Diario de Conflicto y Paz, 19 de febrero 2014

Las FARC afectaron la infraestructura eléctrica en Antioquia (ver más en FARC).

Analistas políticos evalúan las amenazas que han recibido varios candidatos a las próximas elecciones legislativas en el país ( La violencia política afecta la campaña electoral en Colombia).

La Fiscalía General de la Nación solicitó la expulsión del exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’ de Justicia y Paz (ver más en Justicia).

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Violencia asociada al conflicto

En el municipio de Puerto Asís, Putumayo, un grupo armado no identificado realizó un ataque con artefactos explosivos contra las oficinas administrativas de la estación recolectora de petróleo Quillasinga, del Consorcio Colombia Energy-Vetra. En la acción quedaron heridos cinco trabajadores, quienes no fueron identificados. Adicionalmente, se reportaron daños materiales en las instalaciones administrativas.

FARC

En el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, se reportó un combate entre el Ejército y las FARC. En el hecho murió un guerrillero que no ha sido identificado.

En el municipio de San Juan de Arama, Meta, guerrilleros de las FARC realizaron una emboscada contra una patrulla de la Policía, con artefactos explosivos y armas de fuego. En el hecho, no se reportaron víctimas.

Por otra parte, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, las FARC destruyeron una torre de energía perteneciente a la línea del circuito Yarumal -Valle de Toledo, afectando cinco poblaciones.

ELN

Hoy no se reportaron hechos violentos atribuidos a este grupo guerrillero.

Neoparamilitares

Hoy no se reportaron hechos violentos atribuidos a grupos neoparamilitares.

Violencia política

La violencia política afecta la campaña electoral en Colombia

Las recientes amenazas a candidatos de partidos políticos, ha generado una situación que según algunos expertos, afectan el proceso electoral que se avecina en el país.

Según el historiador Jorge Orlando Melo, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, “Es casi imposible hacer política en Colombia sin recibir amenazas. Ahora, estas amenazas están orientadas a sabotear el proceso de paz”.

Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Nacional y experto en el conflicto colombiano, dijo que “es frecuente en todo el mundo que cuando un proceso de paz comienza a avanzar se produzcan hechos violentos y explica que ésta es un forma que tienen algunos grupos de ‘saldar cuentas’.

Sobre las amenazas conocidas los primeros días de febrero contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, la aspirante presidencial Aída Avella y los candidatos al Congreso del partido Polo Democrático Alternativo Alirio Uribe e Iván Cepeda, entre otros, el mismo Cepeda, comentó que “desde que soy congresista en 2010 he venido recibiendo amenazas. Aquí el patrón es que estas investigaciones quedan en nada, es un ambiente muy hostil”.

Por su parte, el movimiento Marcha Patriótica, denunció que desde su fundación en el 2012, 17 de sus miembros han recibido amenazas y 30 de sus integrantes han sido asesinados.

Por otra parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral –MOE-, organización civil que realiza el seguimiento de esta situación, dijo que “en Colombia ocurre un hecho de violencia política cada 48 horas”.

Algunos de los hechos de violencia política que destaca son:

  • Desde 2012 se han reportado 345 hechos de violencia: 20 asesinatos de funcionarios electos, 293 amenazas, 28 atentados y 3 secuestros.

  • La Unión Patriótica, creada durante el gobierno de Belisario Betancur, en los 80, tras el primer intento de diálogo con las FARC, ha reportado, desde entonces, la muerte de cerca de tres mil simpatizantes, militantes y dirigentes incluyendo a dos candidatos presidenciales.

Para el profesor de la Universidad Externado de Colombia Frederic Massé, dichas amenazas “son una señal muy negativa, no sólo para el proceso de paz sino para la democracia”, agregó que “pintan mal para el futuro de la reconciliación tras el conflicto, ya que proyectan un panorama sombrío para los guerrilleros que quieran entrar en política”.

Otras violencias

En el municipio de San Cristóbal, Bolívar, aparecieron panfletos con amenazas a los pobladores por parte de desconocidos.

Justicia

En el municipio de Almaguer, Cauca, la Policía capturó a un guerrillero del ELN responsable de asesinar al policía Juan Carlos Guerrero, el 14 de diciembre de 2013 en La Vega, Cauca.

Por otra parte, en la ciudad de Medellín, Antioquia, ante el Tribunal Superior de Medellín, se desarrolla la audiencia en contra de Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, por su responsabilidad en diferentes delitos realizados por este grupo paramilitar. Los hechos por los cuales se le investiga son el reclutamiento forzado, constreñimiento ilegal agravado, las amenazas y violación a los derechos de asociación contra integrantes del Sindicato de Trabajo de Oficiales de Antioquia de la seccional de Tarazá, y además, por su responsabilidad en las masacres del corregimiento La Granja en Ituango, El Aro, Peque, La Caucana en Tarazá, y la del conjunto residencial Parques del Estadio, en Medellín, todas ocurridas en Antioquia.

El Juzgado Promiscuo del Circuito del municipio de Riosucio, Chocó, dictó sentencia condenatoria de 38 de cárcel a Edwin Guzmán Martínez, alias Tuto, integrante de las FARC, por su responsabilidad en los asesinatos de  Edwin Ortega y Petrona Sánchez, líderes de las comunidades afrocolombianas de este municipio. Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2002, en las comunidades de Costa de Oro y Churima cuenca del río Jiguamiandó en el municipio de Carmen del Darién, Chocó. Luego del asesinato de los dos líderes, los pobladores debieron desplazarse forzosamente.

En la ciudad de Bogotá, La Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 40 años contra Miguel Ángel Serrano Ossa, alias ‘Megateo’ de las AUC, por la desaparición y muerte de Carlos Castaño Gil, líder de este grupo paramilitar, en hechos ocurridos el 16 de abril de 2004, en el municipio de Arboletes, Antioquia.

De otra parte, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal en la ciudad de Valledupar, Cesar, solicitó que el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, sea expulsado de Justicia y Paz. Las causas de la solicitud, según la Fiscalía, son que hasta la fecha, el exlíder paramilitar no ha cumplido con los requisitos estipulados en Justicia y Paz para la reparación de las víctimas. Se espera que el 28 de febrero, la secretaría general de Justicia y Paz en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, de respuesta a esta solicitud.

Noticias de la negociación

El líder del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, dijo que si se realiza un proceso de paz con este grupo guerrillero, consideran que la reparación de las víctimas es un tema prioritario y que están dispuestos a realizar el proceso de reparación. Según alias ‘Gabino’ “Quien tiene que plantearse la reparación de las víctimas, son las víctimas mismas, no un tercero y mucho menos un tercero que sea juez y parte, son ellas las que tienen al calor y la luz de la verdad”.

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