Diario de conflicto y paz, 6 de mayo de 2013

La situación de seguridad de los reclamantes de tierras en el país ha sido conocida por siete congresistas estadounidenses, quienes han expresado al presidente Santos su preocupación por los cuarenta y cinco reclamantes amenazados. Así mismo, la líder Rosa Amelia Hernández denunció la existencia de un listado en el que se amenaza a sesenta reclamantes de tierras del departamento de Córdoba.

Por su parte, el director de la UNP, Andrés Villamizar, expresó que en algunas zonas humanitarias la fuerza pública no tiene presencia, por lo que deben adelantarse medidas de protección especiales.

Para Gerardo Vega —director de la ONG Forjando Futuros— el problema está en descubrir quiénes están detrás de los grupos y lamentó la falta de resultados “en las investigaciones de los 65 asesinatos de líderes de restitución de tierras perpetrados en el país desde 2008” ya que solo hay resultados en uno de los casos investigados. En un esfuerzo por aclarar los crímenes, el presidente Santos ofreció una recompensa de cien millones de pesos, para aclarar el homicidio del líder Éver Antonio Cordero, ocurrido el pasado 9 de abril en Valencia (Córdoba).

Violencia asociada al conflicto

FARC

Sobre la denuncia de una masacre realizada  por el Frente 18 de las FARC, la gobernación de Antioquia desmintió el hecho. En las investigaciones realizadas desde el momento de la denuncia, no se hallaron indicios de la acción y las incongruencias en las declaraciones del denunciante permitieron concluir que esta era una falsa denuncia.

El viernes pasado, en la vereda La Cumbre, del corregimiento La Morelia, zona montañosa del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), se registró un combate entre el Ejército y las FARC, donde una guerrillera quedó herida. Un segundo combate fue reportado en Leiva (Nariño), donde siete guerrilleros pertenecientes a este grupo murieron y uno fue detenido por miembros del Ejército. En el departamento del Vichada se reportó otro combate donde fueron capturados dos guerrilleros.

En el puente del río Cabí, en la ruta que de Quibdó conduce a Pereira se registró otro combate, esta vez entre la Policía y miembros de las FARC, donde un guerrillero quedó herido y otro fue detenido.

 De igual forma, se registró la muerte del campesino Pedro Abad Cuello Díaz tras caer en un campo minado instalado por este grupo en Anorí (Antioquia). En la misma acción, los labriegos Adriano Arteaga y Rodrigo Franco resultaron heridos.

Un segundo evento se reportó en la vereda El Palmar del municipio de Puerres (Nariño), donde tres soldados resultaron heridos tras caer en otro campo minado en cercanías al Oleoducto Trasandino.

Finalmente, las FARC incendiaron una draga propiedad de la hidroeléctrica Urrá, en el departamento de Antioquia, y amenazaron a los trabajadores.

ELN

El analista político León Valencia anunció “que el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN ya se encuentran negociando la agenda temática que busca la salida pacífica al conflicto armado”. Agregó que “están conversando en esa etapa previa discreta y secreta; que le están haciendo las mismas exigencias que a las FARC, unos negociadores y unos tiempos de negociación” y que podría ser Brasil el país garante, debido al apoyo que se recibió de esta nación, en la liberación de secuestrados.

Neoparamilitares

La masacre ocurrida el jueves pasado en La Unión (Valle del Cauca)  fue atribuida a Los Urabeños. Este mismo grupo amenazó al periodista Luis Carlos Cervantes, en el municipio de Tarazá, (Antioquia).

Por otra parte, la Policía detuvo en Cúcuta (Norte de Santander), a dos integrantes de este grupo que momentos antes habían atentado, con arma de fuego, contra dos personas.

No identificado

Un grupo armado no identificado activó un artefacto explosivo instalado dentro de un vehículo estacionado frente al comando de la policía de San Andrés de Cuerquia (Antioquia), dejando heridos a un  policía y a un civil.

En la ciudad de Medellín un vehículo del INPEC fue atacado con explosivos, a la salida de la penitenciaría  El Pedregal. Solo se reportaron daños materiales.

En esta misma ciudad, las amenazas de los ‘combos’ armados del sector el Cañón, en el corregimiento San Cristóbal, causaron el desplazamiento forzado de treinta familias.

