Catastro público para la paz

La denuncia de Daniel Coronell hoy en Semana sobre el caso de la Hacienda de los Dávila en Ginebra, Valle del Cauca, es contundente como caso de corrupción. Pero también es útil para discutir la raíz del lento desarrollo y la violencia en Colombia.

Primero, y esto ya lo han dicho desde Salomon Kalmanovitz a Hernán Echavarría Olózaga, está el hecho de que la raíz de estos problemas de Colombia ya conocidos -sobreestudiados dirán algunos- está en la baja tributación a la propiedad de la tierra, sobretodo de la gran propiedad.

No es sólo que se tribute poco por la tierra en Colombia, sino que quienes más tierra tienen, menos tributan.

La debilidad tributaria del municipio colombiano es lo que explica sus enormes carencias fiscales, y lo que a su vez limita la prestación de bienes y servicios públicos locales, un obstáculo infranqueable al desarrollo.

Si en Ginebra (Valle) no hay educación, jueces, policías, o buena y suficiente agua potable, no es porque sean allá tontos o perezosos: es porque no hay con qué. Tampoco es porque el Estado central lo impida; esto último se puede cambiar, comos se hizo ya desde los ochenta en salud o educación, con grandes mejoras en cobertura.

Por ello el recurso es pedirle a la Nación plata -siempre- para prestar estos servicios que deberían ser financiados en lo local, para atender demandas locales. Aquí está la base del centralismo.

Un campo consentido es un campo informal cuando no criminalizado

Esta baja tributación también es lo que permite que la tierra esté ociosa; junto con la altísima protección de la competencia exterior al campo colombiano -de cuyo otorgamiento y defensa valga la pena decirlo ha existido secular consenso entre izquierda y derecha en el Congreso de la República- se ha logrado que la gran hacienda sea paisaje, y escenario de baja productividad, ineficiencia y desperdicio.

Por ello Colombia es -mayoritariamente- un país de hermosos territorios rurales vírgenes en lo productivo, puntuados por ganado, hermosas casonas de tradición y familia; y poco empleo y empresariado rural. Pero hay más.

La tributación rural baja es el principal incentivo para la informalidad y depredación.

Lo que sí se produce es lo que se puede ocultar: el gran incentivo a la corrupción, a lo informal, a la economía subterránea, a las relaciones laborales y contractuales premodernas y no monetarizadas está en esta baja tributación de la Hacienda.

Lo que sí genera ingresos sostenidos -fáciles- es lo que se puede robar del otro o de lo que uno se puede apropiar cuando no tiene dueño claro. Y para el que no tiene tierra, es aún más fácil depredar: la captura de rentas, la tala de bosques, la minería ilegal-informal, el robo de ganado, las relaciones contractuales basadas en la desconfianza responden a este incentivo en favor de la depreciación. Como el ingreso legal siempre será marginal,  la renta de la hacienda, del oro, de la coca y el coltan, terminan siendo una respuesta racional a un incentivo.

Ni hablar de los bajos costos de oportunidad de la depredación.

La falla institucional y la violencia

No es gratuito entonces que el gran crimen organizado haya aflorado y florecido en lo rural. Su urbanización es parte de un proceso evolutivo, pero el origen está en el campo

Ahora bien. Lo que más nos debe ocupar en este análisis es en realidad el vínculo entre la tributación rural y paz, o entre su ausencia y la persistencia de la violencia.

Cuando en lo local no hay bienes públicos -porque no hay con qué pagarlos- se fortalece el Estado central, y, claro, la prestación privatizada de seguridad. Y en ese caso, ¿para qué pagar por seguridad pública si es más barato y eficiente defenderme y pagar “mis propios” servicios de “seguridad” y “justicia”, a “mi modo”, a “mi manera de hacer las cosas”?

Además, el Estado no podrá nunca lograr llegar a cubrir -sin tributos locales- con su oferta institucional la demanda de bienes públicos a nivel local.

