Bacrim en conflicto: buena propuesta ¿Bien intencionada?

Ayer, el expresidente Uribe, en un extraño viraje a su discurso, propuso incluir a las Bandas Criminales como grupos armados del conflicto..
Esta propuesta es acertada dada la magnitud del ejercicio de la violencia de estos grupos, sin embargo deja muchas inquietudes en el aire en temas operacionales y en temas políticos.
En cuanto a los temas operacionales, en efecto, es necesario que se conciban a ciertos grupos catalogados como Bacrim dentro de los grupos armados del conflicto. Su estructura, el nivel de violencia y el control de la población y del territorio que ejercen, hacen necesaria una intervención militar -ligera y de inteligencia-, como complemento a una estrategia integral -con la policía y con la fiscalía- para contener y combatir a estas organizaciones. El neoparamilitarismo es un problema que supera la criminalidad organizada en tanto reta la soberanía estatal. Esto se ha evidenciado particularmente en algunas regiones del país en donde, al igual que los anteriores paramilitares, estos grupos prestan servicios de seguridad y justicia.

Sin embargo, incluir a todas las bandas criminales como grupos armados de conflicto puede ser peligroso. Para poder incluir a los grupos surgidos tras la desmovilización paramilitar, o Neoparamilitares como los denominan algunos, es necesario conceptualizar dichos grupos en aras de diferenciarlos. En tal sentido, incluir a cualquier banda criminal (desde los ciudadanos de a pie que se unen para cometer actos delictivos como robar teléfonos celulares o apartamentos, hasta los grupos de criminalidad organizada, que cuentan con la capacidad para generar órdenes sociales particulares en las regiones donde tienen influencia) en el espectro de acción del ejército, puede llevar a varias complicaciones.
Por ejemplo, se le estaría dando la orden a las Fuerzas militares -quienes cuentan con la mayor experiencia y capacidad para enfrentar a los grupos armados ilegales- de combatir y perseguir a todo tipo de delincuentes, y no sólo a aquellos que por sus características retan la soberanía del Estado. Como consecuencia de esto, al no tener una clara diferenciación entre grupos armados y la delincuencia organizada, las acciones de las fuerzas militares podrían generar violaciones al DIH en cuanto a los principios de diferenciación y uso excesivo de la fuerza -elementos que, claro, van en contravía de lo que propone el presidente Uribe para el fuero militar-.
Es aquí donde cobra especial importancia el esfuerzo realizado por quienes se han dado a la tarea de entender y diferenciar el accionar de estos grupos. En tal sentido resultan reveladores los esfuerzo realizados por la CNRR, CERAC, CNAI, entre otros.
Respecto a las inquietudes en términos políticos, lo que más sorprende de la propuesta en mención, es que quién la realiza defendió a ultranza su carácter de criminales. Durante el gobierno del Presidente Uribe, estos grupos armados fueron catalogados como Bandas Criminales o Bacrim con el único propósito de desvincular a estos nuevos grupos de sus antecesores y desligarlos, al mismo tiempo, del conflicto armado interno. Pues ahora bien, en la coyuntura actual en la que la mayoría de críticas a su sucesor están dadas por el tema de seguridad, se entiende la lógica en este cambio de apreciación.
Sin embargo, cabe notar que desde el inicio del actual gobierno, el fenómeno de las BACRIM fue considerado como el principal reto para la seguridad, lo que se tradujo en el planteamiento de una serie de medidas (D6 y CI2-Bacrim), con las que se ha buscado combatir este fenómeno, logrando con éxito la captura o muerte de algunos de los líderes, pero sin implicaciones reales sobre la estructura de los grupos neoparamilitares.

Por lo anterior, consideramos pertinente el enfoque militar para combatir a los grupos neoparamilitares. Aunque, para evitar riesgos, es necesario entenderlos como un fenómeno diferenciado que escapa a la criminalidad organizada, ya que gracias a su capacidad de organización y de adaptación están retando el control territorial del Estado en varias regiones del país superando los actuales esfuerzos para combatirlos.
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