El anuncio del acuerdo sobre el tema de participación política, que hicieron las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC hoy, es un importante avance en el proceso de negociación para el cierre del conflicto, y en lo concerniente al sistema electoral y a la ampliación de los espacios democráticos de participación de la ciudadanía.
Uno de los primeros aspectos positivos a destacar en torno a estos acuerdos, es el respeto a los principios constitucionales establecidos. Las medidas que se anunciaron para establecer garantías a la participación política ciudadana y, en particular, la del movimiento político que surja de las FARC, no contempla una reforma estructural de la Constitución Política de Colombia sino más bien un desarrollo de alguno de los principios ya establecidos en ella, como lo es la reglamentación de un estatuto de oposición y la revisión del régimen electoral.
Aunque las FARC no han descartado por completo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos, este avance sí sugiere que la línea radical al interior de este grupo guerrillero comienza a debilitarse.
El segundo punto importante del anuncio tiene que ver con la primera aceptación pública de dejación de las armas por parte de las FARC. Este cambio de discurso es un factor fundamental para la implementación de los eventuales acuerdos y para la obtención de una “licencia social” para la incursión del grupo guerrillero en la política electoral. Es la primera vez que las FARC contemplan “la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”.
Otro punto que vale la pena resaltar del comunicado es aquel relacionado con la creación de una Circunscripción especial para la paz que busca dar espacios de representación adicionales a los ya existentes y de carácter transicional a las regiones más afectadas por el conflicto armado y por el abandono estatal. Este punto resuelve las suspicacias que se habían generado en torno a la posibilidad de otorgar escaños directos a los miembros desmovilizados y reincorporados de las FARC en el Congreso, lo que podría haber generado animadversión de algunos sectores.
Sin embargo, la puesta en marcha de esta circunscripción especial, conlleva el riesgo de ser cooptada por sectores disidentes de las FARC frente a los acuerdos o por grupos armados que surgan tras la desmovilización. Es por esto que también es necesario resaltar que en este acuerdo se busca la promoción de la transparencia en procesos electorales en aquellas regiones en que se realizaría la votación para estas circunscripciones especiales.
En cuarto lugar las partes acuerdan realizar una revisión del régimen electoral vigente. Pese a la importancia de un acuerdo en este sentido, aparte del punto anterior, las partes no mencionan detalles adicionales sobre la manera en que se realizará dicha reforma, ni de los aspectos puntuales que serán objeto de la misma. Esto genera incertidumbres sobre posibles cambios en el sistema de participación política.
En quinto lugar cabe destacar la propuesta de elaboración de un estatuto de oposición. El compromiso de las partes en torno a este tema es un positivo avance para el sistema político, puesto que la reglamentación de las condiciones para el ejercicio de la oposición política es una tarea pendiente en la agenda legislativa de los últimos años. La participación amplia de diversos sectores de la sociedad en su elaboración (movimientos políticos, academia, expertos internacionales y partidos políticos), le imprimiría legitimidad a esta norma.
Otro aspecto a destacar está la inclusión del tema de reconciliación en el proceso de paz. A diferencia de los procesos transicionales que se adelantan con los grupos paramilitares y la expedición de normas recientes a favor de las víctimas, por primera vez se comienza a plantear la urgente necesidad de diseñar mecanismos de reconciliación social. Ello se haría mediante la creación de los Consejos Regionales de Reconciliación y Convivencia y mediante la participación de diferentes sectores de la sociedad civil en la implementación de los eventuales acuerdos alcanzados en La Habana.
Por último, en el acuerdo se establecen mecanismos concretos de participación ciudadana. Uno de ellos es el fortalecimiento de los instrumentos de veeduría ciudadana frente a la gestión pública, lo cual, a su vez, podría redundar favorablemente en los procesos de rendición de cuentas de las entidades estatales. También se encuentra la promoción de la participación ciudadana en la formulación de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Ambos mecanismos podrían tener un efecto positivo en el desempeño de la administración pública en los diferentes niveles del Estado.
Sin embargo, el proceso de cierre del conflicto aún debe superar al menos dos escollos.
Primero, la discusión sobre las condiciones para materializar el tránsito de las FARC a un movimiento político se aplazan al tercer punto de la agenda. Aún falta discutir dos aspectos de suma relevancia e impacto para la legitimidad de los acuerdos: la verdad y la reparación a las víctimas, y los niveles de justicia a aplicar a responsables de delitos de lesa humanidad.
Segundo, este acuerdo deberá contar con la aprobación de gran parte de la ciudadanía y de la opinión pública para que sean refrendados. Por lo tanto, es positivo que estos acuerdos no modifiquen estructuralmente el marco normativo e institucional vigente, de tal forma que este acuerdo aún es “digerible”, pues no son mucho los “sapos” que debamos tragarnos.
En síntesis, este acuerdo es importante porque fortalece al proceso de paz frente a la coyuntura electoral. Sin embargo, contrario a la percepción general, lo más difícil está por venir.
Autores:
Juan David González Ramírez
Pablo Alberto Ortega Poveda