  “obstáculo” a la acción estatal, el uso de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones puede ser contraproducente. En estas zonas, la guerrilla ha tenido una presencia histórica mucho más fuerte que el Estado; las autoridades indígenas ejercen una autoridad mucho mayor que las mismas instituciones estatales y la percepción generalizada de sus habitantes es que la violencia aumentó con la llegada del Ejército.

En esas condiciones, es muy difícil generar acciones diferentes al uso de la fuerza militar para “ganar la batalla”. Sin embargo, en este caso, la población civil debe ser el principal aliado. Si se piensa en términos estratégicos, esta batalla no se gana con fuerza militar, se gana generando confianza en las instituciones del Estado. Por ello, no es estratégico descalificar las acciones de los Nasa y hacerlas ver como oposición a la intención del Estado por protegerlos. Por el contrario, la acción estatal debe estar acompañada más allá de una ofensiva militar, de un discurso y de acciones reales que estén del lado de la población; en sintonía con las decisiones de los cabildos y buscando consensos sobre la mejor manera de enfrentar a la insurgencia, minimizando el riesgo de la población civil.

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