Buenaventura en crisis: ¿bello puerto del mar?

Publicado el 24 de marzo de 2014 en RazónPública.com

Detrás de la violencia que agobia a la primera ciudad del Pacífico, hay problemas severos de exclusión, falta de infraestructura, debilidad de las instituciones y remedios ineficaces. Pero el puerto tiene grandes posibilidades, y hay rutas de acción concretas para lograrlo.

Potencialidades

Buenaventura es un municipio de contrastes: cuenta con condiciones favorables para su desarrollo, pero la calidad de vida de sus habitantes sigue estando entre las más atrasadas del país.

Las principales potencialidades del puerto pueden resumirse en la riqueza de recursos hídricos y naturales (posibilidad de desarrollar actividades de pesca, extracción de madera y de recursos minerales). Además, su ubicación resulta estratégica para el comercio exterior, lo que se suma a la infraestructura portuaria existente.

En este municipio están emergiendo organizaciones de la sociedad civil con capacidad incipiente para exigirle a las autoridades y al Estado –en muchos sentidos ausente- cambios en pro de su bienestar.

Tres problemas centrales

Los problemas de Buenaventura se pueden resumir en tres situaciones que, sumadas al grave problema de seguridad, explican el fallido desarrollo de este puerto del Pacífico.


1. Falta de infraestructura.

Buenaventura presenta grandes déficits en servicios públicos vitales, especialmente en agua potable y alcantarillado. Ninguna vivienda cuenta con agua potable durante 24 horas continuas, solo los hoteles y el sector de comercio internacional acceden a este servicio de manera constante.

A esto se suma la falta de infraestructura que sería necesaria para agregar valor a los recursos naturales explotados. Por ejemplo, no existen procesadoras o comercializadoras de productos de pesca o para la transformación de madera. Las vías de acceso al puerto se encuentran en un estado deplorable y solo recientemente se han iniciado algunas obras para aumentar el potencial exportador e importador; este esfuerzo, aunque tardío, es un avance, pero está en función del puerto y no de sus habitantes.

En Buenaventura predominan las viviendas en palafitos construidas en zonas pantanosas. Este tipo de construcciones y la ubicación de las viviendas responden a las actividades de pesca, pero resultan en muy malas condiciones de salubridad, seguridad y comodidad para sus ocupantes, así como en la mala distribución territorial de los asentamientos.

2. Debilidad institucional.

El acceso a servicios de salud y educación se ve obstruido por falta de cobertura y de calidad. Muchas veces, estas carencias se ven agravadas por la corrupción -como ocurrió con los llamados “estudiantes fantasmas”- o por la falta de planeación y seguimiento de los programas.

También hay debilidades institucionales en materia de titulación de predios. La propiedad de la tierra en Buenaventura se ha caracterizado históricamente por la informalidad, con muestras reiteradas de corrupción. Esto ha dado origen a múltiples conflictos en torno al uso y la propiedad del suelo, conflictos que a menudo son tramitados o usufructuados por grupos armados que agravan la violencia.

3. Exclusión social.

Esta se expresa especialmente en los procesos de poblamiento y de asentamiento subnormal en la parte continental. Por contraste, en la isla de Cascajal o zona insular de Buenaventura, donde funciona gran parte de las actividades comerciales y productivas, es bastante mejor la cobertura de los servicios públicos domiciliarios. Aun así, en ambas zonas se registra la exclusión consistente en la falta de empleo, educación, servicios de salud o desarrollo de actividades productivas.

Múltiples violencias e incapacidad del Estado

La situación de seguridad en Buenaventura se ha caracterizado por la presencia de grupos armados ilegales, en zonas rurales y urbanas y en diferentes periodos. Esto se explica en gran parte por las mismas potencialidades y debilidades del puerto:

● La ubicación estratégica lo convierte en territorio clave para el tráfico internacional de drogas ilícitas, el de armas y el del contrabando, ayudados por las numerosas cuencas hídricas que facilitan el transporte.