En Toledo (Antioquia), desconocidos instalaron explosivos en un bus de transporte público. La carga explosiva fue activada al paso de una patrulla de la fuerza pública. Como consecuencia de la acción, un policía fue reportado como herido.

En la ciudad de Barranquilla, desconocidos lanzaron un explosivo a un edificio causando daños materiales. De igual forma, en Bogotá, otro artefacto estalló en la localidad de Puente Aranda, generando daños estructurales en las edificaciones de la zona.

Violencia política

El 28 de abril en Valledupar (Cesar) fue amenazada Mary Luz Mejía, integrante de la Mesa de Participación de Víctimas de Valledupar.

Gustavo Briceño, vocero departamental del partido político MIRA en el Cesar y precandidato al Senado, fue asesinado el viernes pasado por desconocidos, en la ciudad de Valledupar.

En la población de Galapa, Atlántico, desconocidos atacaron al gobernador indígena Luis Orellano, causándole lesiones físicas.

La Comisión de Justicia y Paz denunció seguimientos en Bogotá a los defensores de derechos humanos y miembros de esta Comisión, el sacerdote Alberto Franco y el señor Danilo Rueda.  En la localidad de Usaquén, de esta misma ciudad, fue herido con arma de fuego el líder comunal y presidente de Asojuntas Usaquén, Hugo Antonio Plazas Panche. El encargado de los temas de paz y derechos de la Federación Comunal de Bogotá, Edgar Torrejano, manifestó que  según las cifras en los últimos seis meses han sido asesinados cinco compañeros comunales; unos en Ciudad Bolívar, uno en Sumapaz y recientemente un joven coordinador del comité de deportes, en la parte alta de Usaquén.

Justicia

Un juez de Medellín impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al capitán del Ejército Gerson Hernando Castillo Galvis por el homicidio de tres civiles que fueron reportados como guerrilleros muertos en combate con las Fuerzas Militares en febrero de 2007 en la vereda Insor del municipio de Cañasgordas (Antioquia). Las víctimas fueron Jackson Esteby Murillo Castañeda y Jonathan Gutiérrez González.

Un fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos acusará formalmente a  Elda Neyis Mosquera García, alias ‘Karina’ excomandante de las FARC, por su participación en el homicidio de ocho trabajadores bananeros en el municipio de Turbo (Antioquia) en hechos registrados el 25 de noviembre de 1993.

Noticias de la negociación

El octavo ciclo de las conversaciones terminó sin que se haya logrado llegar a una conclusión sobre el tema agrario y con declaraciones de los representantes de ambas partes negociadoras sobre el tema de tierras.

Hoy se inicia en Bogotá la segunda ronda de las Mesas Regionales por la Paz, una iniciativa de las Comisiones de Paz del Congreso, respaldada por la ONU. El objetivo es conocer las opiniones de las víctimas del conflicto y presentar las conclusiones de los talleres regionales al Gobierno y las FARC, en Cuba. “En esencia, se trata de abordar el punto de la agenda de La Habana que atañe a las víctimas y sus derechos”, dijo el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda Castro. Estos resultados serán presentados en la siguiente etapa de las conversaciones que se iniciarán el día 15 de Mayo, en La Habana.

Destacado

Asesinado Iván Darío Restrepo, en Bello, Antioquia.

En la noche del pasado sábado 4 de mayo, hombres armados con uniformes de policías ingresaron a la casa del señor Restrepo y lo asesinaron. Además, cuando ya se iban, amenazaron de muerte a la familia. Las autoridades responsabilizan al grupo de Los Triana, quienes en el año 2009 usurparon cuatro predios de la víctima, razón por la cual entabló las denuncias respectivas y lo habían amenazado en el 2012.

Según Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), el líder Restrepo, “estaba amenazado por denunciar extorsiones y despojo de bienes suyos y de al menos sesenta familias de La Gabriela, por parte del grupo Los Triana y desde el año anterior, había recibido amenazas”. Contaba con protección permanente, y el hecho de que los sicarios hubieran usado prendas de la Policía y tuvieran acceso al reclamante, preocupa a las organizaciones y este hecho es objeto de investigaciones por parte de la Policía.

Share