El Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC), con sede en Ginebra (Suiza), realizó un informe en el que reporta que en el año 2012 se registraron en Colombia 256.590 víctimas de desplazamiento forzado. Algunas de las principales causas del desplazamiento son el accionar de los grupos armados del conflicto y la ausencia de mecanismos y medidas idóneas de protección para personas en riesgo.
El IDMC reporta que los departamentos a donde llegan principalmente las personas desplazadas a buscar atención humanitaria y medidas de protección son:
· Antioquia con 61.252 individuos,
· Nariño 26.610,
· Valle del Cauca 21.858
· Cauca 35.409 y
· Putumayo con 12.285.
Por otra parte, las ciudades capitales que acogen más desplazados son:
· Medellín (Antioquia) con 37.938 personas,
· Bogotá 31.648,
· Cali (Valle del Cauca) 9.624,
· Buenaventura (Valle del Cauca) 6.198
· Pasto (Nariño) 9.224 y
· Suárez (Cauca) 6.854.
Además, el informe presenta cifras para el período 1985-2012 con un total de 5.701.996 víctimas registradas durante ese lapso de tiempo. Para conocer más datos del informe original, vea aquí.
Durante el año 2012 la situación de desplazamiento continuó, debido a las acciones realizadas por los grupos en conflicto. Se reporta que los desplazamientos siguen presentándose por los combates entre el Ejército y la guerrilla, en Guapi (Cauca), donde el comandante de la Policía del Cauca, coronel Ricardo Alarcón, confirma que el total de personas que han llegado a la zona rural de este municipio, asciende a mil doscientas. El Ejército, la Armada y la Policía continúan realizando labores de control en la región.
| Amenaza a periodista | Violencia asociada al conflicto | La negociación |
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| Amenazada periodista en BarranquillaLa jefe de producción del canal de televisión Telecaribe, Mabel Gasca denunció amenazas recibidas en horas de la noche por un hombre que se identificó como integrante del grupo neoparamilitar Los Rastrojos. |
Violencia asociada al conflicto
En Medellín, Antioquia, el director de la Corporación para el desarrollo y la paz de Antioquia, Fernando Quijano, denunció que debido a los operativos realizados en la ciudad en contra de grupos organizados, han sido amenazados veinte policías y solicitó a la dirección de la Policía que les brinden medidas de protección a los uniformados.
Por otra parte, en Samaniego, Nariño, el sacerdote Serafín Bastidas fue amenazado por un hombre armado que le exigió salir del pueblo. El clérigo desconoce los motivos de esta amenaza.
FARC
Durante un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona del río Munguidó, de El Litoral de San Juan, Chocó, a un campamento de las FARC, se reportó la muerte de cuatro guerrilleros y la incautación de material de guerra.
En el departamento del Meta, en el sector El Pororio en la vía Granada a San José del Guaviare, integrantes de las FARC detuvieron un vehículo de transporte público y obligaron al conductor y a los pasajeros a bajarse; luego lo incendiaron.
La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del bajo Atrato y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio, Chocó, denunciaron que el 6 de junio hombres armados dieron muerte a los líderes comunitarios Everjo e Hipólito Ortiz Palomeque. Los hermanos pertenecían al Consejo comunitario de Pueblo Nuevo Cuenca del Río Salaquí. Además responsabilizaron a integrantes de las FARC y de neoparamilitares y han solicitado que sean excluidos del conflicto y que se respeten sus comunidades.
Violencia Política
En Cartagena, Bolívar, Henry Guizamano Vivas, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena (Asococ) “Mi Tambó” y del Consejo Comunitario de Tierra Baja, fue atacado por Damián Meléndez Ospino quién además lo amenazó. El líder trabaja en el proceso de solicitud de Titulación Colectiva de Tierra Baja. Ya ha solicitado la protección ante la Unidad Nacional de Protección.
De otra parte, el corregidor del corregimiento de Río Seco de Valledupar, Cesar, Luis Eduardo Vega Daza denunció que fue amenazado por dos hombres. La víctima ha solicitado protección para él y su familia y también reportó que otros inspectores de corregimientos e inspecciones de Valledupar han sido amenazados.
Justicia
La Procuraduría General de la Nación vinculó a cinco militares del Ejército a la investigación por la muerte de dos civiles en Alto del Pozo en la vereda San Juan del municipio de Villacaro (Norte de Santander) en el año 2006.
De igual manera, se formularon cargos contra cuatro soldados por la muerte de un campesino en San Andrés de Cuerquia (Antioquia), el 13 de febrero de 2008.
Noticias de la Negociación
Tras casi siete meses de iniciadas las negociaciones en La Habana, Cuba, y luego del acuerdo sobre el primer punto de la agenda, las FARC propusieron cinco puntos.
El primer punto corresponde a la modificación del calendario electoral, a lo que el Gobierno colombiano ha declarado su negativa frente a cualquier posible cambio.
En el segundo punto y como parte del tema relacionado con la participación política, proponen convocar a una Asamblea Constituyente. Sin embargo, este tampoco ha sido aceptado por los representantes del Gobierno, ya que la idea es lograr un acuerdo definitivo al conflicto hacia final del año y no mantener las conversaciones por un tiempo indefinido. En tercer lugar, los guerrilleros insisten en que se debe realizar un cese al fuego bilateral para mejorar el ambiente del diálogo, ante lo cual el Gobierno mantiene su postura de continuar con las acciones por parte de las fuerzas armadas.
El cuarto punto solicitado, es la incorporación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera alias ‘Simón Trinidad’ quien se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos. Las FARC han hecho esta petición en varias oportunidades para que se conceda un indulto sobre la condena que debe cumplir y que participe en las negociaciones. En tal sentido el Gobierno ha aclarado que no es competencia de Colombia sino de Gobierno de estadounidense.
Además, en el quinto punto, solicitaron que haya una reducción de la estructura de las Fuerzas Militares. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, dijo que este punto no es “materia de discusión en La Habana».
Finalmente, luego del incidente diplomático surgido entre Colombia y Venezuela por la visita del excandidato presidencial del país vecino, Henrique Capriles, el delegado venezolano Roy Chaderton le expresó al equipo negociador colombiano, que Venezuela continuará acompañando el proceso de paz.
Para un análisis sobre lo avances parciales del proceso de diálogo ver “La montaña rusa de la negociación con la guerrilla”.
Por otro lado, el representante del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, habló sobre la participación en política de los guerrilleros de las FARC y expresó que el acuerdo “no establecerá beneficios para ninguna persona en particular, sino para la organización como grupo” y que se busca “cambiar armas por ideas y llevar a las FARC de una organización armada a una organización civil dedicada a la política”.
En el mismo comunicado, De la Calle menciona que en otro punto de la agenda se decidirá quiénes podrán participar en actividades políticas y ejercer los derechos políticos. Además recalcó que será la justicia transicional la que determine los posibles indultos y responsabilidades por sus acciones. Se busca que surja una fuerza política tras el proceso de paz y que deben dejar las armas. Sobre el tema de la entrega del armamento hay discrepancia entre las partes, ya que el Gobierno colombiano pide que sean entregadas y la guerrilla dice que las dejarán, pero que no las entregarán.
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