El agotamiento de la política de seguridad

Este no es ni siquiera un asunto que verse sobre quién presta los servicios o bienes públicos -si el público o el privado, si muchos o pocos, si la Nación o el Departamento- es un asunto de incapacidad tributaria para financiar la institucionalidad local.

Así, en la mayoría de los municipios de Colombia es hoy fiscalmente inviable un Estado que provea un nivel aceptable de bienes públicos -seguridad y justicia por ejemplo- en lo local.

Pero incluso si fuera viable, no sería eficiente en la prestación si lo hace desde el aparato nacional. La mejor manera de no lograr proveer suficiente seguridad es seguir insistiendo en la vieja fórmula de más soldados y policías, más jueces y fiscales, cada vez con más altos –auncuando equitativos– salarios.

El aparato de seguridad nacional, como el de justicia, termina siendo enorme, costoso e ineficiente. Sobretodo, termina siendo inefectivo en lo local. Que es donde se concentra y nació el problema de inseguridad y donde más in-justicia hay.

Y, siendo reiterativo (los lectores atentos entenderán indulgentemente que esta parte del argumento es crucial- es allí en su inefectividad local, donde se generan los incentivos a una mayor depredación, a una mayor informalidad, cuyas disputas terminan en muchos casos  -porque son informales o criminales- resolviendose en intercambios violentos.

Al fin y al cabo, allí están las armas y los hombres de la autodefensa que sí son de uso dual: para defenderse, pero para resolver “asuntos” privados también. Y de allí al crimen organizado, hay sólo un paso, o un tiro.

Mi argumento es -en síntesis- que la raíz económica de la autodefensa y su violencia está en los bajos impuestos de la hacienda colombiana. No es sólo un tema de narcóticos, no es así solo un tema de gran criminalidad organizada.

Catastro público para la paz

Por ello, para acabar de raíz con el paramilitarismo, la autodefensa y el vigilantismo rural, es necesario poner a tributar a la hacienda y con ello devolver la financiación -que no la prestación- de los servicios de seguridad local y justicia a los municipios.

Que quien tenga pague al municipio. Que quien más tenga, pague más. Para ello, se necesita conocer -pronto, con precisión, sin costo de acceso y con transparencia- quién tiene qué en el campo colombiano, cuánto cuesta su propiedad, y cuánto debe pagar.

Un catastro público, actualizado, gratuito puede reversar este estado de cosas.

El catastro oscuro en Colombia.

Porque lo que hace viable este modelo de desarrollo ineficiente y violento es la opacidad del registro sobre la propiedad de la tierra.

Sólo un periodista acucioso, motivado, con tiempo y recursos puede llegar a conocer información como la delos Dávila y así denunciarla.

Insisto: la opacidad y secretismo en los registros de la tierra, de quiénes son sus dueños, sobre las cargas tributarias a que están sometidos, sobre las transacciones para acumularla y la tradición de donde proviene la tierra, son el mejor cómplice de quienes mantienen este estado de cosas ineficiente y violento.

No dudo en afirmar que la impunidad de los crímenes en el campo colombiano -del conflicto- tiene su base económica en la ausencia de tributación rural.

Aunque ha habido avances en el registro público en los últimos dos años, la transparencia en la información catastral es casi nula, el acceso público cuando no imposible es tremendamente costoso.

Todo esto no sucede por atraso, ocurre por diseño.

Por ello hay que conocer no sólo los casos, como el que valientemente devela Coronell: también hay que conocer la economía política y la historia del Catastro y del IGAC: ¿quiénes lo controlan? ¿Qué o quién los ha mantenido allí? ¿Por qué no hay acceso a la información, actualización, ni publicidad de la misma? ¿Por qué los concejos locales no hacen tributar la hacienda? ¿Por qué las alcaldías locales no buscan hacerla tributar?

No es sólo corrupción. No es sólo el caso de la familia Dávila.

Este es un tema estructural: Esta es de aquella corrupción que afecta la viabilidad del Estado, que atrasa la sociedad.

Hacer tributar la tierra es erradicar de raíz el principal obstáculo para el desarrollo y la paz en Colombia.

Ojalá en los diálogos de La Habana acuerden hacerlo.

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