El ex presidente Álvaro Uribe, en su reciente visita a Paraguay durante una conferencia sobre economía y seguridad nacional, mencionó que de haberse mantenido la política de seguridad de su gobierno, ya habría paz en Colombia. Esta afirmación es debatible en tanto que, bajo la experiencia acumulada del país, se puede decir que es muy difícil conseguir la paz por la vía armada.
En primera medida, varios de los lineamientos de aquella política se siguen implementando en el actual gobierno, la política de seguridad actual es una de continuidad de la del anterior.
En segundo lugar, las lecciones del pasado nos permiten ver que en Colombia solamente se ha logrado desmantelar grupos del conflicto armado vía negociación y no por medio del uso de la fuerza.
Adicionalmente, la concepción de paz, como ausencia de guerra del ex presidente Uribe, pasa por alto elementos claves para construir una paz sostenible y duradera.
La política de Seguridad Democrática se continúa en el actual gobierno, ya que en efecto sigue siendo la prioridad en la agenda de seguridad combatir a la guerrilla (cuestión que se refleja en el alto gasto militar destinado a entrenamiento, aumento de armamento y de personal para tareas contrainsurgentes).
La diferencia es que en el gobierno anterior la Seguridad Democrática se concentraba en el control territorial y en el resultado del número de bajas en combate, en cambio, la política de seguridad de Santos en desmantelar las organizaciones ilegales (dirigiendo su accionar en contra tanto de líderes como de los encargados de las finanzas para desestabilizar al grupo).
Adicionalmente, la historia reciente ha demostrado que las medidas enfocadas en la eliminación física del “enemigo” para finalizar el conflicto del país no han sido efectivas. Por ejemplo, el intento de eliminar a las FARC debilitando su estructura, desapareciendo los mandos altos y medios, (como la baja de Cano o la de Jojoy), han demostrado la alta capacidad de resiliencia y adaptabilidad con la que cuenta este grupo, que logró cambiar su estrategia de una guerra de movimientos a una de guerra de guerrillas.
Es evidente que solamente las salidas negociadas han logrado desmantelar grupos armados enteros, como ha sido el caso del M-19, el EPL, el Quintín Lame, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (proceso del que hizo parte las FARC y permitió crear la UP como propuesta política) y el proceso de desmovilización de las AUC liderado por el mismo Uribe, de la cual se desprende la conocida Ley de Justicia y Paz.
Por último, de acuerdo a las declaraciones del ex presidente, la paz vendría como resultado de derrotar militarmente a las FARC (paz negativa), lo cual deja de lado el esfuerzo por construir una paz positiva en el país, lo cual implica modificar los factores que permiten la violencia estructural -en el sentido de Galtung: la falta de participación política, la concentración y desprotección de la propiedad de la tierra, y los altos niveles de pobreza, e inequidad, que están en el núcleo del conflicto colombiano.
Creer que se puede llegar a lograr la paz sólo mediante la eliminación del adversario militar significa pasar por alto escenarios posibles como un rearme de los frentes disidentes, el surgimiento de nuevos grupos criminales o la escalada en el conflicto.
Uribe había señalado en su campaña política que la Seguridad Democrática lograría acabar con las FARC en seis meses, pero en los ocho años de su gobierno no lo logró. No se trata de desvirtuar los importantes logros alcanzados por esta política en términos de debilitar a los grupos guerrilleros, sin embargo, es claro que esta se agotó sin cumplir con su objetivo de acabar definitivamente con las FARC y además se alejó del objetivo de lograr una paz real en Colombia.
Negociar es costoso y difícil, pero continuar con una guerra como la que ha tenido el país en los últimos cincuenta años tiene un costo aún más elevado, siendo el diálogo y la negociación la alternativa más idónea para cerrar el conflicto armado.