La expulsión a golpes y empujones por parte de una minga indígena a los soldados de una base militar en las montañas en Toribío deja en claro que fue un acto poco estratégico por parte de un movimiento social estructurado.
Si la intención del movimiento de los indígenas Nasa del norte del Cauca es proteger a la población de las acciones de los grupos armados, debe priorizar el diálogo y la concertación con las partes del conflicto que hacen presencia en su territorio por encima del uso de las vías de hecho violentas.
Según Tarrow la violencia ejercida por los movimiento sociales es poco efectiva para llevar a sus oponentes a ceder a sus pretensiones porque da excusas a la represión estatal y aleja a los observadores externos al movimiento que no son radicales.
Por el contrario, afirma el sociólogo, son más efectivas las acciones no violentas porque dejan ‘sin piso’ las acciones represivas del Estado y, al mismo tiempo, fomentan la solidaridad de sectores políticos dentro del mismo gobierno y otros sectores sociales que pueden generar presión de manera más sostenida.
El movimiento Nasa se ha caracterizado por usar un amplio repertorio de acciones colectivas que han sido exitosas: desde acciones de hecho como recuperaciones de tierra o el retiro de narcotraficantes y grupos armados ilegales de sus territorios; hasta acciones de concertación que les ha permitido solucionar divergencias al interior de las comunidades y entre éstas y otros actores sociales (armados y no armados). Las acciones de hecho usualmente se han tornado violentas, mientras que la concertación les ha permitido de manera pacífica conseguir sus objetivos.
En la situación actual, en la cual el movimiento indígena pretende ejercer control social del territorio frente al escalamiento del conflicto armado, puede llegar a ser más útil inclinarse por el diálogo y el uso de la palabra con sus contendores armados, el Estado y la insurgencia.
Emplear mecanismos que impliquen el uso de la fuerza es poco estratégico para frenar la violencia contra el pueblo indígena. No solo ahora le han dado pie a la policía para utilizar al ESMAD, y al Estado para iniciar acciones penales, al convertir su resistencia en una situación de amotinamiento, sino que también sus acciones deslegitiman actualmente su objetivo ante la opinión pública, el gobierno y algunos sectores sociales. Además, excusa a quienes cuestionan la neutralidad del movimiento y consideran que éste hace parte de una estrategia de la guerrilla.
En ese orden de ideas, el camino por el que podría optar el movimiento indígena para que sus acciones sean tan efectivas como legítimas es afianzar la palabra y renunciar a la violencia.
De manera inmediata, para evitar un escalamiento de las confrontaciones que ya se desataron, es urgente que las partes renueven su voluntad de diálogo y negociación. Los indígenas harían bien en suspender el desalojo a la Fuerza Pública y reconocer públicamente que esos actos se salieron de control. El Estado podría aceptar un mediador con las comunidades indígenas y evitar una recuperación por la fuerza de los lugares de donde fue expulsada la Fuerza Pública.
Ambas partes, además, podrían ceder en sus pretensiones. Aunque la Fuerza Pública no puede desconocer el mandato que tiene de vigilar el orden público en el territorio nacional, sí puede salir de los cascos urbanos en donde está atrincherada y replegarse en sitios periféricos de estos municipios para no poner en riesgo a la población civil ante los ataques de la insurgencia. Los indígenas, por su parte, pueden limitar la pretensión de ejercer control social del territorio únicamente en los resguardos, en donde los cabildos hacen parte del Estado, en el sentido en que son autoridades reconocidas en la Constitución.
