Diario de Conflicto y paz, 17 de septiembre 2013

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, declaró que en el municipio de Briceño en el departamento de Antioquia, el Ejército realizó un proceso de desminado que permitió que el municipio quedará “libre de minas antipersonal” (ver más en Violencia asociada al conflicto).

Human Rights Watch (HRW) presentó un informe sobre victimización de reclamantes y líderes del proceso de restitución de tierras en Colombia
(ver más en El Riesgo de volver a casa).

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El Riesgo de volver a casaViolencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”  

El informe presentado por Human Rights Watch, presenta las cifras de victimización de personas desplazadas que hacen parte del proceso de restitución de tierras, en el marco de la Ley de Víctimas.

Para José Miguel Vivanco, Director para las Américas de HRW, las principales afectaciones que sufren estas personas son asesinatos, amenazas y nuevos desplazamientos forzados.

El informe se realizó durante un año y medio, en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y la ciudad de Bogotá. Del 2008 a la fecha, fueron documentadas 21 líderes y reclamantes de tierras asesinados, en 17 acciones violentas.

Desde enero de 2012, fueron reportadas amenazas a más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos, de estos, 360 se encuentran en “riesgo extraordinario” debido a sus actividades relacionadas con el proceso de restitución. Se documentaron 80 casos de amenazas y aproximadamente 30 nuevos desplazamientos de familias reclamantes de tierras.

El informe también reporta que en el mes de agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando los homicidios de 56 líderes y reclamantes de tierras, en 49 hechos violentos ocurridos en 16 departamentos del país, a partir del año 2000. Además, de 17.000 investigaciones por casos de desplazamiento forzado, la Fiscalía ha logrado sólo cinco condenas en enero de 2013, en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima.

El Gobierno Nacional ha implementado programa de protección, que desde enero del 2012, ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras a raíz de las amenazas que han recibido.

En cuanto a las sentencias de restitución, solo el 1% de aproximadamente 43.000 solicitudes recibidas, han sido otorgadas. Hasta el mes de julio de 2013, solamente una familia ha retornado a sus predios, aunque muchos beneficiarios cultivan regularmente el terreno.

Violencia asociada al conflicto

El Ejército realizó el proceso de desminado en el corregimiento Pueblo Nuevo, perteneciente a Briceño, Antioquia, y declaró este municipio “libre de minas antipersonal”.

FARC

Se presentó un combate entre el Ejército y las FARC en la vereda Santa Rosa, en el departamento del Putumayo. En los hechos, se incautó material de guerra y no se reportaron víctimas.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, del departamento de Antioquia, reportó un combate entre la Policía y las FARC el domingo 15 de septiembre. No se reportaron víctimas afectadas.

ELN

Hoy no se reportaron acciones violentas asociadas a este grupo guerrillero.

Neoparamilitares

Hoy no se reportaron acciones violentas asociadas a este grupo armado.

Violencia Política

El presidente de Asonal Judicial Luis Fernando Otálvaro, denunció que fueron amenazados los magistrados María Consuelo Rincón y Rubén Darío Pinilla Cogollo de La sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, pidió “investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por su participación en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos directamente, por acción y omisión y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y como Presidente de la República. Por lo tanto, las copias se enviarán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

Pese a estas denuncias, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, desmintió haber recibido dichas amenazas.

Restitución de tierras

Los campesinos que residen en el territorio ubicado entre dos resguardos indígenas del municipio de Silvia, Cauca, denunciaron ante las autoridades locales que continúan recibiendo amenazas por desconocidos, a raíz de los procesos que han iniciado para la restitución de los predios que la guerrilla les expropió.

Justicia

Por otra parte, en la ciudad de Barranquilla, Ricardo Villegas director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- (en supresión), dio lectura al fallo de la Corte Suprema de Justicia del 14 de septiembre de 2011, donde se confirma la responsabilidad del ex director de esa institución Jorge Noguera y también la del ex AUC Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y pide perdón por la muerte del defensor de los Derechos Humanos Alfredo Correa de Andreis, profesor universitario y sociólogo ocurrida el 17 de septiembre de 2004 en esta ciudad.

De otro lado, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a dos empresarios productores de palma, por su responsabilidad en el despojo de tierras y en el desplazamiento forzado de pobladores de las riberas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en Chocó.

Los responsables son Héctor Duque Echeverry y Luis Fernando Zea Medina, quienes trabajaban para la empresa Promotora Palmera de Curvaradó Limitada Palmadó S.A., de la cual era socio el desmovilizado jefe de las AUC Raúl Emlio Hazbún Mendoza, alias “Pedro Ponte” o “Pedro Bonito”.

Noticias de la negociación

Las FARC dieron a conocer sus propuestas en torno a lo que denominan el punto noveno de las diez propuestas mínimas de participación política:

  1. “ Condiciones para una cultura política democrática y participativa.
  2. Acciones para la recuperación del valor y del significado de la política.
  3. Pedagogía para la apropiación social de la participación y sus mecanismos.
  4.  Cultura política democrática y participativa y regulación de conflictos.
  5. Proscripción de las doctrinas contrainsurgentes y de ‘seguridad nacional’.
  6. Pedagogía y didáctica del acuerdo de paz y la reconciliación nacional.
  7. Reconocimiento y garantías a la propuesta y la movilización social y popular, derecho    a la subversión.
  8.  Prohibición de tratamiento militar a la propuesta social y popular y desmonte del ESMAD.
  9.  No estigmatización y prohibición de la criminalización de los movimientos políticos, sociales y populares.

Por otro lado, las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara votarán hoy el Referendo por la Paz, que permitiría que los acuerdos que se logren en el proceso de paz en La Habana, sean refrendados el día de las votaciones electorales.

                CERAC  
Cuidar la vida   Todas las víctimas Libres, sin violencia
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