● La debilidad institucional facilita la cooptación de servidores públicos y la infiltración del Estado local, lo cual a su vez permite el transporte de drogas ilegales, la depredación de rentas y el despojo de tierras.

● La pobreza y la exclusión social permiten que los grupos armados recluten colaboradores en todas las zonas del municipio.

● Esos grupos armados también se benefician de las actividades económicas legales, con el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros artesanales y ciudadanos corrientes a quienes ofrecen sus “servicios de seguridad”.

La situación de seguridad se complica debido a la conexión entre grupos armados del conflicto y grupos de criminalidad organizada para apropiarse de rentas derivadas del narcotráfico, de la extracción de recursos naturales (en especial los mineros) y de la extorsión a sectores formales e informales de la economía. Esta presencia de diversos grupos ha dado pie a un aumento de la violencia y de la crueldad en su ejercicio.

La confrontación entre ‘Los Rastrojos’, grupo surgido tras la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, cuya filial en el puerto es ‘La Empresa’, y ‘Los Urabeños’ en los barrios de bajamar y en la zona periférica de la zona continental de Buenaventura, ha producido un sinnúmero de daños para la población civil, entre los cuales se cuentan las desapariciones forzadas, los descuartizamientos (técnica de ocultamiento de la violencia homicida), las torturas y el desplazamiento intraurbano. Y esta confrontación se agrava debido a alianzas tácticas, especialmente entre ‘Los Rastrojos’ y las FARC para contrarrestar el avance de ‘Los Urabeños’ en el municipio.

Buenaventura es un municipio de contrastes: cuenta con condiciones favorables para su desarrollo, pero la calidad de vida de sus habitantes sigue estando entre las más atrasadas del país.
Para completar el panorama, Buenaventura cuenta con un amplio número de efectivos de la Fuerza Pública. En este momento, son dos batallones de la Armada y mil policías los encargados de la seguridad. A pesar de esto, la estrategia policiva y militar no ha logrado contener, mucho menos deshacer, a los grupos armados.

Este fracaso se explica, especialmente, porque los destacamentos de la Fuerza Pública se concentran en el problema del narcotráfico (interdicción de drogas ilícitas), mientras que la seguridad ciudadana (la protección de los ciudadanos), se encuentra relegada. Además, existen fallas en la judicialización de los integrantes de estos grupos y muy poca confianza en las autoridades judiciales: los habitantes suelen afirmar que tardan más en denunciar que en recibir una amenaza por hacer esa denuncia. Todo en medio de las acusaciones sobre corrupción en la Fuerza Pública y entre las autoridades judiciales.

Rutas de acción

La gravedad de la situación contrasta con la precariedad de los remedios que se están proponiendo. Estos van desde el típico aumento del pie de fuerza o militarización del puerto, hasta los descabellados como la destrucción de las ‘casas de pique’.

Más sensato sería más pensar en rutas de acción tanto a corto como a mediano y largo plazo.

La gravedad de la situación contrasta con la precariedad de los remedios que se están proponiendo. ​
En el corto y mediano plazo, es necesario fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana con un enfoque en la protección de la ciudanía. Para esto es preciso aumentar el pie de fuerza de la Policía y el patrullaje en las zonas vulnerables, además de reforzar y controlar la judicialización de los integrantes de grupos armados. Sin embargo, estas estrategias no serán efectivas sin medidas reales de lucha contra la corrupción que merezcan la confianza de la ciudadanía.

En el largo plazo, se necesitan por supuesto estrategias que mejoren la calidad de vida de la población. Entre ellas se encuentran el aumento de acceso a los servicios públicos domiciliarios, a la salud, la educación y el empleo aprovechando las potencialidades en la explotación de recursos naturales y en actividades portuarias. Además, se deben formalizar y asegurar los derechos de propiedad sobre la tierra.

Sólo con políticas coherentes Buenaventura podrá salir del atolladero. Este es el momento ideal para darse la vuelta: realizar una intervención integral en el puerto y promover un desarrollo incluyente que pase de ser de espaldas a la ciudadanía a promover el bienestar de todos los ciudadanos.

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